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Colombia
July 13, 2009
Fiscal general de Colombia favorece reforma sobre “justicia premial”
Diana Calderón, URR-Colombia

Entrevista

El fiscal General de la Nación Mario Iguarán, quien dejará el cargo el 31 de julio próximo, después de cuatro años de labor, relató en exclusiva a la SIP los avances investigativos y los logros contra la impunidad durante su gestión; al tiempo que favorece una reforma política criminal para que no conceden fácilmente beneficios penales y confiesa que la Justicia de su país enfrenta una falta de colaboración y enormes dificultades procesales.

1. Cuál es su balance en términos del castigo a los asesinos de periodistas en este período?

A la fecha en la Unidad de Derechos Humanos se adelantan 47 investigaciones, 12 de las cuales han ingresado durante esta administración, y dentro de las cuales, se han producido cuatro sentencias condenatorias, dos en etapa de investigación formal y seis en indagación preliminar.

Debido a las notables agresiones contra la libertad de prensa, en especial a los periodistas, quienes en desarrollo de su labor, han sido objeto de múltiples crímenes y agresiones, la Fiscalía General de la Nación, en desarrollo de su misión constitucional y persecución de la acción penal, impartió directrices a la Unidad Nacional de Derechos Humanos y DIH, y a las Direcciones Seccionales de Fiscalías del país, a fin de realizar seguimiento especial a estas investigaciones, como a todas las relacionadas con los Derechos Humanos.

Al inicio de esta administración, en la Fiscalía se adelantaban 35 investigaciones en la Unidad Nacional de Derechos Humanos por delitos de asesinatos contra periodistas. A la fecha, se han proferido cuatro sentencias por tales crímenes. Sin duda, se trata de investigaciones que revisten especial dificultad, una de ellas se asocia a la falta de suministro de información por parte de quienes tienen conocimiento de los mismos, bien se trate de presuntos autores o testigos de los mismos, en algunos casos las causas se vinculan a amenazas e intimidaciones diversas.

A título de ejemplo, en el asesinato del señor José Duviel Vásquez Arias, el 6 de julio de 2001 en Florencia Caquetá, quien se desplazaba en su vehiculo particular junto con el también periodista Omar Orlando García, éste pudo identificar al sicario que disparó contra de su compañero, hechos por los cuales, tuvo que exiliarse en otro país. Pasados seis años del crimen, al producirse la captura de algunos milicianos de las FARC, éste periodista logró reconocer al agresor, lo cual, permitió la vinculación al proceso de Tiberio Hernán Bocanegra Urueña, encontrándose pendiente de que el juzgado profiera sentencia condenatoria. Es decir, que la colaboración efectiva y decidida dentro del proceso por parte del señor GARCÍA, fue fundamental en la sanción de la muerte del señor VASQUEZ ARIAS.

2. De 20 condenas que se han impuesto en Colombia en los asesinatos de periodistas en los últimos 16 años, cuatro fueron impuestas en enero de este año. ¿Cuáles creen que fueron las claves para romper esta curva de impunidad? ¿Las versiones entregadas por paramilitares?
Sin duda, el trabajo que ha desplegado la Fiscalía General de la Nación en la lucha contra la impunidad es decidida, tal y como queda constatado en los logros conseguidos al interior de la Unidad de Derechos Humanos, y dentro de ésta en las subunidades que adelantan las investigaciones por crímenes de periodistas, entre otras acciones, a través del Memorando 035 del 6 de marzo de 2008 se requirió a las Direcciones Seccionales de Fiscalías, la realización de Comités Técnico Jurídicos, especialmente en las investigaciones adelantadas por homicidios contra periodistas. A través de esta herramienta se busca establecer canales directos de diálogo e interacción entre los servidores al frente de las investigaciones, como también analizar las dificultades presentes en las mismas y establecer, previo estudio, la viabilidad de reabrir las investigaciones que se encuentren archivadas, en aras de dar prioridad a estos casos.

3. ¿Por qué no ocurre lo mismo en procesos como el de Orlando Sierra, el subdirector del periódico La Patria de Manizales, en el que la Fiscalía logró las condenas de tres autores materiales? ¿Por qué no se pudo determinar quién es el autor intelectual? Qué pasó con las versiones recogidas que señalan a algunos miembros de la clase política caldense?

El caso adelantado por la muerte del periodista Orlando Sierra, permitió constatar la responsabilidad penal de quienes ejecutaron tan grave crimen, dentro de la investigación quedó probado que los móviles que condujeron a la muerte de Sierra, se vincularon al ejercicio de su actividad profesional en el periódico La Patria de Manizales. En este caso, la Fiscalía General ha venido desplegando todos los esfuerzos investigativos por obtener la verdad y justicia, enfrentándose con una notoria falta de colaboración procesal por parte de quienes tuvieron conocimiento del crimen. A la fecha no existe prueba suficiente que permita demostrar la responsabilidad penal de miembros de la clase política caldense por tales hechos, no obstante, la Fiscalía continúa indagando, en aras de esclarecer los mismos.

4. Hay, un 43.8 por ciento de casos que se encuentra en etapa preliminar, en práctica de pruebas, no obstante que los crímenes ocurrieron hace varios años, más de 15 años, en algunos casos, por lo que se concluye que la Fiscalía no ha logrado reunir dichas pruebas contra los responsables en muertes como las de: Carlos Lajud Catalán (1993)., Gerardo Bedoya (1995), Francisco Castro Menco (1997), Jairo Elías Márquez (1997), Didier Aristizábal (1998), entre otros. En el caso particular de Gerardo Bedoya, no se entiende cómo puede aún la Fiscalía duda de que se trata de un homicidio por el ejercicio profesional. No hay una sola persona detenida, ni un solo dato que pueda plantear que la investigación va por buen camino.

Como se señaló con anterioridad, durante esta administración la lucha contra la criminalidad que afecta los derechos humanos ha sido una prioridad, razón por la cual se han fortalecido las investigaciones en crímenes cometidos contra periodistas en razón de su ejercicio profesional. Ninguna de las anteriores administraciones puede mostrar logros significativos en este ámbito, nuestro compromiso es claro luchar contra la impunidad, adelantar investigaciones eficientes y oportunas, conseguir la verdad y acusar a los responsables ante los tribunales.

Pese a ello, nos encontramos con enormes dificultades probatorias que afectan el desarrollo investigativo, las cuales en su mayoría se asocian al hecho que los testigos son víctimas de amenazas e inclusive atentados contra su vida e integridad personal. La Fiscalía General continúa trabajando en el esclarecimiento de estos crímenes con el claro propósito de evitar la impunidad.
5. El 28.07 por ciento de los procesos investigativos por homicidios de periodistas asesinados en los últimos 16 años están archivados o suspendidos. Se trata de aproximadamente 16 casos que se encuentran regados por las distintas fiscalías alrededor del país, procesos que no son atendidos directamente por la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía en Bogotá y sobre los cuales la SIP lleva años pidiéndole a la Dirección Nacional de Fiscalías una decisión sin resultados hasta ahora. ¿Corrupción, negligencia, incapacidad de los investigadores?

Durante el año 2008, la Dirección Nacional de Fiscalías, mediante Memorando 019 del 15 de Febrero de 2008, impartió directrices a las Direcciones Seccionales de Fiscalías del país, con el fin de consolidar algunos memorandos relacionados con los temas de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, entre ellos, el de periodistas. Conforme a lo anterior, se examinaron los Sistemas Institucionales de Información SIJUF y SPOA y se extrajeron las investigaciones adelantadas en las que se registran como víctimas periodistas. Se elaboró un cuadro matriz con las investigaciones adelantadas, el cual se remitió a las Direcciones Seccionales de Fiscalías, para su seguimiento y vigilancia, pero particularmente para el registro de las actuaciones nuevas.

Asímismo, en desarrollo de las directrices impartidas desde mi Despacho, mediante Memorando 035 del 6 de marzo de 2008 se requirió a las Direcciones Seccionales de Fiscalías, la realización de Comités Técnico Jurídicos, especialmente en las investigaciones adelantadas por homicidios contra periodistas. También, se solicitó a las diferentes Direcciones Seccionales de Fiscalías, ordenar un manejo completo de la prueba técnica o pericial, establecer si los hechos tienen relación con la labor periodística, o si guardan relación con otros posibles móviles y analizar los temas periodísticos que venía desarrollando la víctima, si producto de ello hubo reacciones judiciales e identificar las personas que se verían afectadas y verificar la existencia de amenazas.

Mediante Memorando 122 del 16 de diciembre de 2008, se allegó a las Direcciones Seccionales de Fiscalías, Instructivo Básico para la investigación de Crímenes contra Periodistas, para lo cual, se tuvo como fundamento el estudio preparado por ANDIARIOS (Asociación de Diarios Colombianos) y la SIP (Sociedad Interamericana de Prensa), al analizar el homicidio del periodista Orlando Sierra Hernández.

Finalmente, en coordinación con ANDIARIOS y la SIP se logró concertar una capacitación para Fiscales, investigadores de Policía Judicial del Cuerpo Técnico de investigación y jueces, en materia de crímenes contra periodistas, la cual se llevó a cabo en el mes de abril de 2009, con el objetivo de mejorar las prácticas en la materia y elevar los resultados investigativos.

Vale destacar que a la fecha, se han efectuado seis Comités Técnico Jurídicos a investigaciones adelantadas por amenazas y homicidios, de acuerdo al cruce de información efectuado con ANDIARIOS, donde se reportaron 34 casos excluidos por la SIP, en los que no se constató relación entre el delito y la actividad de periodista de los sujetos pasivos

7. Nos preocupa también que algunos de los autores materiales que han sido condenados hayan logrado recuperar la libertad después de cumplir cinco o seis años de cárcel gracias a los beneficios de rebaja de pena que otorga la ley. Cree que se requiere una reforma a la llamada justicia premial en este punto particular? ¿En qué sentido sería?

Sin duda, es necesario plantear el debate sobre este punto, y particularmente introducir el análisis sobre la conveniencia político criminal de conceder beneficios considerables a autores y participes de graves violaciones de los Derechos Humanos. Así, podría analizarse inter-institucionalmente la ventaja de cumplimiento efectivo de penas por este tipo de crímenes que afectan los bienes jurídicos de indiscutible relevancia.

8. ¿Qué herramientas necesitan la Fiscalía, los fiscales, para lograr investigar de manera eficiente los procesos por crímenes contra periodistas en el país?

Consideramos que son muchos los frentes que deben continuar robusteciéndose para garantizar la eficacia de las investigaciones por estos delitos. Uno de ellos, es el fortalecimiento de la Oficina de Protección de Víctimas y Testigos, lo cual supone una mayor asignación de recursos que permitan garantizar la atención de las víctimas e intervinientes procesales en este tipo de delitos. Del mismo modo, es preciso el fortalecimiento en policía judicial y fiscales, a los cuales debe dotarse de una capacitación especializada que posibilite un eficaz abordaje en este tipo de investigaciones. Además de lo anterior, estimamos conveniente seguir contando con el apoyo de la SIP, periodistas y sociedad en general en el suministro de información relaciona con hechos objeto de indagación por estos crímenes que adelanta la Fiscalía General de la Nación.

9. ¿Retos concretos en esta área para su sucesor?

Resulta necesario, darle continuidad al impulso de las investigaciones que por estos crímenes se adelantan al interior de la institución, asimismo fortalecer todas las herramientas investigativas encaminadas a obtener la condena de los responsables. Para lo cual, debe robustecerse las Unidades de Asuntos Humanitarios, la Unidad de Derechos Humanos, con investigadores expertos y un mayor número de Fiscales. El acompañamiento continúo y permanente al trabajo que llevan a cabo los funcionarios de policía judicial y fiscales respectivos frente a estas investigaciones es otro punto a destacar. Todas las medidas que se emprendan para garantizar la defensa de los derechos humanos a través del fortalecimiento de la actividad investigativa de la Fiscalía General, resultarán convenientes y precisas para posibilitar la lucha contra la impunidad y la búsqueda de la verdad y justicia.



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