Rivera Fernández trabajaba también con el congresista Víctor Valdez (sobrino del alcalde) en el tema de la adjudicación de tierras para los pobladores de los asentamientos humanos que circundan la ciudad de Pucallpa. Era tenaz crítico del programa de reversión de tierras propuesto por el alcalde de Pucallpa Luis Valdez.

El alcalde de Pucallpa denunció en enero del 2004 a Rivera Fernández por su participación en una movilización de protesta contra la autoridad edil que se tornó violenta y resultó en el incendio parcial del municipio provincial.

El 31 de mayo, el jefe de la División de Investigación Criminal de la VI DITERPOL, con sede en Pucallpa, anunció que el crimen del periodista habría tenido móviles pasionales. Esto a raíz de la confesión de Erwin Pinedo, capturado por la policía el 26 de mayo, luego de que testigos lo identificaron como el chofer de la moto taxi que transportó a los asesinos al lugar del crimen.

El 28 de mayo, Samuel Gonzáles Pinedo se entregó a la policía de Pucallpa declarando ser el actor intelectual del crimen del periodista. Gonzáles Pinedo reveló que contrató a su primo Erwin para que contactara a su vez a Ángel Mendoza Casanova “Gatillo” y a un sujeto conocido como “Chino” para amedrentar a Rivera, alegando que el periodista estaba involucrado con la compañera sentimental de Pinedo.

Reveló además que fue abordado por cuatro periodistas, quienes habrían sido a su vez contactados por Zoilo Ramírez Garay, gerente municipal de Coronel Portillo. Los identificó como Martín Flores Vázquez, director del programa radial “La Noticia” en radio Súper y jefe de Imagen de la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado; Roy Gavino Culqui Saurino, reportero del Departamento de Imagen del municipio y corresponsal de Canal 4 en Pucallpa; Douglas Torres, corresponsal de ATV y Lino Campos García, director de Imagen Institucional del Municipio Provincial de Coronel Portillo.
La hipótesis del crimen pasional quedó descartada el 3 de junio cuando por mandato judicial del Primer Juzgado Penal de Coronel Portillo, la policía capturó en la municipalidad de Coronel Portillo al periodista Roy Gavino Culqui Saurino, quien fue trasladado al Penal de Máxima Seguridad de Pucallpa. La policía también capturó al periodista Martín Flores Vázquez, quien fue trasladado al hospital de ESSALUD por estar convaleciente de una operación.

De acuerdo a Rubén Zerna, abogado de la Patricia Rivera, hija del periodista asesinado, durante una declaración ante el juez el 7 de julio, Samuel Gonzáles Pinedo, (inicialmente el supuesto autor intelectual que se acogió a la confesión sincera) reveló que su primera versión sobre el móvil del crimen pasional era falsa. Aseveró que las personas que lo contactaron para que buscara a dos pistoleros y golpearan a Rivera Fernández, fueron los periodistas Flores Vásquez y Culqui. Detalló que Flores Vásquez le dio las instrucciones y el dinero para llevar a cabo el trabajo.

Cuando se tenía prevista la confrontación entre Flores Vásquez y Gonzáles Pinedo, el periodista solicitó una ampliación que le fue otorgada y alegó que “no había dicho toda la verdad”. Durante las confrontaciones entre el periodista Culqui y el moto taxista que presenció el crimen, Edwin Pérez Pinedo y posteriormente el careo entre Flores y Culquis, fueron evidentes las contradicciones de este último con relación al crimen.

El asesinato del periodista Rivera Fernández expuso la difícil relación que existe entre los periodistas de la zona, los que con relación a este caso están divididos en dos facciones.

El primer grupo está conformado por los periodistas Paul Garay, director del Semanario del Pueblo; Eduardo Cenepo, presidente del Centro Federado de Periodistas de Ucayali e Ilter Paredes, secretario del Centro Federado de Periodistas y periodista de Radio Sistemas, quienes denunciaron el crimen y sindican al alcalde Luis Valdez como posible autor intelectual de la muerte de Rivera Fernández, un acérrimo opositor del alcalde, a quien acusaba de estar relacionado con el tráfico de drogas y tierras, así como de la tala ilegal madera.

Garay, Cenepa y Paredes, señalados por el alcalde por su participación en la violenta manifestación del 13 de enero, han recopilado denuncias e información periodística sobre presuntos actos de corrupción y confabulación del alcalde, las autoridades regionales, policiales y del Ministerio Público, en estas actividades ilegales.

El segundo grupo de periodistas abarca a numerosos representantes de la prensa de Pucallpa. Durante una reunión con unos 15 periodistas, patrocinada por el teniente alcalde del municipio de Coronel Portillo y periodista Jorge Ulises Saldaña Bardales, se desprendió que pese a que criticaron duramente el estilo periodístico de Rivera Fernández por las acusaciones difamatorias contra el alcalde, lamentaron su asesinato; se mostraron preocupados porque al cambiar el móvil del crimen de pasional a político, el detenido Samuel Gonzáles Pinedo implicó en el crimen a otros tres colegas.

Los periodistas, que en su mayoría defendieron al alcalde de las acusaciones sobre presuntos vínculos con narcotraficantes, también rechazaron supuestos comentarios del juez Ortiz quien habría advertido que existirían otros periodistas bajo investigación según las declaraciones de Gonzáles Pinedo y afirmaron que mientras no se determine la identidad de los autores intelectuales del crimen, se sentían amenazados puesto que lo interpretaban como un mensaje de amedrentamiento contra la prensa en general.

De acuerdo al Defensor del Pueblo de Ucayali, Antonio Pardo Figueroa y a la Comisionada de Derechos Humanos de la defensoría del Pueblo, Margot Quispe Anaya, el asesinato de Rivera Fernández, es sumamente complejo porque están involucrados algunos miembros de la prensa, lo que lo convierte en un caso atípico.

En una visita al Penal de Máxima Seguridad de Pucallpa, representantes de la SIP y del Consejo de la Prensa Peruana, se entrevistaron con Roy Culqui, quien informó que dada su labor periodística y en resguardo de su seguridad estaba recluido en un pabellón de alta seguridad, aislado de los reos comunes, donde recibía un buen trato de parte de las autoridades penitenciarias. Sostuvo su inocencia alegando haber conocido a Rivera y afirmó desconocer posibles móviles del crimen. Aun cuando reconoció que confiaba en la labor de la justicia, se quejó de la manera intempestiva con la que la policía judicial lo detuvo en su centro de trabajo. Asimismo, rechazó que el juez haya determinado su detención, únicamente basándose en las declaraciones de un delincuente y, abatido, se quejó por las repercusiones de su detención sobre su vida familiar.