Fiscal federal para investigar agresiones a periodistas. A partir de hoy, Baja California y Michoacán se convierten en el tercer y cuarto Estado del país que cuentan con un fiscal federal para investigar las agresiones a periodistas en función de su trabajo, aunque su creación tiene que ver más con inhibir cualquier atentado a la libertad de expresión y salvaguardarla.

Lo anterior fue dado a conocer por el delegado de la Procuraduría General de la República, Antonio Mendoza Chávez. Ante una veintena de reporteros que esperaban conocer a quien en un futuro podrían requerir de su asesoría e intervención, el delegado de la institución presentó al Licenciado Miguel Ángel Meneses Maciel, un tampiqueño con más de 10 años dentro de la PGR, misma en la que ha sido agente del Ministerio Público de la Federación en Mexicali, Tijuana, Ensenada y San Felipe. Para Michoacán, el Procurador nombró al Licenciado David Sámano Nava.

"Esta designación tiene como objetivo contribuir a salvaguardar la libertad de expresión de los representantes de los medios de comunicación, para que estén en posibilidad de cumplir con el compromiso de mantener a la sociedad verazmente informada", afirmó Mendoza Chávez en la reunión con los periodistas. Asimismo, que el nombramiento se llevó a cabo en cumplimiento a los lineamientos generales del acuerdo A/136/05, firmado por el Procurador General, Daniel Cabeza de Vaca, en el que se dispone sean las delegaciones estatales de la institución las que asuman la coordinación jurídica en las investigaciones de este tipo de delitos.

Cuando el delegado terminó de hacer la presentación oficial de dicho funcionario federal, los periodistas quisieron conocer más a fondo las facultades que tendrá la fiscalía a su cargo, pero sólo se limitó a decir que trabajaría con todo su empeño para llevar a cabo esa comisión "... tan especial que es atender a cualquier delito que se efectúe o se perpetre en contra de cualquier tipo de periodista, reportero, comunicador y medio de comunicación".

Parco y nervioso en su intervención ante las cámaras y grabadoras, Meneses Maciel agregó: "Es evidente la voluntad que tiene la Procuraduría General de la República en la protección al derecho de la información de los periodistas, para en el caso que reciban alguna amenaza o ataque con objeto de inhibirlos en su función de dar a conocer las noticias a la sociedad, nos hagan llegar de inmediato su denuncia para nosotros poder abocarnos a ella de inmediato".

Como a las 6:40 p.m. del 9 de noviembre de 2004, se empezó a difundir el rumor, a las 7:00 p.m. la noticia estaba confirmada. La periodista María José Bravo Sánchez, de 26 años, había sido asesinada en las afueras del Instituto Nacional Autónomo de Chontales, que en ese momento funcionaba como Centro de Cómputos para las elecciones municipales, en la ciudad de Juigalpa.

Una pregunta que surgió entre los reporteros al conocerse la creación de esta fiscalía especial, fue si las investigaciones que se realicen por una eventual agresión a éstos, será efectiva y contundente para castigar a los responsables y no quede en el olvido oficial, como ha sucedido con otros casos. Al no poder responder a la inquietud de los periodistas, inmediatamente el delegado tomó la palabra y dijo que con el nacimiento de esa oficina especial, se pretende en primer lugar inhibir cualquier conducta en contra de los comunicadores, ya que el acuerdo firmado por el procurador, refiere que se obtendrá información de cualquier agencia del Ministerio Público del Orden Común o Federal permanentemente, o el lugar de donde surjan, a fin de darle seguimiento y proteger la libertad de expresión.

Semanas atrás, la PGR anunció la creación de fiscalías especiales en Sinaloa y Nuevo Laredo; en este último, los periodistas locales rechazaron al fiscal designado. Lauro Ortiz Aguilera: