Se trata, en definitiva, de la confirmación del fallo por el cual han ido a prisión en febrero de 2000. Entre ellos está el jefe de la seguridad personal del empresario postal Alfredo Yabrán, blanco de la foto polémica de Cabezas por la cual se habría producido el crimen (publicada en la portada de la revista Noticias, de Buenos Aires) y, posteriormente, víctima del suicidio, el 20 de mayo de 1998, tras permanecer 15 días en la clandestinidad.

Entre los ocho imputados, tres eran policías y cuatro pertenecían a una banda de delincuentes llamada Los horneros. Sus abogados, precisamente, presentaron recursos ante de la Sala I de la Cámara de Casación por las demoras injustificadas en emitir la correspondiente resolución: tres años. El plazo que establece la ley para que los tres miembros de ese cuerpo dicten las sentencias.
En caso de ser acogidos por la Cámara de Dolores, los recursos promoverían la suspensión de la detención de tres de los miembros de la banda, José Luis Auge, Horacio Braga y Sergio González. El argumento, convincente para la fuente judicial, es que pasaron demasiado tiempo en prisión sin sentencias firmes.

Esto se debió, en principio, a desinteligencias sobre los alcances y las atribuciones de los tribunales de casación, creados poco antes del fallo del caso Cabezas. En el ínterin, con el actual presidente de la República, Eduardo Duhalde, como gobernador de la provincia de Buenos Aires, hubo desatinos, según la fuente, en las diligencias que condujeron al juicio de Cabezas. Sobre todo, dijo, por haberse indagado más sobre los autores materiales que sobre los autores intelectuales.

Muerto Yabrán, de vínculos estrechos con el ex presidente Carlos Menem, las investigaciones recayeron en pericias y en interrogatorios sobre el hecho en sí: el asesinato a sangre fría de Cabezas, el 25 de enero de 1997, a su regreso de una fiesta realizada en la residencia de verano del empresario postal Oscar Andreani, en la localidad balnearia de Pinamar, provincia de Buenos Aires, a unos 340 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires.

Lo esperaron, lo condujeron a un descampado, lo ejecutaron, lo rociaron con combustible y lo quemaron. Premeditado todo, cual operación comando, por razones que, en principio, iban más allá de la presunta vendetta por la foto publicada un año antes, mientras Yabrán salía del mar con su mujer, en medio de una pelea descarnada de poderes entre Menem y Duhalde. Aumentada, entonces, por las denuncias sobre la existencia de mafias en el gobierno nacional proferidas por el ex ministro Domingo Cavallo en el Congreso.

De la Sala I de la Cámara de Casación dependen ahora las sentencias definitivas de los presuntos responsables, pero, hasta tanto sea efectiva, la Cámara de Dolores podría dar lugar a los recursos por tres de los ocho detenidos o por todos ellos y, de ese modo, podrían recuperar la libertad, en los plazos fijados por el código procesal, mientras las ideas y venidas del caso han sido tildadas por la fuente judicial de desprolijas.