By Clarinha Glock

Para el pueblo brasileño, la justicia es en general lenta e injusta. A lo largo de los años, llama la atención el creciente número de denuncias relacionadas con compra de sentencias e impunidad, en especial en el caso de delitos de guante blanco (cometidos por personas de alto nivel socioeconómico). Además, los sonados escándalos de corrupción y los distintos castigos para ricos y pobres (estos últimos terminan más fácilmente detrás de las rejas) contribuyen a aumentar el descrédito. Pero hay que reconocer un avance. Recientemente, operativos conjuntos entre la Policía Federal y los Ministerios Públicos a nivel federal y estadual abrieron una luz de esperanza: ministros, dueños de bancos, políticos y empresarios han sido acusados y, en algunos casos, enviados a prisión por delitos contra el patrimonio público, por su participación en el delito organizado o por corrupción. Al menos, los medios han publicado más casos que el año pasado.

Es dentro de este contexto que la SIP acompaña, desde 2000, los procesos sobre el asesinato de 22 periodistas brasileños en ejercicio de su profesión. Algunos ocurrieron inclusive a mediados de la década del 90. Estos profesionales fueron asesinados luego de denunciar delitos e irregularidades en sus ciudades. En los últimos ocho años, 33 acusados por la muerte de estos periodistas recibieron sentencia, pero al menos 23 sospechosos permanecen en libertad y algunos casos continúan sin ser resueltos.

Las diferencias culturales, económicas, políticas y estructurales de norte a sur, a lo largo y a lo ancho de un territorio de 8.511.965 km2 de extensión con una población total de 183,9 millones de habitantes, hacen que cada Estado sea considerado casi un país diferente dentro de Brasil. En el área penal, los fiscales y jueces se quejan de que la legislación ofrece innumerables posibilidades para demorar una acción, lo que permite a los acusados postergar su condena, cuando no huyen sin castigo alguno.

No obstante, la lista de condenas en casos de periodistas asesinados en Brasil supera las de Colombia y México. El jurista Luiz Flávio Gomes, secretario general del Instituto Panamericano de Política Criminal, opina que un factor que favorece esta situación es la autonomía de la policía en las investigaciones penales. Gomes, que es profesor de Derecho Penal en universidades como la Austral en Buenos Aires y la Universidad de Campo Grande en Brasil, hace hincapié en que si las mismas muertes fueran generadas por grupos organizados de la policía, como ocurre en los países donde los asesinatos de periodistas son mucho más frecuentes, la evaluación sería muy negativa.

En muchos casos de periodistas asesinados en Brasil hay de hecho policías involucrados, pero en general son contratados por políticos como sicarios o actúan en forma aislada. Por ejemplo, fue un policía el autor de los disparos contra el periodista Manoel Leal de Oliveira, asesinado el 14 de enero de 1988 en Itabuna, Bahía. No se identificó oficialmente al instigador del crimen, pero las sospechas recaen sobre políticos de la región. También pertenecían a la policía los asesinos que dispararon contra Domingos Sávio Brandão, fundador, propietario y director general del periódico Folha do Estado y de la Radio Cidade de Cuiabá, en Mato Grosso.

Gomes resalta otra característica determinante por la cual los procesos tienen un mayor índice de resolución en Brasil: la independencia de la justicia es bastante amplia en comparación con varios países de América Latina. Brinda ejemplos al respecto: “En Colombia, la justicia teme a los grupos organizados y a los narcotraficantes; en Nicaragua, donde casi todos los jueces son designados, la interferencia es muy fuerte”. Gomes destaca que, si el investigador logra realizar una buena evaluación, el Ministerio Público cuenta con las herramientas para actuar. “Por eso Brasil juzga y condena más: no es un modelo perfecto, pero funciona”, afirma.

“Sin duda, el castigo de los crímenes contra periodistas en Colombia siempre fue difícil por la corrupción de las autoridades o por la participación del narcotráfico, los paramilitares o las guerrillas de la Farc: es un país que no tiene la paz social de Brasil”, opina el juez retirado Wálter Fanganiello Maierovitch, presidente y fundador del Instituto Brasileño de Ciencias Penales Giovanni Falcone. “Observen que diez jueces de la Corte Suprema de Colombia fueron asesinados por orden del jefe del cartel de drogas de Medellín, Pablo Escobar”, afirma Maierovitch. Agrega que en México gran parte de los periodistas asesinados también fueron víctimas de los carteles de la droga.

El caso de Tim Lopes, periodista de TV Globo asesinado por traficantes en una villa miseria de Río de Janeiro cuando hacía un reportaje de incógnito, es diferente, compara el juez. “Lopes fue a un lugar controlado por el crimen, a diferencia de otros países, donde las redacciones son invadidas por los narcotraficantes”, afirma Maierovitch. “Ni siquiera en el norte o en el nordeste de Brasil, donde se produjeron asesinatos de comunicadores sociales, existen movimientos de insurgentes como en México”, compara. Existe, no obstante, un aspecto cultural de fuerte autoritarismo en Brasil, que se da cuando personas influyentes, por lo general políticos, mandan ejecutar a quienquiera que se oponga a sus intereses. En esos casos, suele ser muy difícil identificar a los instigadores.

Existen excepciones. “Aquí la gente lucha contra la corrupción”, reconoce el fiscal João Alves da Silva Neto, coordinador de la Oficina Regional del Ministerio Público de Eunápolis, Bahía, que acompañó el proceso del periodista de radio Ronaldo Santana de Araújo, asesinado en octubre de 1997. “Los corruptos son solidarios y se protegen”, opina Silva Neto, que está empeñado en llevar a juicio al ex alcalde de Eunápolis, acusado del crimen.

La fiscal Joana D'Arc Calmon Tristão Guzansky, del Tribunal Oral de Vitória, Espíritu Santo, participó del proceso en el que fueron identificados y llevados a juicio el instigador y los cómplices del crimen contra la columnista social Maria Nilce Magalhães, y cree que se están produciendo cambios: “Existen casos en los que en un año ya se realiza el juicio”, comenta. Para Joana D’Arc, esta lenta evolución acompaña la política del país: “Pasamos de la dictadura a la democracia, donde las personas y los medios cobran más dinero y los fiscales y los jueces son ahora designados por concurso, sin necesidad de agradar a A o a B”, señala.

El juez César de Souza Lima, a cargo del 1er Tribunal Penal y Civil de Amambai y Coronel Sapucaia, dos ciudades en la frontera de Brasil con Paraguay, consiguió esta hazaña: condenó al ex alcalde de Coronel Sapucaia, Eurico Mariano, a 17 años y 9 meses de prisión por el asesinato del periodista Samuel Román, ocurrido en abril de 2004 en Mato Grosso do Sul.

El caso habría estado condenado a la impunidad si no hubiera sido por un factor decisivo, a juicio de Lima: tan pronto como ocurrió el asesinato, la Secretaría de Seguridad del Estado de Mato Grosso do Sul envió un equipo de la capital a investigar el crimen ocurrido en el interior, en lugar de dejar el caso en manos de la policía local. “Eso marcó la diferencia”, afirma el juez. “También llevaron a la capital a un sospechoso para que prestara declaración”.

El proceso, que ocupó 12 volúmenes de 250 páginas cada uno, se encuentra ahora bajo el análisis del Supremo Tribunal Federal y Tribunal Superior de Justicia – las instancias máximas, porque el ex alcalde apeló la sentencia. Lima es consciente de que, si no hubiera sido por el trabajo conjunto de la policía y el Ministerio Público, el asesinato continuaría impune. Esto se debe a que la región es propicia para los crímenes por mandato: Coronel Sapucaia, donde ocurrió el hecho, es considerada la tercera ciudad más violenta del país en lo que hace a homicidios. Al estar ubicada en la frontera seca entre Brasil y Paraguay, facilita la fuga de los delincuentes hacia el exterior. Cuenta apenas con un comisario y tres agentes de policía para las investigaciones. No tiene escribiente para tomar nota de las declaraciones en el proceso de instrucción: el agente de policía debe dejar de lado otros requerimientos para realizar este trabajo o para cumplir su turno. El Tribunal Penal donde trabaja Lima cuenta tan sólo con dos jueces, cada uno con tres mil procesos para analizar. “Cuando tengo un juicio por jurado, difícilmente puedo celebrar una audiencia de otro proceso”, comenta.

Estos problemas, que se repiten en muchos puntos de Brasil, contribuyen a que haya impunidad. Mecanismos como el de convocar la defensa a testigos de otro Estado distante como Manaus consumen el tiempo y retrasan el curso de los procesos. “Cuando finalmente se obtiene el testimonio, a veces después de un año, la persona dice que nunca estuvo en el lugar y no se puede decir nada ni acusar al abogado de un intento de dilación”, se lamenta Lima. Ni hablar de ocasiones en que el crimen ocurrió en 1999, por ejemplo, y siendo ya 2006 el proceso continúa en la etapa en que la policía intenta localizar a los testigos.

“El Poder Judicial no trabaja sin la policía: si el proceso contiene dictámenes y pericias incompletos, cuando llega a la Justicia las pruebas son inutilizables y habiendo pasado ya dos o tres años, no hay modo de recuperarlas”, explica Lima. “Por ese motivo, si no hay un Secretario de Seguridad o un gobernador que se preocupe por impulsar un rápido proceso, en especial cuando el acusado posee más recursos financieros, el crimen queda sin resolverse”, concluye.

El juez Wálter Fanganiello Maierovitch señala otro obstáculo en Brasil: se pronuncian las condenas pero se anulan los juicios. Maierovitch atribuye este hecho al actual sistema de juicio por jurado. A pesar de ser un sistema ideal de participación popular, la votación se emite por “sí” o por “no”, sin necesidad de decir el porqué, y como los miembros de los jurados son legos y las causas son complicadas, es frecuente que se produzcan contradicciones y que las sentencias sean recurridas. “En Europa, donde cada vez es mayor la participación popular, existe el asesoramiento de jueces profesionales y los miembros del jurado deben manifestar el motivo de la condena”, informa Maierovitch. El problema es que, si se demora la solución de los casos y se termina anulando o modificando la sentencia, al cabo de cinco o seis años los testigos ya no recuerdan los detalles y el clamor por una solución pierde fuerza.

Para el juez César de Souza Lima, es fundamental la demanda de la sociedad para que se resuelvan los crímenes. Poco después del asesinato de Tim Lopes, se fundó la Asociación Brasileña de Periodismo de Investigación (Abraji, según la sigla en portugués), justamente con el objetivo de investigar, presionar y alertar a las autoridades frente a casos de amenazas y agresiones contra la prensa. Ya desde antes la Asociación Bahiana de Prensa, la Asociación Nacional de Periódicos y la Federación Nacional de Periodistas, además de organizaciones internacionales como la SIP, Periodistas sin Fronteras y el Comité de Protección del Periodismo, siempre fueron enfáticos en cuanto a la necesidad de esclarecer los crímenes. “Cuando existen una o más entidades, o cuando la propia población lo exige, resulta casi imposible olvidar un proceso”, comenta. “Creo que eso forma parte de la democracia”, argumenta Lima.

Factores que favorecen un mayor número de condenas en Brasil (de acuerdo con los jueces y fiscales entrevistados):

- presión de la sociedad y de entidades nacionales e internacionales por la transparencia y resolución de los casos.
- ausencia de una conexión directa de los crímenes con grupos organizados, como ocurre en Colombia y México, donde existe un conflicto abierto con la policía.
- mayor independencia del Poder Judicial.
- acción rápida de los gobiernos de los estados y de las Secretarías de Seguridad Pública al determinar que la investigación de los casos pase a manos de la policía de la capital (cuando los crímenes ocurren en el interior).
- trabajo integrado entre la policía y el ministerio público.

Las modificaciones de las leyes pueden contribuir a reducir la impunidad
Algunos especialistas creen que los cambios propuestos por la Ley 11.689/08, de junio de 2008, ayudarán a acelerar los procesos de juicio y condena en los casos de homicidio. Esta ley modifica las disposiciones del Código de Proceso Penal (Decreto-Ley 3.689 del 3 de octubre de 1941).

El fiscal João Augusto Veras Gadelha de Mato Grosso elogió la ley, que prevé realizar una sola audiencia para escuchar todos los testimonios y alegatos orales en los casos de crímenes calificados contra la vida. Luego el caso pasa a sentencia al Tribunal de Juicio por Jurado. Hasta entonces, se realizaban varias audiencias por separado.

El juez César de Souza Lima, a cargo del 1er Tribunal Penal y Civil de Amambai y Coronel Sapucaia, en Mato Grosso do Sul, considera positiva la modificación que permite realizar el juicio aunque el reo se encuentre prófugo, sin necesidad de interrumpir el proceso. También destaca el hecho de que, en los casos de sentencias a más de 20 años de prisión, la defensa ya no goza del derecho automático de reclamar un nuevo jurado, como ocurría antes. A partir de ahora, tendrá que comprobar error o irregularidad para que se anule la sentencia.

No existen estadísticas oficiales sobre condenas

No existen estadísticas oficiales para comprobar si el número de condenas en la justicia está aumentando en Brasil en general, sino que sólo hay relevamientos parciales que varían según la región. Y cuando existen, es otro el problema.

Algunas veces se informan menos procesos policiales de los que existen, lo que le resta realismo al análisis.

En San Pablo, por ejemplo, “no sin razón, es habitual el sentimiento colectivo de que los crímenes aumentaron y se volvieron más violentos, no obstante lo cual no son castigados”, comenta un artículo publicado en 2008 por el profesor Sérgio Adorno, coordinador del Centro de Estudios de la Violencia en San Pablo (NEV/USP), y por la investigadora y doctora en sociología Wânia Pasinato.

Ambos coordinan un estudio sobre la impunidad penal en el municipio de San Pablo correspondiente al período de 1991 a 1997. Su trabajo consiste en analizar los crímenes en sus fases policial, judicial y final, coincidente con el pronunciamiento de la sentencia. Ya concluyó la evaluación de la primera fase. De las 344.767 denuncias policiales registradas en 16 comisarías, incluidos crímenes violentos (homicidio, robo, robo seguido de muerte, estupro y tráfico de drogas) y no violentos (hurto, hurto calificado y consumo de drogas), tan sólo 5,48% dieron lugar a un proceso de instrucción policial.

“El resultado más sorprendente hasta el momento consistió en constatar la baja disposición de la institución policial para investigar crímenes de autoría desconocida”, dicen los autores del artículo. El desconocimiento de la autoría está presente en 93,3% de los casos de crímenes violentos y en 94,93% de los crímenes no violentos, según los datos recabados. De acuerdo con Adorno y Pasinato, las rutinas de investigación policial parecen estar “habituadas y conformarse burocráticamente con investigar crímenes de agresores del aparato represivo ya conocidos”. Esas rutinas, según su punto de vista, los alejan de la decisión de enfrentar el aumento del crimen organizado y de las violaciones de los derechos humanos y contribuyen a la impunidad.

En Río de Janeiro, la situación no es muy diferente. Además de la dificultad de obtener informaciones, un relevamiento realizado con la información de robos y homicidios entre 2000 y 2004 reveló que la proporción de procesos o investigaciones que llegan a una sentencia condenatoria en relación con el total de casos cerrados es relativamente baja, cercana a un 20% del total. “La mayoría de las investigaciones ni siquiera llega a juicio, lo que significa un enorme desperdicio de tiempo y recursos por parte del sistema”, expresa un informe presentado por José Ignácio Cano Gestoso de la Universidad Cândido Mendes en 2005.

En cuanto al desempeño del Poder Judicial, la profesora Maria Tereza Sadek, directora de investigaciones del Centro Brasileño de Estudios e Investigaciones Judiciales, subraya que existe una gran diferencia interna entre un Estado y otro, considerando el número de fiscales en relación con la población y el número de procesos en curso. “Ciertamente en el sur y en el sudeste, que están más desarrollados, la situación es diferente”, analiza. Pero no existe una sistematización de los datos: son computados en cada uno de los ministerios públicos estaduales. La profesora admite que, desde la Constitución de 1988, el Ministerio Público adquirió un perfil diferenciado.

Este cambio de perfil fue advertido por los medios de comunicación. Ya sea por la mayor voluntad política o por la presión ejercida por la prensa, aumentó el número de operativos del Departamento de Policía Federal (DPF) en conjunto con los Ministerios Públicos Federal y Estadual, con el consiguiente pedido de prisión para políticos, empresarios, traficantes y policías involucrados.

Hasta octubre de 2008 la PF realizó 181 operativos, con un resultado de 1.949 arrestos (incluidos funcionarios de gobierno y policías federales involucrados). Este número incluye desde la erradicación de inmigrantes de las calles hasta la desarticulación de bandas de asaltantes de bancos y traficantes de drogas, acciones de patrullaje fronterizo y lucha contra la pornografía infantil en Internet. Durante todo el año 2007 se habían realizado 188 operativos, con un saldo de 2.876 arrestos. Este total superó los 167 operativos de 2006 (con 2.673 arrestos), los 67 operativos (con 1.407 arrestos) en 2005 y los 58 operativos (con 926 arrestos) en 2003/2004.

No todos estos operativos tienen el mismo impacto y el hecho de llegar hasta los poderosos no siempre es garantía de castigo. La llamada Operación Satiagraha, llevada a cabo en julio de 2008, fue el resultado de cuatro años de investigación y llevó a la prisión al banquero Daniel Dantas, al ex alcalde de San Pablo Celso Pitta y al megaempresario Naji Nahas, los tres acusados de malversación de fondos públicos y delitos financieros (lavado de dinero, fuga de divisas y evasión fiscal, entre otros).

El operativo desencadenó una gran discusión en Brasil sobre la legalidad de utilizar equipos de escucha telefónica en las investigaciones y provocó una disputa en el seno de la propia Policía Federal, a tal punto que en un determinado momento, los noticieros desviaron el foco de atención sobre la prisión de Dantas, Pitta y Nahas para referirse a la renuncia del comisario a cargo del caso.

Dentro del Poder Judicial hubo otra polémica: en el término de tres días el banquero Daniel Dantas fue arrestado por orden de un juez federal de San Pablo y liberado gracias a un recurso de hábeas corpus concedido por el presidente del Supremo Tribunal Federal. Esta diferencia de fuerzas que permite a un preso de mayor poder económico o político gozar de privilegios hace que la sociedad se pregunte si realmente existe la voluntad de castigar a los culpables, a pesar de los esfuerzos de algunos sectores.

Al menos en lo que respecta a la corrupción, el pueblo brasileño no abriga demasiadas esperanzas. El informe de 2008 de la ONG Transparencia Internacional indica que el índice de percepción de corrupción de los brasileños es de 3,5 puntos, sobre una escala de 0 (los más corruptos) a 10 (los menos corruptos).

Brasil ocupó el puesto 72º entre 180 países. La calificación representa un aumento relativo de 0,2 puntos en relación con el puntaje de 3,3 obtenido en el relevamiento anterior, que colocó a Brasil en el 70º lugar. En 2001 y en 2002, obtuvo un 4 en el ranking. La nota cayó a 3,9 en 2003 y 2004; a 3,7 en 2005; y a 3,3 el año pasado.

El juez de apelación retirado Vladimir Passos de Freitas, presidente del Instituto Brasileño de Administración del Sistema Judicial, señala que no existen relevamientos sobre los castigos recibidos por los corruptos en el país. “Sólo los Estados de Río Grande do Sul y San Pablo tienen Cámaras Especializadas para la Lucha contra la Corrupción”, explica Freitas. “Cuanto mayor es la especialización, mayor es la efectividad”, concluye.

Freitas no tiene dudas, no obstante, de que hubo un aumento general de las condenas en el país. “Existe una tesis de doctorado de la década del 80 donde la autora constata que no llegaba a buen término ni el 0,5% de los procesos, ni siquiera para determinar si el acusado era absuelto o condenado”, observa. Aunque la Ley de Delitos de Guante Blanco sea antigua – data de 1986 – los casos eran de difícil resolución. El cambio ocurrió, cree, con la creación de los Tribunales Federales Especializados en Delitos Económicos (que incluyen, por ejemplo, el lavado de dinero), hace cerca de cinco años. Además, los jueces comenzaron a participar en cursos impartidos por la Administración de Ingresos Federales, el Banco Central y el Consejo de Control de Actividades Financieras (COAF - órgano dependiente del Ministerio de Hacienda). Algunos, inclusive, procuraron especializarse en el exterior para actualizarse en cuanto a los fallos de la jurisprudencia. “El lavado de dinero es el último escalón de una cadena que incluye corrupción, tráfico y otros delitos”, dice Freitas.

Menos optimista es el juez federal Roberto Wanderley Nogueira, del 1er Tribunal Federal de Pernambuco. “No observo un patrón de conducta eficaz. Por el contrario, es impresionante el déficit frente a la acumulación de procesos pendientes”, enfatiza Nogueira. Considera que existe un esfuerzo por exponer de manera más amplia en los medios de comunicación algunos casos emblemáticos o simples, pero que todavía se está muy lejos de lo que desea una sociedad igualitaria. “Cuando son capturadas, estas personas no utilizan la posibilidad de una reducción de la pena a través del aporte de datos: no hay un solo caso conocido en que se haya desbaratado todo el plan, y entonces prefieren resignar su libertad”, considera. El resultado es una sociedad sin control de sus entidades públicas y privadas. “Quien requiere los servicios del Poder Judicial, entiende de lo que estoy hablando”, asegura.

Según Nogueira, la justicia vale más por la autoridad moral de algunos agentes que por el organigrama y la estructura actual. “Comienza con la carrera del juez, que es una moneda de cambio: los independientes no pueden aspirar legítimamente a un ascenso”. En su opinión, la crisis radica en la cúpula del Poder Judicial. “Si atacamos los intereses de los poderosos, se corre el riesgo de destruir el trabajo logrado en la cúpula del poder, por bueno que sea”.

El hecho de que exista un mayor número de condenas de los acusados en casos de periodistas asesinados es, en la opinión de Nogueira, accidental, pudiéndoselo relacionar con la presión de la prensa y la población afectada o con el hecho de que estos casos no involucran riesgos significativos. “Cuando el acusado de matar a un periodista es una persona influyente, es muy diferente”, considera. Y concluye: “Todas las acciones jurídicas aplicadas con grandiosidad contra infractores de jerarquía en Brasil sólo tienen alcance selectivo. Se eligen algunos chivos expiatorios para quedar bien frente a la comunidad pero la realidad, en lo que respecta al sistema, es la misma que en la época de la colonia.”

Operativos de la Policía Federal
Fuente: http://www.dpf.gov.br/ (ver en Agencia de Noticias)

2003/2004
Total de operativos: 58
Total de arrestos: 926

2005
Total de operativos: 67
Total de arrestos: 1.407

2006
Total de operativos: 167
Total de arrestos: 2.673

2007
Total de operativos: 188
Total de arrestos: 2.876

2008 (hasta el 29 de octubre de 2008)
Total de operativos: 181
Total de arrestos: 1.949

Ver datos estadísticos de los Tribunales Penales Federales Especializados en el Proceso y Enjuiciamiento de Delitos de Lavado de Dinero, Derechos o Valores