Se suma a reclamo del Consejo de la Prensa Peruana para que crimen no quede impune.

Miami (21 de septiembre de 2007).- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) se sumó al pedido del Consejo de la Prensa Peruana (CPP) para que el Poder Judicial y el Ministerio Público en Perú no permitan que el crimen del periodista Antonio de la Torre Echeandía, ocurrido en el 2004, quede en la impunidad tras la reciente captura del presunto asesino.

Moisés Julca Orrillo, acusado como uno de los presuntos autores materiales del asesinato de De la Torre, fue detenido el 18 de septiembre en la ciudad de Chimbote, región Ancash. El CPP solicitó a las autoridades que prosiga con la investigación del caso y con el proceso judicial correspondiente.

El periodista De la Torre, de 43 anos, fue apuñalado y golpeado por dos sujetos que lo interceptaron el 14 de febrero de 2004 cuando salía de una actividad social. A causa de las heridas falleció al día siguiente luego de identificar como uno de sus asaltantes al conductor particular del alcalde de la municipalidad de Yungay, en Ancash, localizada a más de 350 kilómetros al norte de Lima.

“Esperamos que con la captura de este supuesto autor material se llegue al fondo del caso. Si bien es necesario juzgar al ejecutor del crimen, es imprescindible que la justicia peruana lleve ante los tribunales a los instigadores de los actos de violencia. Solo de esta manera se logrará combatir la impunidad de los crímenes contra periodistas”, expresó Gonzalo Marroquín, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa de la SIP.

De la Torre conducía el espacio “El Equipo de la Noticia” en Radio Orbita en el que criticaba y denunciaba irregularidades en la gestión de la administración municipal del alcalde de Yungay, Amaro León León, implicado en el asesinato.

El 14 de diciembre de 2005 la Corte Superior de Justicia de Ancash sentenció a León León a 17 años de prisión por su autoría intelectual en la muerte del periodista. También fueron condenados a cumplir la misma pena Pedro Angeles Figueroa y Antonio Torre, otros de los implicados en el asesinato. Sin embargo, en julio de 2006, tras una resolución de la Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia, León León y los otros dos sentenciados fueron excarcelados y absueltos de los cargos por falta de pruebas.

El caso de De la Torre fue sometido ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por su viuda Dina Ramírez y el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) por considerar que fueron violados el derecho a la vida, a la libertad de pensamiento y expresión, a la integridad personal, a un trato humano - incluyendo el de no ser sometido a tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes-, a las garantías del debido proceso, a la protección de la familia, y a la protección judicial contra violaciones de los derechos fundamentales.

En mayo pasado una delegación conjunta de la SIP y el CPP se reunió con autoridades de los poderes Ejecutivo, Judicial y Legislativo del Perú a los que solicitó que se adoptaran medidas tendientes a frenar la impunidad y reclamó mayor diligencia para esclarecer los crímenes de los periodistas, entre los que mencionó los casos de De la Torre, Alberto Rivera Fernández, Miguel Pérez Julca, Todd Smith y Jaime Ayala.