Por Mauricio Farah Gebara
Quinto visitador general de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos

El rapto y asesinato de Eliseo Barrón Hernández, reportero de La Opinión MILENIO de Torreón, filial del grupo Multimedios en La Laguna, revela los extremos a los que puede llegar una violencia en expansión, una de cuyas vertientes se dirige frontalmente contra los periodistas.

No es ya el disparo furtivo de una sombra que agrede y huye, acción de suyo reprobable, sino la entrada visible de un comando de ocho personas que extrae a la víctima de su casa, la priva de su libertad y le arrebata la vida. Es la exhibición de la violencia como instrumento de represión, amenaza y advertencia.

En los recientes nueve años han sido asesinados 50 periodistas en México, 30 de ellos de 2006 a 2009. Se trata de una tendencia creciente que ha encontrado como respuesta la indignación social y, simultáneamente, la impunidad.

Desde el año 2000, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha iniciado 483 expedientes de queja por agresiones a periodistas y probables violaciones a sus derechos humanos, lo que representa un promedio anual de 48 en 10 años. En los últimos cuatro años, sin embargo, el promedio es de 77, en tanto que en los cinco primeros meses de 2009 se han radicado 24 expedientes de queja.

Si se toma en cuenta que en la década de los noventa el promedio de expedientes de queja abiertos por agravios a periodistas fue de 23, es claro que la violencia contra los profesionales de la información se ha triplicado, y ello sin considerar los casos de los que conocen las comisiones estatales de derechos humanos y aquellos que no se denuncian

Toda vulneración a los derechos fundamentales de las personas es inaceptable. En el caso de las agresiones a periodistas, en particular, además de la gravedad que es inherente a la amenaza, la intimidación y la privación de la libertad o de la vida, el ataque supone una represión a la libertad de expresión de la persona y una limitación al derecho a la información de la sociedad.

La circulación de noticias y opiniones es uno de los nutrientes fundamentales de una sociedad democrática. Impedirla, inhibirla o reprimirla, por tanto, es un atentado contra las libertades y los derechos de todos, pues con ello se obstruye el derecho a decir y el derecho a saber.

El periodismo es, por definición, una actividad pública, cuya materia es la información. Y es allí, en el terreno de la información pública, donde la actividad de un periodista puede ser debatida, aplaudida, criticada, rebatida.

Pero hoy, y cada vez con mayor frecuencia, esta actividad pública es llevada a lo privado hasta el extremo al que han llegado los agresores del reportero Eliseo Barrón Hernández, a quien, en presencia de su familia, insultan y golpean en su propia casa, de donde lo sacan para privarlo de la vida.

Hay aquí, además de la evidente e inadmisible violencia, una doble y peculiar distorsión: cómo la información y sus efectos son trasladados de lo público a lo privado y cómo la información se encarna, pa-
ra la venganza, en quien la divulga hasta convertirlo en blanco de una acción represiva.

Cada agresión a un periodista, más aún cuando se trata de homicidio o desaparición, es una agresión directa a la vigencia del estado de derecho. También lo es la inacción de la autoridad que desemboca en impunidad y que a la vez se constituye en aliento para quienes han elegido la violencia para proteger sus intereses.

La protección de la libertad de expresión no es abstracta. La libertad de expresión se salvaguarda con acciones específicas de prevención y de procuración de justicia.

Si la autoridad no asume su responsabilidad con la prontitud a la que está obligada, más aún considerando la frecuencia de hechos similares, se estará ensanchando el camino para los agresores.

Hasta ahora, la abrumadora mayoría de las agresiones que han padecido los periodistas en México permanecen en la impunidad. Las averiguaciones previas suelen abrirse lenta y tardíamente, largo es el tiempo de las investigaciones y escasa es la posibilidad de que se concluyan. Esta afirmación no parte de un supuesto. Los hechos revelan que los responsables de los ataques no han recibido las sanciones respectivas.

Por ello, el homicidio de Eliseo Barrón, como el de 49 informadores más, debe ser esclarecido y sus autores castigados. La familia de la víctima debe tener un eficaz y verdadero acceso a la justicia. Ésta, además de la prevención y de la creación de un entorno propicio para el ejercicio de las libertades, es la vía concreta para defender y dar vigencia a la libertad de expresión y al derecho a la información.

Sin esta protección real, estos derechos no son más que una ficción.