La ex presidenta de Nicaragua, Violeta Chamorro, respaldó la gestión de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que entregó al organismo hemisférico el resultado de dos nuevos casos sobre asesinatos contra periodistas, durante un panel sobre impunidad realizado el 27 de julio en el marco de la Conferencia sobre la Declaración Interamericana de Libertad de Expresión.

Chamorro firmó una carta de apoyo que fue presentada al secretario ejecutivo de la CIDH, Jorge Taiana, junto a la documentación sobre los crímenes contra Edgar Lopes de Faria de Brasil y Benjamín Flores González de México, ambos ocurridos en 1997, y destacó en su exposición la necesidad de "exigir una mayor voluntad política a los gobiernos, congresos, sistemas judiciales para que adopten medidas que acaben con la impunidad". La afable ex mandataria conoce de cerca el tema, su esposo, el periodista Pedro Joaquín Chamorro, fue asesinado en la capital nicaragüense en 1978.

Taiana por su parte, se refirió al trabajo de la SIP del que dijo "ha permitido tener nueva documentación y en varios casos, aunque no se reparan las vidas, podremos impulsar su esclarecimiento". La SIP ha entregado documentación a la CIDH de 15 casos, iniciativa que comenzó en 1997.

El presidente de la Comisión de Impunidad, Alberto Ibargüen, quien estuvo a cargo de la presentación del panel, enfatizó en que "la matanza de periodistas sigue sin reconocer fronteras. Las estadísticas nos obligan a redoblar esfuerzos". Y es que las cifras no mienten. "En lo que va de año once periodistas han sido asesinados, cinco en México, dos en Colombia y uno en cada uno de los siguientes países: Guatemala, Haití, Paraguay y Uruguay", lamentó

Ibargüen, del The Miami Herald, enfatizó sobre el trabajo de la Unidad de Respuesta Rápida, instancia creada, según explicó, "para determinar las causas de los asesinatos, manifestarnos en forma expedita y categórica y buscar soluciones en organismos intergubernamentales". Reveló además que entre los logros de la labor investigativa de los últimos meses está la reapertura de un caso cerrado desde 1999 en Brasil, la intensificación de un proceso judicial en Colombia y la posible solución de un crimen en ese mismo país.

Tres temas, desprendidos de la Conferencia Hemisférica de Guatemala en 1997 y plasmados en la Resolución 29 adoptada por la UNESCO posteriormente, fueron nuevamente retomados: que los crímenes contra periodistas no prescriban; que la responsabilidad judicial pase a la esfera federal para aumentar las garantías de la solución de los crímenes e insistir a cada gobierno para que se investigue la autoría intelectual de los crímenes.

Sobre estos tres puntos también se refirieron los demás panelistas.

Robert Cox, del The Post and Courier, Charleston, Carolina del Sur y segundo vicepresidente de la SIP, comentó sobre dos casos de asesinato en Argentina: el de José Luis Cabezas, en Buenos Aires y el de Ricardo Gangeme, en la provincia de Chubut.

Cox, quien residió durante 20 años en Argentina, contrastó la reacción que recibió un crimen cometido en la capital y la escasa atención de otro que sucedió en la Patagonia argentina. Comentó también que "aunque en algunos casos son procesados los que halan el gatillo, en pocas ocasiones sucede lo mismo con los autores intelectuales o los que promueven los crímenes".

Rafael Molina, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, expuso sobre lo que consideró "dos casos emblemáticos en la República Dominicana", el crimen del periodista Orlando Martínez en 1975 y la desaparición de Narciso González en 1994. Molina, de la revista Ahora, Santo Domingo, República Dominicana, aprovechó para anunciar que pese a que el crimen de Martínez ocurrió hace 25 años, los militares y civiles acusados de este asesinato están siendo procesados en su país.

"Este caso es un ejemplo de cómo la impunidad puede durar mucho tiempo, pero si los periodistas lo mantienen vivo y se oponen a su prescripción, la justicia puede llegar. La denuncia sigue siendo el instrumento de lucha por excelencia, por lo que los crímenes contra periodistas no deben prescribir en nuestra conciencia ni en el aspecto legal porque solamente con la fuerza de una opinión pública vigorosa y bien orientada podrá ponerse coto a la impunidad en el hemisferio", afirmó Molina.

La actividad concluyó con la necesidad de reactivar ante los gobiernos la no prescripción de los asesinatos contra periodistas por constituir crímenes de lesa humanidad al privar a muchos del derecho a la información. Tal como sintetizara Molina en su presentación "cuando la víctima de ese crimen es un periodista, la impunidad cobra dimensiones multiplicadas, por cuanto no solo se ha sesgado una vida, sino que también se deja desprotegida a la sociedad que, en cada uno de esos sucesos, pierde un aliado en la necesaria búsqueda de la verdad que se realiza a través de la prensa"·