La Fiscalía considera que hay suficientes pruebas en contra del jefe de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Carlos Castaño, como autor intelectual y contra Juan Pablo Ortiz Agudelo, alías Bochas, como autor material y que las versiones que señalaban a los militares fueron descartadas por falta de pruebas.

La familia de Garzón a través del Comité José Alvear presentó una demanda al Estado Colombiano por no haberle dado suficiente protección a Jaime Garzón durante sus gestiones para liberar a los secuestrados y por la presunta participación de miembros de la fuerza pública en el asesinato.

Por su parte, la Comisión Colombiana de Juristas prepara una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

La Investigación realizada por la SIP encontró que, en efecto, la Fiscalía descartó sin mayor esfuerzo investigativo las versiones que involucran a militares en el asesinato, como se lee a continuación.

Jaime Garzón fue asesinado en la madrugada del 13 de agosto de 1999 cuando se dirigía a su trabajo en la emisora Radionet, en plena calle de Bogotá, a pocos cuadras de una estación de Policía. Iba conduciendo una camioneta Jeep Cherokee, cuando dos sicarios a bordo de una moto blanca con la placa tapada lo ultimaron a tiros.

Garzón tenía 39 años, se había criado en La Perseverancia, un barrio tradicional de Bogotá y había estudiado derecho en la Universidad Nacional y Ciencias Políticas en la Universidad Javeriana. También cursó estudios de Física y Matemática. A los 18 años se incorporó al Frente José Solano Sepúlveda de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Nunca participó en acciones militares. Duró solo cuatro meses vinculado a la subversión.

Poco después de su regreso a Bogotá fue nombrado alcalde menor de la localidad del Sumapaz por el entonces alcalde de Bogotá, Andrés Pastrana, quien lo destituyó tiempo más tarde porque habría permitido la instalación de un prostíbulo en la zona. Al cabo de algún tiempo se comprobó que no fue cierto y se reconoció que durante su gestión se construyó un centro de salud, una escuela y la única calle de Sumapaz.

Con el programa de televisión Zoociedad, Garzón impuso el humor político en el periodismo. Desde Quac, otro de sus programas, utilizó la imagen de sus colegas periodistas para presentar las noticias de la Colombia que él veía desde su irreverencia. Entre sus personajes más reconocidos están el de Godofredo Cínico Caspa, una especie de tinterillo (conocedor de las leyes sin ser abogado) bogotano, derechista e intolerable y el de Heriberto de la Calle, un embolador (lustrador de zapatos) que pretendía ser la conciencia crítica del país.

También caracterizó a Dioselina Tibaná, la imprudente cocinera de Palacio de Nariño durante la administración del ex presidente Ernesto Samper (1994-1998) y al portero del Edificio Colombia, Néstor Elí, vocero oficial del mismo gobierno y de los enemigos del proceso por la financiación de la campaña “Samper Presidente” por parte del narcotráfico. Cada mañana, durante el último año de su vida, analizó la política colombiana desde la emisora Radionet, dirigida por el periodista Yamit Amat.

Garzón, con el apoyo del Zar Antisecuestros de la época, Fernando Brito, inició un trabajo de mediación para la liberación de un grupo de secuestrados por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en marzo de 1998, acción liderada por un comandante conocido como Romaña, y se vinculó como asesor de “acercamiento” con la insurgencia para la Gobernación del departamento de Cundinamarca.

Del tema de la mediación terminó involucrado en la búsqueda de la paz con otros personajes de la vida nacional. Hizo contacto con la dirigencia de la guerrilla del ELN y luego con las FARC. Meses antes de su asesinato, en casa de su compañera de vida, Gloria Hernández, a quienes todos conocían como la Tuti, sentó a su mesa a personajes de la vida nacional, ex presidentes, periodistas y empresarios para hablar de la necesidad de una salida negociada al conflicto armado.

Incluso, semanas antes de su muerte, logró convocar a un grupo de personalidades del mundo político, los medios, la academia y la empresa privada para firmar una carta dirigida al Gobierno y a la comandancia del ELN con el objeto de buscar la liberación de los secuestrados y destrabar el proceso de paz con ese grupo guerrillero. El proceso estaba suspendido por la grave situación de orden público que se generó luego del secuestro masivo de unos feligreses en una iglesia en la ciudad de Cali.

“Garzón se había convertido en el paño de lágrimas de los familiares de los secuestrados. Lo iban a buscar a su casa, a su trabajo, para pedirle que mediara, y eso hacía él, mediar en favor de los secuestrados”, dijo a la SIP, el congresista Antonio Navarro Wolf.

Garzón había ayudado a liberar a dos ornitólogos norteamericanos, a un japonés, a un ciudadano israelí, al italiano Vito Candela y a un ex alcalde de Soacha, entre otros.

Navarro no alcanzó a hablar con Garzón antes del asesinato a pesar de que el periodista lo estuvo buscando para comentarle algo urgente. “Eramos vecinos. Vivíamos en el mismo edificio. Me dijo que tenía algo muy importante que decirme pero lo mataron antes de que nos reuniéramos”.

Algunos periodistas difundieron para esa época la versión de que Garzón no realizaba gestiones desinteresadas y que obtenía beneficios económicos de las liberaciones de los secuestrados, lo que hizo que los sectores de la derecha lo estigmatizaran como diplomático de la guerrilla. Castaño, líder de las AUC, lo declaró objetivo militar y los militares no lo veían con buenos ojos. Para muchos el hecho de que Garzón ayudara en la liberación de los secuestrados, era una forma de promover los secuestros.

Según Navarro, los militares pensaban que Garzón se había convertido en el Alvaro Leyva del ELN, ya que como el ex ministro Leyva, Garzón tenía contactos regulares con la guerrilla de las FARC, además de su comunicación con el ELN.

“Recuerdo incluso que Garzón le advirtió alguna vez a un militar que no se metieran con él porque tenía cosas que denunciar y no dudaría en hacerlo”, dijo Navarro. Según pudo averiguar la SIP, Garzón habría descubierto que algunos miembros de la Brigada XIII en Bogotá vendían armas e incluso personas secuestradas a la guerrilla de las FARC.

En una oportunidad durante una cena en casa del ex ministro de Defensa, Rafael Pardo Rueda, Garzón aprovechó para hablar con el ministro de Defensa, Rodrigo Lloreda, a quien le pidió la intervención para hablar con los militares con el objeto de aclararles en qué consistía su trabajo, ya que el general Jorge Enrique Mora Rangel no lo quería recibir. Pardo Rueda le confirmó a la SIP que esa conversación no tuvo consecuencias.

Ese era Jaime Garzón. Un hombre que vivía por el periodismo y por lo que pudiera hacer por Colombia. Estaba al tanto de todos los temas del acontecer nacional. Muestra de ello son los documentos que se encontraron en el carro que manejaba Garzón al momento de su asesinato: una carta del congresista del reinsertado movimiento guerrillero M-19 Antonio Navarro Wolf para el Nobel de Literatura colombiano, Gabriel García Márquez, en la que le pedía se uniera a las firmas de quienes pedían la paz con el ELN; el libro sobre el narcotráfico “Los jinetes de la cocaína”; un documento sobre el presidente venezolano Hugo Chávez y su presunta relación con la guerrilla de las FARC; otro sobre los narcotraficantes Chepe Santacruz y Pablo Escobar; un fax proveniente de Villavicencio y cuyo remitente era el comandante de la guerrilla de las FARC, Romaña y otra documentación sobre los grupos paramilitares.

El mismo día de su asesinato Castaño fue señalado como el autor intelectual del homicidio. Pero el propio líder de los paramilitares negó su participación. Pocos días después surgió la hipótesis de que pudieron ser las FARC aprovechando la amenaza que le habían hecho los paramilitares a Garzón, para minar su imagen. Tampoco se descartó que sectores de ultraderecha del Ejército, molestos con el protagonismo ganado por su mediación con los grupos guerrilleros, hubieran cometido el crimen.

La primera versión que señalaba a los militares surgió porque un preso Sergio Alexander Sierra, que dijo que hacía parte de un llamado Clan Herrera, liderado por los narcotraficantes del Valle del Cauca, declaró a la Fiscalía que dos generales de la Fuerza Pública, un ex senador y Castaño, lo habían contactado en prisión para que organizara el asesinato de Garzón y que le pagaron 200 millones de pesos. Pero la Fiscalía encontró que la versión de Sierra era falsa porque se comprobó que nunca recibió la visita de ningún general en la cárcel, que no era como él decía un hombre adinerado, que tampoco hacía parte del Clan Herrera y que lo que perseguía era un traslado a los pabellones de máxima seguridad donde están recluidos los narcotraficantes para poder trabajar para ellos, o para acceder a los beneficios de colaboración eficaz con la justicia.

Una segunda versión provino de una fuente que solicitó el anonimato y a la que un informante del Ejército le habría revelado su participación en el asesinato de Jaime Garzón por órdenes de un militar de la Brigada XIII.

Los investigadores descartaron las hipótesis que señalaban a las FARC y a los militares como autores del homicidio porque la gran mayoría de las versiones provenía de testigos o declaraciones falsas. Fue entonces cuando enfocaron su esfuerzo en la versión de que Castaño había mandado a matar a Jaime Garzón porque lo consideraba un auxiliador de la guerrilla.

El abogado de la parte civil Alirio Uribe, de la organización no gubernamental, Colectivo de Abogados, no comparte el hecho de que se haya descartado la hipótesis que vincula a algunos militares al homicidio y ha solicitado a la Fiscalía que se practique una serie de nuevas pruebas como por ejemplo llamar a declarar al comandante de las Fuerzas Militares, general Jorge Enrique Mora Rangel, con quien según varios testimonios, Jaime Garzón tenía serias diferencias y quien le habría negado al periodista una cita para hablar.

Asimismo, Uribe solicitó a la Fiscalía que se investigue por qué llegaron tantos testigos falsos a declarar en el caso y que incluso se les abra investigación penal por falso testimonio, con el fin de descubrir si se trató de un montaje para proteger la identidad de los verdaderos asesinos. También pidió investigar el papel que jugó el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) en las versiones iniciales, debido a que por lo menos dos de los testigos eran informantes del DAS.

Luz Marina Monzón, de la Comisión Colombiana de Juristas, comparte la opinión de Uribe en el sentido de que la Fiscalía se comprometió sólo con la hipótesis de que el asesinato había sido ordenado por Castaño y cometido por Juan Pablo Ortiz Agudelo, alías Bochas, dejando de lado elementos de juicio que deben ser explorados para determinar si en la autoría intelectual están involucrados los militares.

Esos elementos de juicio a los que se refiere la abogada Monzón consisten en la información que recibió, pocos días después del asesinato, una fuente que pidió reserva de su nombre, de parte de José Robinson Ramírez Peña, alías El Chulo, un informante del Ejército.

Según la fuente, El Chulo le dijo que él había participado en el asesinato de Garzón: “Yo iba en una de las motos. En una moto iba el que disparó con otro. En otra moto estaba yo con otra persona y en una camioneta estaba un oficial y un cabo del Ejército”.

El Chulo se comunicó para que le ayudaran a entregarse a las autoridades, para lo cual pidió la presencia de una organización no gubernamental, un funcionario de la Procuraduría y otro de la Defensoría del Pueblo. Ofreció para entregarse un video y documentos que confirmaban su versión. Dijo que el asesinato se había realizado por órdenes del coronel Edgar Plazas, a quien llamaban Don Diego y quien estaría pagándole un favor a Castaño.

Plazas, según la declaración de El Chulo, estaba agradecido con los paramilitares porque éstos le habían ayudado a sacar a la guerrilla de la Gabarra, en el departamento de Norte de Santander.

“Para su entrega, El Chulo nos dijo que un señor Rodrigo Salek, ex escolta del general en retiro, Harold Bedoya, nos contactaría. Y así se fue, pero la entrega de El Chulo no se dio a pesar de que hicimos todo lo posible, porque la Fiscalía cometió muchos errores”, reveló la fuente.

En la actualidad, el coronel Edgar Plazas, está preso por la muerte del industrial Benjamín Koudari y se le investiga por la supuesta venta de armas a las FARC por parte del Ejército. El Chulo fue capturado en Ciudad Bolívar por otros delitos y nunca ha sido llamado a declarar.

Pero la información que señala una posible autoría del Ejército no se detiene allí. Otro informante dijo que por órdenes de un militar de apellido Correa Copolla persiguió a un sospechoso del asesinato de Jaime Garzón en el Huila. En la persecución resultó herido y una vez trasladado al Hospital Militar pidió hablar con un fiscal para confesar que un militar estaba vinculado al crimen de Garzón.

Para la fecha de los hechos, el mayor Correa Copolla estaba en el municipio de Pitalito, Huila. El mayor declaró ante la Fiscalía que él había ordenado el operativo en el que participó el informante por una llamada anónima y advirtió que él no tenía nada que ver con el homicidio de Garzón. Lo extraño del incidente es que durante ese operativo fue incautada un arma que nunca apareció.

No obstante, el fiscal que ha investigado el caso, Eduardo Mesa, advirtió que todas las hipótesis que señalaban a los militares fueron descartadas frente al acerbo probatorio reunido en contra de otro autor material e intelectual. “Las hipótesis que señalaban a los militares no tenían sustento. Eran puras conjeturas”, dijo Mesa, mientras que advirtió que las pruebas contra Castaño sí tienen soporte.

El soporte, según la investigación, consiste en que:

1. una senadora, Piedad Córdoba, quien estuvo secuestrada por los paramilitares, dijo al ser liberada que Castaño había declarado objetivo militar a Garzón;

2. Gloria Cecilia Hernández, compañera de vida de Garzón declaró que Garzón buscó en la cárcel modelo de Bogotá un contacto para comunicarse con Castaño y que un paramilitar recientemente asesinado, Angel Gaitán Mahecha, le facilitó un teléfono celular o satelital para hablar con Castaño;

3. en esa supuesta conversación, Castaño habría tratado con toda serie de improperios a Garzón acusándolo de auxiliar a la guerrilla pero habría aceptado reunirse el sábado 14 de agosto, para lo que Garzón alquiló un avión que lo llevaría hasta la ciudad de Montería. Garzón fue asesinado un día antes;

4. Garzón le dijo a todos sus colegas y amigos que Castaño lo iba a matar;

5. la primera semana de diciembre del 2000 debido a una confrontación con Castaño, seis miembros de la Banda la Terraza confesaron ser los autores (por orden de Castaño) de varios crímenes de activistas de derechos humanos, entre ellos el de Garzón.

Según el testimonio de uno de los miembros de la Banda la Terraza, Castaño lo mandó a matar con el argumento de que el Ejército investigaba a Garzón por tener supuesto nexos con la guerrilla, porque estaría involucrado en unos secuestros y se estaba ganando un dinero. Castaño les habría ofrecido una ruta del narcotráfico exclusiva y 39 millones de pesos. Dijeron además que, posiblemente, y debido a que Garzón estaba tratando de contactar a Castaño, a ellos no les alcanzaron a dar la orden de suspender el asesinato al no tener un teléfono.

Los abogados de la parte civil, sin embargo, dicen que esas pruebas presentan una dificultad para comprobar su veracidad y es el hecho de que primero, Gaitán Mahecha negó a la Fiscalía que Garzón, durante su visita a la cárcel, hubiera hablado por teléfono con Castaño. En cambio dijo que Garzón había ido a la cárcel a entrevistarse con el narcotraficante John Jairo Velásquez Vásquez, alías Popeye, el secuestrador de Andrés Pastrana a manos del cartel de Medellín en 1988, con el propósito de escribir un libro sobre el tema.

Velásquez Vásquez confirmó lo dicho por Mahecha y reconoció que Garzón le había expresado la necesidad de contactar al jefe paramilitar de Yacopí en el departamento de Antioquia, alías El Aguila, para aclarar unos problemas que tenía con Castaño. Los libros de registros de ingreso a la cárcel, relacionan la entrada de Garzón al penal.

Así las cosas, nunca hubo certeza de si Garzón habló o no con Castaño. Mesa explicó, sin embargo, que Gaitán Mahecha y alías Popeye pudieron negar la conversación telefónica para que no los relacionaran con Castaño.

La Fiscalía asegura, por otra parte, que un cúmulo de pruebas testimoniales, técnicas, judiciales y de reconocimiento fotográfico, condujeron a la vinculación del hoy procesado Juan Pablo Ortiz, alías Bochas, para inferirle responsabilidad penal como autor material del homicidio.

Entre esas pruebas, la Fiscalía expone que:

1. Bochas resultó ser ni más ni menos que un sicario de la Banda de la Terraza, al servicio de Castaño. La Banda de la Terraza es una red de sicarios de Medellín que según estimativos de las autoridades, tiene reclutados a cerca de 3.000 asesinos;

2. para llegar a la vinculación de Bochas, fue vital la comparecencia de la testigo del asesinato, María Amparo Arroyabe Mantilla, quien aportó información el mismo día de los hechos, ayudó a realizar un retrato hablado del homicida y el 19 de octubre de 1999, hizo su reconocimiento en fila ante las autoridades;

3. otros dos testigos, Wilson Ramírez (informante del DAS) y Maribel Jiménez Montoya confesaron a la Fiscalía Especializada de Medellín en esos mismos días, que Bochas y otro joven llamado Toño, los habían obligado a guardar y a entregar una pistola y un revólver y hablaban de un viaje a Bogotá. Ramírez aseguró que los dos sujetos trabajaban para un extinto miembro de la Banda la Terraza, vinculados a los asesinatos de los investigadores de derechos humanos del CINEP, Elsa Alvarado y Mario Calderón;

4. Maribel Jiménez confirmó que el 10 de agosto recibieron las armas y que fueron recogidas el 12, un día antes del asesinato, por Bochas y Toño, a bordo de una moto, vestidos con ropa de clima frío y haciendo alusión a un trabajo que harían en Bogotá. Dijo además que el 14 ó 15 de agosto ellos mismos estuvieron en su casa, contando una apreciable suma de dinero y haciendo referencia tácita al mueco, una característica del personaje del embolador de Jaime Garzón;

Como en el caso de Castaño, las pruebas contra Bochas como autor material también presentan debilidades probatorias, según Alirio Uribe, abogado del Colectivo de Abogados. Uribe advirtió el hecho de que Bochas trabajara para la Banda de la Terraza no implica que haya sido contratado por Castaño especialmente, toda vez que los varios miembros de esa banda confesaron en un noticiero de televisión de Medellín que también hacían trabajos sucios para el Ejército, la Policía y la mafia.

La abogada del presunto autor material, Luz Dary Charry, le dijo a la SIP que fundamenta la defensa de Bochas “en el hecho de que el día del homicidio, según testimonios de los usuarios de un parqueadero, él estaba en Medellín y no en Bogotá; además porque la testigo Amparo Arroyabe, quien dijo ver a Bochas disparar, no podía por su edad (45 años) y por la distancia, desde el quinto piso, en donde se encontraba, describir la cara o las características del homicida y, por último, porque el testimonio de otra persona, Maribel Jiménez Montoya, es falso, ya que lo que pretendía al declarar contra Bochas, era sacarlo del barrio en donde ambos vivían para la época, para implantar allí, a las milicias urbanas de las FARC, con las que Bochas no compaginaba”.

La Fiscalía sin embargo se ratificó en los resultados de su hipótesis y explicó que cuatro días después del asesinato, un profesor del departamento de Sucre, quien regularmente dicta clases en tres islas del caribe colombiano (San Bernardo del Viento, La Múcura y el Islote) vio a Bochas hablar por un celular desde el Islote con alguien a quien le dijo: “Estoy por acá descansando luego de callar al jocoso. Hablamos en estos días frente al Tequendama (un hotel de Bogotá) para otros trabajos”.

El profesor puso la denuncia ante la policía. Y en enero del 2000 cuando los noticieros de televisión mostraron a Bochas, el maestro lo identificó frente a las autoridades y recordó que lo había visto también en el mes de septiembre de 1999 practicando deportes náuticos en la Múcura con otros seis jóvenes. Una comisión de la Unidad de Derechos Humanos viajó a las islas y encontró una construcción avalada en tres millones de dólares de propiedad de narcotraficantes de Medellín. Según la Fiscalía ello demostraría la conexión del líder paramilitar con los sicarios de la Banda de la Terraza a través de la mafia.

El 11 de enero del 2000, se decretó la apertura de instrucción y se dispuso escuchar en indagatoria a Ortiz Agudelo, Bochas. Siete días después se le impuso medida de aseguramiento por el delito de homicidio agravado como presunto autor material. Bochas se encuentra privado de la libertad por cuenta de una Fiscalía especializada de Medellín dentro de un proceso que se adelanta en contra de los miembros de la Banda del Barrio San Javier El Socorro, que dependen jerárquicamente de la Banda de la Terraza.

El 24 de abril del 2000 se vinculó a Castaño y el 29 de junio del mismo año se le impuso medida de aseguramiento de detención preventiva como presunto infractor de homicidio agravado.

El 27 de septiembre del 2001, la Fiscalía capturó a Edilberto Antonio Sierra, alías Toño, quien habría manejado la moto en la que Bochas disparó contra Garzón.

De esta manera, la etapa investigativa está a punto de ser calificada y los sindicados serán objeto de la decisión de un juez. Pero los abogados de la parte civil temen que este caso se convierta en una forma de impunidad si Bochas, Toño y Castaño no son los verdaderos culpables o por lo menos no los únicos.

El 11 de agosto del 2001, la parte civil impuso una demanda contra el Estado bajo tres argumentos. Primero, el hecho de que las autoridades colombianas -especialmente la Presidencia de la República y la gobernación de Cundinamarca- hayan colocado en situación de riesgo a Garzón autorizándole su trabajo como mediador en la liberación de secuestrados. Segundo, porque el Estado conociendo la situación de riesgo en que se encontraba, no le generó las condiciones de seguridad que requería y tercero, por la eventual acción de miembros de la Fuerza Pública en el asesinato.

La Comisión Colombiana de Juristas por su parte, prepara una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que la Fiscalía explore otros elementos de juicio para determinar si en la autoría intelectual están involucrados los militares.