De nada valieron los argumentos de la defensa de Eugenio Hernández, el asesino de la periodista de La Prensa María José Bravo, porque en el supremo tribunal los magistrados están convencidos de que la sentencia de culpabilidad debe quedar firme.

Fuentes judiciales informaron que existe consenso entre los seis magistrados que conforman la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para confirmar la sentencia en la cual se condenó a 25 años de presidio a Hernández por el delito de asesinato.

El 11 de septiembre pasado, Hernández se jugó su última carta ante la instancia judicial superior, tratando de desvirtuar las pruebas de la Fiscalía e intentando convencer de la teoría de la “bala saltarina”, con el propósito de aminorar la pena y variar la tipificación del delito.

María José Bravo fue asesinada por Hernández el 9 de noviembre de 2004, cuando se encontraba dando cobertura al proceso de elecciones municipales. Hernández disparó un revólver Astra, calibre 38, desde el interior de un bolso, que impactó el cuerpo de la joven periodista.

Las investigaciones demostraron que Hernández estaba a poca distancia de la víctima, guardó el arma en el bolso para no despertar sospechas de la procedencia del disparo y lo tiró al suelo.

CIRCULAN PROYECTO

Eugenio Hernández fue alcalde por el Partido Liberal Constitucionalista (PLC) en el municipio de El Ayote, Juigalpa, Chontales, y en enero del 2005 fue condenado por la juez de Distrito de lo Penal, Rosa Inés Osorio.

Aunque la ley establece un plazo de un mes para que los magistrados dicten una sentencia definitiva, el proyecto está apenas circulando a lo interno de la Sala Penal.

Según las fuentes consultadas en la Corte, la audiencia celebrada en septiembre pasado no arrojó ningún elemento que pudiese desvirtuar los argumentos de la Fiscalía que demuestran que su actuación fue planificada. En base a las pruebas saldrá la sentencia, dijo la fuente.

Julio Montenegro, fiscal designado para el caso, dijo que la defensa de Hernández erró en su intervención en la última audiencia al atacar las evidencias, puesto que la Corte no evalúa las pruebas sino los procedimientos jurisdiccionales.