Mazatlán (4 de abril de 2008).- El Juez Mixto de Escuinapa dictó sentencia condenatoria al exdirector de Seguridad Pública Municipal de ese municipio, Abel Enríquez Zavala y a tres coautores por el homicidio del reportero gráfico Gregorio Rodríguez Hernández, de El Debate.

Por el mismo caso también fue sentenciada recientemente Marisela Machado Dennis, pero salió libre tras el pago de una fianza.

El veredicto se dio a casi cuatro años de ocurrido el crimen, un 28 de noviembre de 2004. Al exjefe policiaco, quien es considerado como el autor intelectual, lo sentenciaron a 11 años y seis meses de prisión por el delito de homicidio doloso cometido en perjuicio del periodista.

La misma penalidad fue para los autores materiales Elías Álvarez González o Efraín Contreras Hernández o Benjamín Contreras Hernández, Francisco Javier Pineda Sarmiento y Pedro Salas Franco.

A estos últimos les aumentaron una pena de cinco meses y 18 días por el delito de evasión de presos. Los arrestaron el 12 de marzo de 2005 por asalto a un taxista y se fugaron dos días después de la cárcel de Escuinapa. Fueron recapturados y recluidos en el Cecjude de Mazatlán. Estando presos le cumplimentaron las órdenes de aprehensión.

Personal de Control de Procesos adscrito a la subprocuraduría de Justicia en la zona sur, recibió en la tarde de ayer la información sobre la sentencia que dio el Juez Mixto de Escuinapa, Daniel Armenta Rentería.

La reacción

María Teresa González, viuda de Gregorio Rodríguez, se mostró indignada por la sentencia que le dieron a los asesinos de su esposo, porque a pesar de ello, nada podrá regresarle a su pareja y padre de sus hijos.

Criticó la actitud del juez, pues a pesar de que cada semana acude al juzgado para informarse sobre el curso del proceso, ayer se enteró de la sentencia a través de un noticiero de radio, pese a que tiene derecho de que se le notifique primeramente.

Dijo que contempla apelar la sentencia con el apoyo del Ministerio Público de Escuinapa, José Hipólito Varela. De concretarse este derecho, todo el proceso sería sujeto a una revisión por parte de una de las Salas del Supremo Tribunal de Justicia en el estado.

Regreso al pasado

Fue la noche del 28 de noviembre de 2004 cuando Gregorio Rodríguez fue asesinado a balazos cuando se encontraba cenando en una taquería al lado de sus pequeños hijos y ante decenas de testigos.

Unos sujetos llegaron y casi a quemarropa le dispararon hasta dejarlo sin vida.

Un día después, cientos de escuinapenses marcharon por las principales calles en protesta y repudió por el asesinato de Rodríguez. El exgobernador del estado, Juan Millán, aseguró que el personal más calificado trabajaba para esclarecer el asesinato. Tres días después del crimen, el entonces procurador General de Justicia del Estado, Óscar Fidel González Mendívil, anunció la identificación del presunto homicida y del arma que se utilizó en el hecho.

Sin embargo, no reveló nombres bajo el argumento de mantener en reserva la investigación. El miércoles primero de diciembre de 2004, agentes ministeriales, estatales y del Ejército catearon dos fincas propiedad de Antonio Frausto Ocampo.

El secretario segundo del Juzgado Mixto de Primera Instancia, José Julio Astorga, dijo en ese momento que la Agencia del Ministerio Público de Escuinapa le solicitó la orden de cateo.

Iban en busca de un hijo de Antonio Frausto y porque se le relacionó con el homicidio del periodista.

'Chivos expiatorios'

Quince días después de la muerte de Gregorio Rodríguez, agentes ministeriales arrestaron a Abraham Ernesto Cedano Ornelas por su presunta complicidad en el homicidio.

El 20 de enero de 2005 fue aprehendido su hermano Manuel Ulises, como probable ejecutor del periodista. Fue dado a conocer por el entonces subprocurador de Justicia en la zona sur, Alfredo Higuera Bernal y el subprocurador general de justicia, Marco Zazueta.

Los sospechosos lograron salir libres el año pasado tras comprobar que nada tuvieron que ver en el artero crimen.

El domingo 2 de julio de 2005, fue dada a conocer la detención del exdirector de Seguridad Pública, Abel Enríquez Zavala, por agentes especiales que investigaban el asesinato.