Entre los crímenes más renombrados se destacan el de José Luis Cabezas,fotógrafo de la revista argentina Noticias, asesinado el 25 de enero; el de Gerardo Bedoya Borrero,director de las páginas de opiniones del diario colombiano El País, de Cali, el 21 de marzo y el del periodista mexicano, Benjamín Flores Gonz ález, director del diario La Prensa de San Luis Río Colorado, en Sonora, asesinado el 15 de julio.

Mientras tanto, a finales de julio de ese año, en Guatemala, el incidente de una periodista secuestrada y desaparecida, cobraba vida nuevamente después de 17 años de permanecer olvidado.

Se trataba de Irma Flaquer Azurdia, secuestrada el 16 de octubre de 1980, cuya suerte volvió a la noticia gracias a la motivación que había despertado la coincidencia del establecimiento de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH) de Guatemala y la realización de la Conferencia Hemisférica “Crímenes Sin Castigo Contra Periodistas”.

La controversia sobre la autoría material e intelectual del secuestro y segura ejecución de Irma Flaquer, así como del asesinato de su hijo Fernando Valle Flaquer, ganó los medios de comunicación, empujando en ella a familiares y personajes antagónicos de la vida guatemalteca.

El 22 de julio, en el Congreso Nacional, Fernando Valle Arizpe, ex esposo de Irma Flaquer, exigió a los parlamentarios que el caso debía ser esclarecido y, para ello, citó tres hipótesis que debían ser investigadas: la responsabilidad de la guerrilla; la de Donaldo Alvarez Ruiz, ministro del Interior durante la presidencia de Lucas García, y la del Ejército.

Descartan hipótesis sobre la guerrilla

Las hipótesis planteadas por Valle Arizpe fueron tomadas de la investigación realizada por la SIP, la que se dio a conocer durante la conferencia hemisférica. En esta, un juicio simbólico en el que una comisión de notables conformada por jueces, premios Nobel, dirigentes civiles y de los derechos humanos del mundo, juzgó a los asesinos de periodistas en ausencia, redactó recomendaciones para que los gobiernos combatan la impunidad, y pidió reformas legales a fin de que los crímenes contra periodistas no prescriban.

La investigación de la SIP -realizada desde 1995 hasta esa fecha y que incluyó el caso de Jorge Carpio Nicolle, periodista y político asesinado en 1993 -descartó las primeras dos hipótesis, la de la guerrilla y la de Alvarez Ruiz, concluyendo que “el Estado Mayor Presidencial, tal vez junto con el jefe de la Policía Nacional, Germán Chupina Barahona, decidieron secuestrar a Flaquer”. La investigación,publicada en el libro Crímenes Sin Castigo Contra Periodistas (SIP-1997), agrega que “Alvarez Ruiz pudo haber sabido quien era el autor intelectual del crimen, pero él no participó ni en la planificación ni en la ejecución”.

La indagación de la SIP fue luego avalada por la CEH guatemalteca, la que responsabiliza al Estado por la desaparición de Irma Flaquer. Bajo la denominación “Caso Ilustrativo No.49”, la Comisión concluye que “...participaron agentes de Estado o sujetos que contaron con su aquiescencia o tolerancia y, en todo caso, con su posterior protección y encubrimiento”.


Las declaraciones de Valle Arizpe lograron que varias personas se rasgaran las vestiduras y que ex guerrilleros hicieran una especie de informal autocrítica que no tuvo eco en ningún sector del Estado ni en funcionarios de aquella época.
“No tengo ninguna prueba, solo elementos que permiten suponer que las Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR) y Pablo Manosanto son los responsables del secuestro y posterior ejecución de la periodista Irma Flaquer”, dijo en una conferencia de prensa el ex insurgente Danilo Rodríguez, quien renunció a la agrupación guerrillera en mayo de 1991.
Rodríguez expuso que unos días antes del secuestro le hizo llegar a Irma Flaquer, a solicitud de la Dirección Nacional Ejecutiva de las FAR, la ruta que habría de seguir para abandonar el país. También ofreció explicaciones sobre que Irma Flaquer había sido ejecutada por haberse descubierto que fungía dentro de las FAR como “agente doble” o “agente del enemigo”.

Las conclusiones de la CEH,citando entrevistas posteriores con varios miembros de las FAR, “rechazan que la periodista haya sido doble agente”.

La respuesta a Rodríguez no se hizo esperar.Jorge Soto, alias Pablo Manosanto, dirigente de las desaparecidas FAR rechazó las acusaciones. “Es absolutamente falso que las FAR hayan participado, tenido conocimiento u ordenado la desaparición y asesinato de la periodista y de su hijo”. Recalcó que “este tipo de acusaciones lo único que hacen es encubrir a los verdaderos hechos y desviar la atención de los guatemaltecos, con el propósito de sumarse a la campaña de desprestigio desatada en las últimas semanas contra la URGN”.

Sin embargo, reconoció que cuando fue asesinada, Irma Flaquer trabajaba con las FAR en actividades relacionadas con la creación de una comisión de derechos humanos para Guatemala.

La responsabilidad de la insurgencia

La postura de Irma Flaquer de pertenecer a las FAR y al mismo tiempo desempeñarse como funcionaria del Estado, activista de los derechos humanos y periodista, se justifica en el contexto relatado por la CEH, que concluye que en el “período 1978-1982 se produjo entre amplios sectores de la ciudadanía una creciente movilización social y oposición política a la continuidad del orden establecido, cuyas expresiones organizadas, en algunos casos, mantuvieron relaciones de diversa índole con la insurgencia”.

En una carta enviada a los medios de comunicación (Prensa Libre ,30-07-97), Valle Arizpe dudaba sobre la responsabilidad de la guerrilla, argumentando que las FAR no tenían el suficiente poder en la Ciudad de Guatemala para hacer desaparecer valiosos documentos y el automóvil en que viajaban su ex-esposa e hijo, 20 minutos después de ocurrido el crimen. El hecho de herir a dos testigos oculares, perseguir a uno de ellos varias cuadras y darle muerte y llevar al otro (Fernando Oliva) a un hospital privado. Además del amedrentamiento telefónico por dos años a su otro hijo, Sergio, en Israel, diciéndole que su madre estaba viva,pero demente y encerrada en una c árcel clandestina. O amenazar de muerte al arzobispo de Guatemala, cardenal Mario Casariegos, para que no diera ninguna declaración pública sobre el asesinato, ni que oficiara ninguna misa u oficio religioso por la suerte de la periodista.

Valle Arizpe agregó un elemento más de sospecha sobre el Estado. Relató que un mes antes (El Gráfico ,23-07-97), Marta Altolaguirre, presidenta de la Comisión Presidencial para los Derechos Humanos, le había ofrecido asesoría legal e incluso pasajes para buscar en Estados Unidos a Alvarez Ruiz y esclarecer el caso. Pero al saber que también se sindicaba al Ejército, la oferta se esfumó.

En cuanto a que si fue Alvarez Ruiz el responsable, Valle Arizpe recordó su amistad con el personaje, desde la escuela primaria hasta que lo contrató para su empresa cuando el ex ministro se había recibido de abogado. Valle Arizpe destacó que no volvió a saber de él hasta el 14 de octubre de 1980, cuando Alvarez Ruiz lo llamó para decirle: “dile a Irma que se vaya inmediatamente del país, ya le envié nuevo pasaporte, dinero y pasaje aéreo para Managua; no quiero más excusas que posterguen su viaje. Si se queda ya no puedo hacer nada por ella. El grupo que decidió su eliminación física está totalmente fuera de mi control”.

Ante esa aseveración, Valle Arizpe comentó que le preguntó si eran los militares (Siglo Veintiuno,23-07-97), “ya que podía hablar con un amigo, pero Donaldo me respondió: ‘la decisión viene de más arriba’’’.

La hipótesis sobre el Estado Mayor Presidencial

La tercera hipótesis sobre que el Estado Mayor Presidencial (EMP), quiz á junto con la Policía Nacional, fueran los autores del hecho, queda en evidencia en los procedimientos normales de la época.

La CEH manifiesta en sus conclusiones que la violencia fue dirigida fundamental- mente desde el Estado, contra los excluidos, los pobres y, sobre todo, la población maya, así como contra los que luchaban a favor de la justicia y por una mayor igualdad social.

La Comisión agrega que durante los años del enfrentamiento armado, la incapacidad del Estado para aportar respuestas a las legítimas demandas y reivindicaciones sociales, desembocó en la conformación de una intrincada red de aparatos paralelos de represión que suplantaron la acción judicial de los tribunales, usurpando sus funciones y prerrogativas.

“Se instauró de hecho un sistema punitivo ilegal y subterráneo, orquestado y dirigido por las estructuras de inteligencia militar”, recalca el informe.

Sobre esta estructura,se expresa que “fue el eje conductor de una política de Estado que aprovechó el escenario, delimitado por el enfrentamiento armado, para controlar a la población, a la sociedad, al Estado y al propio Ejército”, cuyo propósito era “...garantizar el secreto de un trabajo para que no se pudiera determinar la autoría intelectual y material de los hechos, exculpar de toda responsabilidad a los agentes del Estado y asegurar así la inutilidad de cualquier investigación judicial y policial”.

“El Estado procuró también estigmatizar y culpabilizar a las víctimas y las organizaciones sociales, para transformarlas así en criminales en la imagen pública y por lo tanto en objetivos ‘legítimos’ de la represión...”, añade el informe.

Nuevos detalles sobre el atentado

Las investigaciones realizadas por la CEH agregan importantes elementos a la anterior efectuada por la SIP, especialmente en cuanto a la descripción del momento del secuestro.

La CEH pudo auscultar que el 16 de octubre de 1980,frente a la residencia de Irma Flaquer había una pareja de novios,con un maletín grande, sentada en el bordillo de la acera. Que familiares y testigos vieron a miembros de la policía judicial, armados, dentro de un vehículo tipo jeep a una cuadra de la casa y que cuando Irma Flaquer y su hijo salieron a las 6:30 de la tarde, la pareja de novios hizo una señal a los ocupantes del jeep, color beige, que de inmediato les siguió.

Luego de la persecución, los ocupantes del jeep comenzaron a dispararle. Ante el ataque, Fernando Valle viró con rumbo sur en la avenida del Cementerio. A dos cuadras, en la 14 calle, el jeep los rebasó y les cortó el paso.Los desconocidos volvieron a dispararle. En ese momento,desde una calle cercana,13 calle “C”, salió un microbús cuyos tripulantes también abrieron fuego contra ellos. Fernando resultó gravemente herido; una bala expansiva le penetró en la cabeza, perdió el control del volante, chocando el vehículo que conducía contra la pared de una casa ubicada en la 14 calle y la avenida del Cementerio de la zona 3. Irma Flaquer sufrió heridas que no le impidieron salir del carro pidiendo a gritos ayuda médica para su hijo. En ese momento varios individuos que participaron en el ataque armado, dieron alcance a la periodista, cubrieron su rostro con un pañuelo y rápidamente se la llevaron del lugar. Dentro del expediente no se establece de cuál de los vehículos salieron los sujetos que secuestraron a Irma Flaquer.

Un hombre que presenció los hechos fue ejecutado por los agresores,luego que lo siguieron por un par de cuadras. La CEH posee plena certeza de que otra persona que transitaba a la misma hora y por el mismo lugar, fue herido en una pierna, y trasladado al Centro Médico.

Menos de media hora después el vehículo de placas P-143196, propiedad de la víctima, en cuyo interior se encontraba su bolsa de mano, una grabadora pequeña, cintas grabadas y otros instrumentos de trabajo, fue retirado del lugar y trasladado a la Brigada Militar Mariscal Zavala.
La misión de la CEH

La Comisión para el Esclarecimiento Histórico, cuyo objetivo no es juzgar sino aclarar la historia de más de tres décadas de guerra civil, fue creada mediante el Acuerdo de Oslo, del 23 de junio de 1994. Su misión es esclarecer “con toda objetividad, equidad e imparcialidad las violaciones a los derechos humanos y los hechos de violencia que han causado sufrimientos a la población guatemalteca...”

Oficialmente, la CEH registró un total de 42.275 víctimas, incluyendo hombres, mujeres y niños. De ellas, 23.671 corresponden a víctimas de ejecuciones arbitrarias y 6.159 a víctimas de desaparición forzada. De las víctimas plenamente identificadas, el 83% eran mayas y el 17% eran ladinos. Sin embargo, se estima en más de doscientas mil el número de víctimas de la guerra civil.
La CEH determinó que las fuerzas del Estado y grupos paramilitares afines fueron responsables del 93% de las violaciones documentadas, incluyendo el 92% de las ejecuciones arbitrarias y el 91% de las desapariciones forzadas. Mientras que los grupos insurgentes produjeron el 3% de las violaciones de los derechos humanos y hechos de violencia, entre hombres, mujeres y niños, incluyendo un 5% de las ejecuciones arbitrarias y un 2% de las desapariciones forzadas. Una de cada cuatro víctimas, de ambos bandos, era mujer.

Durante el periodo más violento y sanguinario de todo el enfrentamiento armado (1978-1985) -caso de Irma Flaquer -los operativos militares se concentraron en Quiché, Huehuetenango, Chimaltenango, Alta y Baja Verapaz, en la Costa Sur y la capital. En el último periodo (1986-1996) -caso de Jorge Carpio Nicolle -las acciones represivas tuvieron un carácter selectivo.

Presentación ante la CIDH

Sobre la base de las investigaciones realizadas en Guatemala, la SIP presentó ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), el 11 de marzo de 1997, los resultados de la investigación del caso Irma Flaquer, al que se le adjudicó el número 11.766.

Desde entonces, y como trámites de oficio a través de la CIDH, tanto la SIP como el Gobierno de Guatemala, fueron presentando sus argumentos disímiles sobre el expediente 11.766.

El gobierno contrastó la investigación de la SIP,que le endilga responsabilidad ante la falta de una investigación seria, aduciendo que “no existió denuncia formal” sobre el secuestro o desaparición de Irma Flaquer, “por lo que no ha sido posible localizar información acerca de la investigación efectuada”, así como “que no se dió seguimiento por parte interesada o familiares al proceso que por la muerte de Fernando Valle Flaquer, se diligenció en el Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Penal”.

La investigación de la SIP al respecto es avalada por el informe de la CEH: “Si bien el Gobierno lamentó la desaparición de la víctima y la muerte de su hijo, no se produjo el menor esfuerzo oficial para investigar lo ocurrido. En el proceso judicial la única diligencia practicada fue el acta de reconocimiento del cadáver de Fernando, hijo de Irma. No se practicó reconocimiento judicial sobre el vehículo, no se escuchó a los familiares, ni se tomó declaración a la persona herida. Los parientes de las víctimas no pudieron recuperar el vehículo ni las demás pertenencias de la desaparecida”.

Las investigaciones y conclusiones de la CEH demuestran por qué en ese año no eran frecuentes las denuncias.

“El sistema judicial del país, por su ineficacia provocada o deliberada, no garantizó el cumplimiento de la ley, tolerando y hasta propiciando la violencia. Por omisión o acción, el poder judicial contribuyó al agravamiento de los conflictos sociales en distintos momentos de la historia de Guatemala. La impunidad caló hasta el punto de apoderarse de la estructura misma del Estado, y se convirtió tanto en un medio como en un fin. Como medio,cobijó y protegió las actuaciones represivas del Estado así como las de particulares afines a sus propósitos, mientras que, como fin, fue consecuencia de los métodos aplicados para reprimir y eliminar a los adversarios políticos y sociales”.

La responsabilidad del Estado

La SIP siempre insistió en la responsabilidad del Estado.

Sobre la falta de una denuncia formal que justifica la ausencia de una investigación, la SIP considera varios puntos: Primero, el gobierno de Lucas García conocía a Irma Flaquer como una figura pública y como una empleada de gobierno. El vocero presidencial, Carlos Vielman, llamó a una conferencia de prensa inmediata después la desaparición de aquella y declaró que “esta acción criminal toca muy de cerca al gobierno”. Habiendo reconocido que Irma Flaquer era en efecto una figura pública y que había ocupado tres cargos en el gobierno, éste tenía la obligación de presentar una denuncia formal.

Segundo, el clima político imperante en 1980 hacía imposible para los miembros de la familia presentar una denuncia. En el caso de Irma Flaquer, su nuera, Mayra Rosales, comenzó a recibir amenazas anónimas luego de que miembros de la familia empezaron a buscar el cuerpo de la periodista. Sergio, único hijo que le sobrevivió a Irma Flaquer, recibía, en Israel donde vivía, advertencias telefónicas en las que se le conminaba a no regresar ni a investigar qué le había pasado a su madre. El ex esposo de Flaquer, tratando de obtener información de fuentes militares sobre el posible paradero de Irma Flaquer fue advertido por un militar, quien había sido su compañero de escuela, que cesara de hacer preguntas o toda su familia sería asesinada. Un año después de la desaparición, el cardenal Mario Casariegos le envió a Mayra Rosales una nota disculpándose por el hecho de no haber celebrado una misa en honor a Irma Flaquer por temor a represalias.

Entonces, si el cardenal de la Iglesia Católica Romana pudo sucumbir a las presiones, ¿cómo puede el actual gobierno democrático de Guatemala tener la expectativa de que se hubiese presentado una denuncia formal?

Respecto a que el gobierno habría citado informes de prensa en los que el ex-miembro de las FAR, Rodríguez, se refirió a la posible participación de la guerrilla, la SIP expresó que “él mismo admitió en reportajes de prensa y en entrevistas con una investigadora de la SIP que no tenía conocimiento de primera mano sobre la participación de la guerrilla,sino más bien ‘fuertes sospechas ’basadas en el hecho de que se le pidió que trazara una ruta para que siguiera la periodista,y que ella fue secuestrada en esa ruta.”

Evidencias contra el Estado

La SIP sostiene que existen evidencias de que el gobierno de la época ejecutó la acción, aduciendo: Primero, amenazas contra la familia, incluyendo algunas de identificadas fuentes militares.

Segundo,el ministro del Interior, Donaldo Alvarez, le dijo al ex esposo de la periodista, Fernando Valle, que presionara a Flaquer para que abandonara el país porque su vida estaba en peligro. Alvarez formaba parte de un comité de cinco miembros que aprobaba la lista de muertos en esa época, y se presume que las órdenes venían directamente de Lucas García. Previamente, Alvarez le había dado a Flaquer un cheque y le había facilitado un pasaporte para que abandonara el país.

Tercero, el modus operandi del secuestro y el asesinato del hijo de Irma Flaquer corresponde mayormente a otras operaciones del gobierno, incluyendo a las descritas en el asesinato de Manuel Colom Argueta. El uso de dos vehículos y la naturaleza de la acción en una calle muy transitada ha sido detallada en varias ocasiones en reportajes de prensa e informes de derechos humanos de la época como acciones ejecutadas por la policía, militares o el Comando General Presidencial.

Incluso si la guerrilla hubiese sido capaz de copiar en esa época este tipo de acciones con sofisticados comandos urbanos es inverosímil que hubiese tomado el riesgo de exponer a tantos de sus miembros en un sector tan transitado y en una zona policial. Si el propósito era implicar al gobierno esto pudo llevarse a cabo sencillamente ejecutando a la periodista con un arma reglamentaria en un sitio privado.

La explicación de Rodríguez de que ella seguía “una ruta” -que era obvia la ruta a seguir para la casa de su hijo -sólo prueba hasta cierto punto el involucramiento de la guerrilla, si alguno, fue para atraer fuera de su apartamento a la periodista. Puesto que muchos testigos han declarado que su vivienda “estaba constantemente vigilada”, y de hecho ella se deleitaba señalando que era vigilada por militares, el gobierno no necesitaba información adicional para conocer su paradero una vez que ella abandonaba su vivienda. Por consiguiente, cualquier imputación o participación limitada de la guerrilla alentando a la periodista para que saliera de su hogar no exonera de responsabilidad al gobierno.

Sin protección, ni investigación

Debido a estos precedentes,y en virtud de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, la SIP sostiene que el gobierno no cumplió con su obligación de proteger la salud y la vida de Irma Flaquer, no protegió la libertad de expresión, y fracasó en investigar ya que nunca una autoridad del Estado guatemalteco, en cualquier época, ha realizado una indagación sistemática del caso, ni se ha intentado localizar a testigos relevantes como a Alvarez Ruiz.

La SIP, a modo de antecedente, citó dos condenas dictadas durante el primer trimestre de 1998, por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, contra el Estado de Guatemala.

A principios de 1998, la Corte dictó sentencia condenatoria contra el Estado de Guatemala por el asesinato del periodista norteamericano Nicholas Chapman Blake, cometido por miembros de una patrulla civil el 28 de febrero de 1985, en un camino del altiplano guatemalteco.

La importancia de esa sentencia consiste en que,por primera vez en la historia de Guatemala, el asesinato de un periodista es aclarado, identificados los autores y sancionado el Estado como responsable directo por la puesta en práctica de políticas de asesinato contra aquellas personas que, como en el caso de Blake, no hacen otra cosa que ejercer derechos reconocidos y garantizados por el derecho internacional y la legislación nacional.

En otro caso, a principios de marzo de 1998, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a Guatemala por la desaparición, torturas y asesinatos de 10 personas, de noviembre de 1987 a febrero de 1989, en el caso conocido como la Panel Blanca.

El Estado fue condenado por 10 de los 11 asesinatos; entre éstos, el de Ana Elizabeth Paniagua, Julián Salomón Gómez, William Otilio González Rivera, Pablo Corado Barrientos, Manuel de Jesús González López, Augusto Angarita Ramírez, Doris Torres Gil, Marco Antonio Montes, Erick Chinchilla y Oscar Vásquez.

La demanda fue presentada a la Corte por la CIDH el 19 de enero de 1995, y en ella se pedía la condena a Guatemala por la violación de los derechos a la vida, a la integridad, y a las garantías judiciales de las víctimas.

Cabe destacar que en este caso,el Estado de Guatemala proporcionó al tribunal toda la evidencia posible, sin ocultamientos de ninguna naturaleza precisamente para permitir que el sistema interamericano de protección a los derechos humanos pudiese actuar sin obstáculos.

Conclusiones de la CEH

En coincidencia con las investigaciones de la SIP, documento citado en varias oportunidades por la CEH, la Comisión responsabilizó al Estado de Guatemala por el secuestro y la desaparición de Irma Flaquer y el asesinato de su hijo, al tiempo que señala que se faltó “gravemente a su deber de investigar y sancionar los hechos, violando el derecho a la justicia”.

Las conclusiones del Caso Ilustrativo 49 señalan: “Los variados y coincidentes elementos de convicción reunidos por la CEH permiten reconstruir con suficiente precisión la forma en que sucedieron los hechos que determinaron la desaparición de Irma Flaquer. Dichos hechos derivaron de una decisión premeditada de eliminar a la víctima, acción en la cual fueron ejecutados arbitrariamente Fernando Valle Flaquer, hijo de ésta,y un transeúnte que pasaba por el lugar del atentado, resultando herida otra persona.

La existencia de un testimonio de referencia, único, que adjudica la responsabilidad de los hechos a las Fuerzas Armadas Rebeldes, sumado a otras referencias sobre algunas actividades de la periodista víctima de la desaparición, crearon en la Comisión una duda inicial razonable sobre dicho aspecto de la investigación.

Sin embargo, la mayor cantidad de antecedentes recabados, todos contestes y provenientes de fuentes diversas, le permite establecer una presunción simple de que, en los hechos, participaron agentes de Estado o sujetos que contaron con su aquiescencia o tolerancia y, en todo caso, con su posterior protección y encubrimiento, constituyendo su desaparición, así como la muerte de otras dos víctimas y las lesiones inferidas a un tercero, violaciones a los derechos a la vida, la libertad y la integridad física de las víctimas.

Entre aquellos antecedentes destacan la calidad de la víctima, su denuncia pública de la violencia desatada desde el poder y de violaciones de derechos humanos, las serias y comprobadas amenazas recibidas por ella, algunas de las características del procedimiento empleado por los autores y la omisa actitud de las autoridades encargadas de investigar el crimen, en un contexto que hacía inverosímil concebir la impunidad de un hecho de esta naturaleza sin que mediara tolerancia del Estado.

Atendida la circunstancia de no haberse realizado una investigación seria del caso, la CEH se formó la convicción de que las autoridades responsables del Estado de Guatemala faltaron gravemente a su deber de investigar y sancionar los hechos, violando el derecho a la justicia.

De todos modos, el caso ilustra claramente los niveles de intolerancia a que condujo el desarrollo del enfrentamiento armado interno, que derivó en la pérdida, para Guatemala, de destacadas personalidades cuya eliminación física significó una notable carencia para el acervo cultural del país,concluye el informe.

De la evidencia a la esperanza

Después de tantas pruebas aportadas por la SIP y la CEH, quedan cifradas esperanzas en la voluntad política de las autoridades de turno, para buscar justicia tanto en este caso como para el de Jorge Carpio Nicolle y muchos otros periodistas guatemaltecos que fueron asesinados por su labor profesional.

Durante la ceremonia de inauguración de la Conferencia Hemisférica “Crímenes Sin Castigo Contra Periodistas”, el 31 de agosto de 1997, la SIP le tomó la palabra al presidente de Guatemala, Alvaro Arzú.

El Presidente se comprometió a investigar la desaparición de Irma Flaquer y otros crímenes cometidos en contra de los periodistas guatemaltecos. “Trataremos de esclarecer tantas sindicaciones que han quedado en el aire”.


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