Una misión de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) reclamó con preocupación las resoluciones de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua, en relación al cumplimiento de las condenas aplicadas a los asesinos de dos periodistas quienes podrían ser liberados tras obtener beneficios penales.

La misión de la SIP que visitó recientemente Managua reiteró su consternación a las más altas autoridades judiciales por el régimen de convivencia familiar concedido al autor del homicidio del periodista Carlos Guadamuz y por una eventual resolución que dictara la liberación del asesino de la reportera María José Bravo.

Carlos Guadamuz fue asesinado a balazos el 10 de febrero de 2004, cuando ingresaba a las instalaciones de Canal 23. El autor confeso de los disparos, William Hurtado García, fue condenado a 21 años de cárcel por los delitos de asesinato y tentativa de homicidio, pero en febrero de 2008 fue beneficiado con la excarcelación por su estado de salud, debiendo continuar la condena en su domicilio.

María José Bravo, corresponsal del diario La Prensa de Managua en Juigalpa, en el central departamento de Chontales, fue asesinada el 9 de noviembre de 2004. Por el crimen fue sindicado como autor material un ex alcalde de la región, Eugenio Hernández González, quien poco antes había recriminado verbalmente a la periodista por una cobertura noticiosa. Un juez condenó a 25 años de cárcel a Hernández, pero se ha desatado una polémica pública al conocerse que a través de un recurso procesal se pretendía alterar el agravamiento del asesinato cometido, calificándolo como homicidio culposo, lo que habilitaría al condenado para una próxima liberación dado que la pena de ese delito es de cinco años.

Durante la visita de la SIP, el Fiscal General, Julio Centeno, reafirmó y dijo que la Fiscalía mantuvo la acusación contra el asesino de Bravo, añadiendo que el citado recurso estaba pendiente de una decisión de la Corte Suprema de Justicia.

Por su parte, el vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, Rafael Solís, aseguró que el tribunal revisará el caso Guadamuz. Indicó que se aplicó una medida cautelar, explicando que “el juez con informe médico consideró que el reo estaba enfermo y el jefe penitenciario, autorizado por la ley, concedió la convivencia familiar”. Agregó, sin embargo, que fue presentado un recurso de amparo lo que podría derivar en que haya una revisión de la medida judicial original.

En el caso Bravo, Solís expresó a la SIP que se revisaría con cuidado, lo que en entrevista separada también manifestó el presidente de la Corte Suprema, Manuel Martínez.

La misión de la SIP, que también conoció en el terreno otros temas acerca de la libertad de expresión en Nicaragua, estuvo conformada por el presidente de la institución, Enrique Santos Calderón, de El Tiempo, Colombia; el vicepresidente Gonzalo Marroquín, de Prensa Libre, Guatemala; Bob Rivard, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, del San Antonio Express-News, Estados Unidos; Jorge Canahuati, presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales, de La Prensa, Honduras; José Roberto Dutriz, vicepresidente regional de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, de La Prensa Gráfica, El Salvador; Ed McCullough, de la agencia Associated Press, Estados Unidos; Liza Gross, de The Miami Herald; Julio Muñoz y Ricardo Trotti, director ejecutivo y director de Libertad de Prensa de la SIP, respectivamente.