Culiacan, Sinaloa (10 de julio del 2005).- El juez mixto con sede en Escuinapa, José Julio
Astorga Ceja, declaró formalmente preso al ex director de la Policía Municipal, Abel Enríquez Zavala, por su presunta participación en el homicidio del reportero gráfico Gregorio Rodríguez Hernández, ocurrido el 28 de noviembre de 2004.

La instancia judicial que lleva el caso encontró suficientes elementos para declarar el encarcelamiento del ex jefe policiaco, a quien además se vincula con el narcotráfico.

El principal testigo en las indagatorias sobre el homicidio de Gregorio Rodríguez, Juan Ramón Ochoa Hernández, se encuentra desaparecido y su familia teme por su vida, debido a que no se presentó a un careo programado por el juzgado penal de Escuinapa.

En su oportunidad, Ochoa Hernández señaló ante el Ministerio Público que el motivo del homicidio del periodista del diario regional El Debate, ocurrido en el municipio de Escuinapa, fue una fotografía publicada en el citado rotativo que tomó la víctima, en la que aparecían juntos el ex director de la Policía Municipal, Abel Enríquez, y Antonio Frausto, operador del cártel de Sinaloa en el sur del estado.

El reportero fue asesinado por sicarios cuando cenaba con su familia en Escuinapa, y apenas en julio la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) trabajó nuevas líneas de investigación, entre ellas la que conduce a los vínculos entre el ex jefe policiaco y el narcotráfico.

El testigo de cargo no se presentó al careo, programado para el viernespasado en las instalaciones del juzgado mixto en Escuinapa, y los familiares reportaron su desaparición ante la PGJE.

"La verdad tememos por la vida de nuestro hijo; el viernes nos llamó y dijo que estaba detenido en Nayarit, pero fue muy breve y colgó", dijo David Ochoa Martínez, padre del desaparecido.

Los familiares del testigo, agregó Ochoa Martínez, están interesados en que Juan Ramón declare ante el juez todo lo que sabe y se presente al careo con Abel Enríquez, "para que de una vez termine esta incertidumbre".

A pesar de que era un testigo de importancia para el esclarecimiento del caso, la PGJE no asignó a agentes de la Policía Ministerial para que brindaran protección a Juan Ramón Ochoa.
Centro Nacional de Comunicación Social, A.C.