Nelson Carvajal Carvajal
Periodista de la emisora Radio Sur
Pitalito, departamento del Huila, Colombia
Asesinado el 16 de abril de 1998
Prisión preventiva:
• Fernando Bermúdez, 31 meses en prisión, absuelto (presunto instigador)
• Víctor Félix Trujillo Calderón, absuelto (presunto autor material)
• Alfonso Quintero Alvarado, absuelto (presunto autor material)
• Carlos Augusto Rojas Ortiz, excarcelado (presunto coautor)
• Marcos Fidel Collazos, vinculado inicialmente al crimen, excarcelado
• Ramiro Falla Cuenca, vinculado inicialmente al crimen, excarcelado
CIDH
• 21 de junio de 2002, caso sometido ante la CIDH
• 11 de noviembre de 2004, caso admitido en la CIDH para estudio, proponen acuerdo amistoso (Caso # 12.462)
• 14 de diciembre de 2005, SIP y representantes del gobierno de Colombia inician proceso de acuerdo amistoso (siete reuniones entre 2005 y 2009)
• 13 de mayo de 2009, SIP informó a CIDH que da por concluido trámite de solución amistosa por no esclarecimiento del crimen y no disminución del grado de impunidad
• 26 de octubre de 2009, Gobierno solicita a CIDH que concluya que el Estado colombiano no tiene responsabilidad internacional en el asesinato
• SIP pedirá que ante la falta de avances, el caso pase a la Corte Interamericana
En Pitalito, un municipio del departamento del Huila colombiano, un sicario asesinó de siete tiros a un periodista y también profesor de una escuela humilde en momentos en que terminaba su jornada y se disponía a subirse a su moto para ir a casa.
Era Nelsón Carvajal Carvajal, tenía 37 años y era miembro de una familia numerosa que tuvo que ir saliendo uno a uno del pueblo ante las amenazas e intimidaciones que tuvieron que sufrir buscando que los asesinos pagaran por su crimen: quedaron tres hermanos, su viuda y sus dos hijas que se encuentran en el exilio.
Nelson Carvajal fundó en Pitalito la escuela Los Pinos que hoy lleva su nombre. Era director del colegio al momento de su muerte. Se inició en el periodismo en 1986 cuando asumió la redacción del noticiero Momento Regional de la emisora Radio Sur, afiliada a RCN Radio. Al poco tiempo se convirtió en director de los programas el Mirador de la Semana, Amanecer en el Campo y Tribuna Médica. Hacía periodismo en defensa de los intereses comunitarios y reclamaba transparencia en las actuaciones de los funcionarios públicos.
El mismo día del asesinato en la Escuela Los Pinos una de las cinco hermanas del periodista, que trabajaba con él en la escuela, lo notó nervioso. Incluso recuerda que al terminar la jornada, él se negó a llevarla a su casa. “Nelson sabía que lo iban a matar”, no se cansa de repetir.
En la última emisión del noticiero Radio Sur, antes de su asesinato, Carvajal realizó una serie de denuncias sobre la corrupción política en el municipio de Pitalito. Y en especial aquellas en contra del empresario y político Fernando Bermúdez, por la construcción de unas viviendas en una zona de alto riesgo y con materiales no idóneos. Asimismo, y según colegas y familiares, antes de su muerte, Carvajal había decidido dar a conocer unos documentos con los que comprobaría que Bermúdez participaba del tráfico de armas en la zona de los departamentos del Huila y Putumayo y su relación con la guerrilla de las FARC.
La Fiscalía General de la Nación acusó a Fernando Bermúdez como el presunto autor intelectual y a Víctor Félix Trujillo Calderón y Alfonso Quintero Alvarado como autores materiales, pero Juzgado Unico Especializado de Neiva los absolvió por considerar que no existían pruebas directas en contra de ellos. La sentencia fue confirmada por el Tribunal Superior de Neiva.
Bermúdez denunció por calumnia a todos aquellos que declararon dentro del proceso de Carvajal en su contra y demandó al Estado colombiano por los dos años que estuvo en prisión por 96 mil millones de pesos.
En junio de 2002 la URR de la SIP empieza una investigación sobre el crimen y la actuación de la Fiscalía, el juzgado y el tribunal. El crimen de Nelson no podía quedar en la impunidad. El trabajo de la SIP y su URR ya había tenido éxito en los casos de Guzmán Quintero Torres y Amparo Leonor Jiménez, entre otros, cuyos homicidas fueron absueltos en primera instancia y gracias a la investigación de la URR se logró apelar y fueron condenados por un tribunal de segunda instancia.
La URR fue a Pitalito en tres oportunidades, se habló con los testigos de ese día, con los familiares, con los colegas. Todos tenían miedo a pesar de que ya habían pasado tres años.
Se empezó a investigar y se encontraron muchas pistas y muchas irregularidades:
- El proceso de la investigación por el asesinato del periodista pasó por manos de cuatro diferentes fiscales por lo cual no se garantizó la celeridad en el caso.
-Dentro de la investigación, más de 20 personas rindieron testimonio bajo la abolida figura de la reserva de identidad o testigos sin rostro. Muchas de las identidades fueron reveladas y varios testigos amenazados, pese a que uno de los principios rectores de la norma procedimental señala que le corresponde a la Fiscalía General de la Nación dentro de la actuación procesal, proveer la protección y asistencia a las víctimas, testigos y demás intervinientes en el proceso que lo requieran, para garantizar el restablecimiento del derecho y la cooperación judicial plena y libre.
-Una de las hermanas del periodista quien venía colaborando con la Fiscalía desde Pitalito en la búsqueda de pruebas que permitieran el esclarecimiento de los hechos, recibió varias amenazas de muerte para que desistiera de su empeño de contribuir en el recaudo de pruebas, y en dos ocasiones se salvó de ser asesinada, razón por la cual tuvo que acogerse al programa de protección de testigos de la Fiscalía General de la Nación, solicitado por la SIP.
-La Fiscalía se limitó a valorar las pocas pruebas que tenía, sin que se hubieran esgrimido e investigado las diversas tesis existentes sobre el asesinato del periodista.
-Varios testigos que deseaban colaborar con la Fiscalía y aportar lo que sabían o les constaba sobre la muerte del periodista se vieron intimidados y no pudieron ser escuchados dentro del proceso.
-A raíz de las amenazas y del frustrado atentado de homicidio contra la hermana del periodista, y las persistentes llamadas telefónicas amenazantes, hechas tanto a la esposa de Nelson como a la familia de éste para que se abstuvieran de presionar por la investigación, la familia del periodista asesinado no pudo constituirse en parte civil dentro del proceso penal.
-Uno de los fiscales que estuvo a cargo del caso, el Fiscal Carlos Hernando Esteves Amaya, solicitó a la hermana del comunicador y educador asesinado, Judith Carvajal, que se abstuviera de colaborar con la investigación, que en el proceso no se requerían más pruebas
-El Juzgado avaló la versión del testigo que presentó la defensa dentro del proceso, Mario Rincón Contreras, no obstante, tener cuatro procesos pendientes por fraude procesal, estafa y falsedad en documento público y privado. Rincón inculpó a las FARC del asesinato de Carvajal. Rincón fue capturado en julio de 2002 en el municipio de Garzón, departamento del Huila.
El trabajo investigativo de la SIP tuvo tres etapas que fueron publicadas en la página de la SIP en 2002, abril de 2003 y octubre de 2006. Pero desde 21 de junio del 2002, el caso fue remitido a la CIDH, que lo admitió en noviembre de 2005 y convocó a las partes (SIP y al Estado de Colombia) a una reunión de trabajo para considerar un acuerdo amistoso.
Desde diciembre de 2005 y por cuatro años, en compañía de Ricardo Trotti, director de Libertad de Prensa de la SIP y del entonces vicepresidente de la SIP, Enrique Santos Calderón, se sostuvieron siete reuniones con el Gobierno Colombiano, representado por la Fiscalía, la Cancillería, la Procuraduría, y el Consejo Superior de la Judicatura, para el esclarecimiento del crimen, la investigación de las irregularidades cometidas por los funcionarios judiciales que tuvieron el caso anteriormente y el apoyo a la familia del periodista asesinado, entre otros puntos.
Fue un proceso productivo pero asimismo lleno de intimidaciones que incluso cruzaron las fronteras hasta llegar a la Oficina de la SIP en Miami. Diana Calderón, la investigadora de la URR, recibió amenazas que la obligaron a presentar declaración formal ante la Fiscalía el 7 de mayo de 2007, dejando constancia de
1. Las reiteradas llamadas telefónicas que ha realizado el señor Fernando a las oficinas de la SIP en Miami, y al celular del director de Libertad de Prensa, el señor Ricardo Trotti desde abril de 2006, reclamando rectificaciones y advirtiendo que “no descansará hasta no ver limpiado su nombre”.
2. Una llamada de un abogado del señor Bermúdez, al celular de Diana Calderón en la que le preguntó era ella la misma Diana Calderón que trabajaba para la SIP y que su cliente y él querían hablarle, a lo que contestó que no tenía nada y que debían dirigirse a la SIP.
3. En abril de 2006, se recibió en su oficina un libro del señor Bermúdez titulado Un propuesta de paz para Colombia con una dedicatoria para Diana Calderón Fernández.
4. Y el mismo día en que Miriam Carvajal, hermana del periodista asesinado, reportó que les llegaron a su casa unos anónimos, especie de sufragios, llegó a la oficina de Diana una fotocopia con unas tumbas y cruces con la frase: Sigan investigando y también descansarán.
5. Las permanentes llamadas de Miriam para advertirle a Diana que teme por ella, pues en la zona saben que ella es quien ha estado detrás de la investigación.
Desde el mismo momento en que los diarios colombianos publicaron la noticia de que la CIDH había admitido el caso, en Pitalito todos hablaban de que “Están de nuevo buscando a los asesinos del periodista”.
Las amenazas no solo afectaron el trabajo de la URR, la familia fue objeto de un proceso sistemático de intimidación: Volantes, seguimientos, llamadas, frases de que los próximos muertos son ustedes acompañaban el día a día de los Carvajal en Pitalito hasta que Gloria Carvajal, junto a la viuda Estela Bolaños y a las dos gemelas, abandonaron el país, con la ayuda del gobierno colombiano.
En el proceso de la investigación de la SIP y reuniones con el Gobierno, mataron a un testigo: a Pablo Emilio Bonilla Betancur, el 19 de abril de 2007. Bonilla Betancur, era testigo clave dentro del proceso investigativo que se adelantaba. La SIP había solicitado el 8 de noviembre de 2006 a las autoridades del gobierno de Colombia que se garantizara la protección del testigo.
Pero se siguió adelante con el trabajo porque en medio de todas las dificultades se había logrado por primera vez que la Fiscalía reactivara la investigación; que la Procuraduría y el Consejo Superior de la Judicatura investigara y castigara a los funcionarios judiciales que habían cometido irregularidades durante el proceso investigativo anterior; que la Cancillería ubicara y ofreciera ayuda a los familiares que habían tenido que exiliarse; que el Ministerio del Interior protegiera a Diana Calderón y de esta manera garantizara la continuidad del ejercicio libre del periodismo y la investigación. Y que incluso la Corte Suprema de Justicia analizara un caso que era cosa juzgada y por las pruebas sobrevinientes y anomalías en el proceso podía ser reabierto para juzgar a los responsables.
Las razones para seguir el caso son muchas: El 26 de agosto de 2008 fue capturado Carlos Augusto Rojas Ortiz, presidente de la asamblea del Huila como presunto coautor del asesinato del periodista. En la misma fecha la Fiscalía le pidió a la Procuraduría solicitar a la Corte Suprema de Justicia “revisar la decisión adoptada por el Juzgado Especializado de Neiva, que el 15 de diciembre de 2000 absolvió a Fernando Bermúdez Ardila, ex concejal de Pitalito y a Ramiro Falla, ex alcalde de la misma población.
Los argumentos: prueba sobreviviente en los casos de Bermúdez y Falla; y comprobadas anomalías en el proceso investigativo y judicial que terminó con la absolución de estos.
Carlos Arturo Rojas Ortiz fue dejado en libertad posteriormente y la Sala Penal de la Corte Suprema negó el recurso, pero la investigación continua.
Los familiares siguen el caso cada semana y la SIP con su URR está comprometida a no dejarlos solos hasta tanto los responsables estén tras las rejas.
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