Es cuestionable que después de tres largos años de una accidentada querella judicial, en la que hubo de todo --desde presiones hasta detractaciones sospechosas de los principales acusados--, el alcalde de Coronel Portillo (Pucallpa), Luis Valdez Villacorta, haya sido absuelto de los cargos que lo sindicaban como autor intelectual del asesinato del periodista Alberto Rivera Fernández.

El sabor es, sin duda, amargo. Primero para los familiares de la víctima, que se preparan con toda justicia a apelar el fallo ante la Corte Suprema, pero también para todos los peruanos que defienden el libre e irrestricto ejercicio de la libertad de expresión y prensa en nuestro país. Como han expresado la Sociedad Interamericana de Prensa, el Consejo de la Prensa Peruana y el Instituto Prensa y Sociedad, ninguna sociedad puede tolerar que se impongan mordazas a la prensa independiente y menos que se atente contra la vida de los periodistas que investigan y fiscalizan a la autoridad, y denuncian a los corruptos.

En este caso, la justicia ha sancionado a los sicarios que confesaron haber asesinado al periodista pucallpino. Pero ha perdido la oportunidad de ahondar en las investigaciones para descubrir quién contrató a esos delincuentes, con qué objetivos y en qué contextos. Según ha trascendido, los magistrados sostienen su controvertido fallo en que no había elementos que confirmasen los testimonios presentados; tampoco documentos u otras pruebas que ratificasen la veracidad de las acusaciones de los sicarios. ¿Qué querían: una orden escrita, firmada por el autor intelectual?

Los asesinos se retractaron después de que habían declarado que habían sido contratados por el ex vocal y ex gerente municipal de Coronel Portillo Solio Ramírez Garay y el alcalde Valdez. ¿Pero eso es normal? ¿No se consideró que el periodista fue asesinado después de denunciar los vínculos del alcalde con el narcotráfico?

Nada justifica la impunidad. Por eso, toda la prensa nacional independiente se unió y se mantuvo en guardia para seguir celosamente el fallo judicial y la sanción a los implicados, hoy libres de polvo y paja. Por su parte, la SIP envió una misión al Perú, exigió el esclarecimiento del asesinato y reconoció el caso de Rivera Fernández como emblemático de las amenazas que penden contra el periodismo y que deben combatirse. Esa lucha no ha terminado.