Su condena fue posible porque la SIP pidió a la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría, apelar una sentencia absolutoria que le había dictado un juez penal de Valledupar.

Eso ocurrió hace cinco años, cuando la investigación inició otra etapa, esta vez para identificar a los autores intelectuales, quienes aún no han sido castigados.

Entre 2003 y 2006, la Fiscalía informó que se realizaron nuevas pruebas y que un grupo de fiscales se desplazó a la capital del Cesar para recaudar información. En agosto de 2007, un fiscal de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía dijo que estaba investigando la presunta participación del grupo paramilitar Los Chamizos.