Las reformas al Código Penal Federal aprobadas el pasado 3 de abril en la Cámara de Diputados, para la supuesta federalización de los delitos contra la libertad de expresión, no ponen un alto a la impunidad que en la actualidad rodea a todos los casos de asesinatos y agresiones a periodistas.

La reforma —que redactaron en conjunto legisladores, periodistas, asociaciones civiles, organizaciones de derechos humanos y universidades— se quedó a medias por culpa de intereses particulares y partidistas.

Así lo revelan representantes de las principales organizaciones de defensa y protección a periodistas como la Sociedad Interamericana de Prensa y Artículo XIX, además del presidente de la comisión especial de atención a agresión a periodistas, el panista Gerardo Priego.

Entrevistados por separado por El Univbersal, coincidieron en que las reformas a los artículos 430 y 431 del Código Penal Federal no resuelven la impunidad, y sólo significan un avance en la definición de periodista, con la que pueden desahogarse diferencias de criterios en un juicio.

El vicepresidente de la Comisión de Impunidad de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y también colaborador de El Univbersal, Roberto Rock aseguró que la reforma aprobada “es un engaño”.

“La verdad es que es una farsa, como funcionario de la SIP puedo decir que es un engaño, porque ellos han dejado correr la idea de que lo que aprobaron en la federalización de los delitos contra periodistas, a mi me gustaría que César Camacho (presidente de la comisión de Justicia de la Cámara de Diputados) en blanco y negro, en castellano, si la federación, las autoridades de procuración de justicia federal con esta reforma van a intervenir más directamente para investigar, prevenir o resolver delitos contra periodistas, ¿sí o no?.

“A mí me dijo Camacho que él es consciente de que esto no es así, de que no habrá una mayor responsabilidad de la federación, pues para haberla hay que modificar la Constitución”, dijo Rock.

Incluso, hizo referencia a la iniciativa de reformas al artículo 73 constitucional que aún falta de aprobarse en una comisión legislativa y en el pleno, y la cual se acercaría más al objetivo de que la federación atraiga los casos de agresiones a periodistas, a través del Ministerio Público.

Para la SIP las reformas al Código Penal no cumplen con el objetivo inicial de combatir la impunidad que rodea a todas las muertes de periodistas.

En tanto, la asociación Artículo XIX enfocada en derechos humanos, dio a conocer un comunicado en el que reprocha la “no federalización” de los delitos contra periodistas.

“Esta reforma resulta insuficiente para proteger la libertad de expresión, es indispensable señalar que la reforma al Código Penal Federal no federalizó los delitos cometidos contra la libertad de expresión toda vez que no se modificó la competencia de la federación, es decir, no se reservó la facultad de investigación e impartición de justicia al fuero federal”.

Por ello, hicieron un llamado al Legislativo para que el Senado refrende lo aprobado –que consideran insuficiente pero sí necesaria-, y Diputados aprueban las reformas constitucionales al 73 constitucional para atraer a la federación delitos contra la libertad de expresión.

Por su parte, el presidente de la comisión especial que investiga agresiones contra periodistas, el panista Gerardo Priego sostuvo que sí hay deficiencias, pero que debe reconocerse como un primer paso en tiempos políticos complejos.

Y es que entre las curules de la Cámara de Diputados se conocieron de algunas resistencias por parte de diputados del PAN y PRI a aprobar las reformas al Código Penal el pasado 3 de abril.

Una legisladora por Chihuahua reclamó que se pretenda proteger a los periodistas, cuando a ella la “golpean” en los periódicos locales, y algunos panistas dirigidos por Adrián Fernández buscaron aplazar la votación para darle paso a la iniciativa constitucional que esta pendiente y que propuso el presidente Felipe Calderón.

Priego admitió que hubo presiones y desacuerdos que provocaron la negativa a insertar en la lista de delitos del fuero federal del Código Penal, el que atenta contra la libertad de expresión.

“Hubo contradicciones incluso desde la Procuraduría General de la República y hay resistencia de los gobernadores, sobre todo de aquellos estados con más alto índice de violencia contra periodistas (Veracruz, Oaxaca, Tamaulipas, Chihuahua, Sonora, Michoacán, Sinaloa, Baja California, Estado de México y Distrito Federal), pues es lógico que rechazan que haya impunidad o incapacidad para resolver los casos”.

Priego refirió que es justo previo a los procesos electorales cuando se desatan las agresiones a periodistas, así lo confirmó la Comisión Nacional de Derechos Humanos con respecto a estudios de los 24 años atrás.

“Necesitamos una prensa libre, libre de informar, porque lo que estamos viendo son medios que ya no pueden decir lo que ven, a los que el narcotráfico les dicta línea y obviamente se les hace caso porque las consecuencias son terribles”, dijo.

Priego afirmó que se insistirá en el tema y en impulsar modificaciones al 50 del Código Penal para que, independientemente de las leyes locales, cualquier delito con torno a la libertad de expresión y el ejercicio periodístico sea del fuero federal.