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Colombia
17 de julho de 2009
Corte establece antecedentes sobre riesgos de periodistas
Diana Calderón, URR-Colombia

La Corte Constitucional de Colombia encomió al gobierno nacional a que en el término de 48 horas debe cumplir con una sentencia que obliga a proteger a una periodista en riesgo, lo que generó un respaldo importante en defensa de la actividad periodística.

El Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca le dio 48 horas al gobierno colombiano para cumplir con la decisión que favorece a la comunicadora Claudia Julieta Suárez, quien en octubre de 2007 presentó una tutela contra el Programa de Protección a Periodistas del Ministerio del Interior, porque le suspendieron las medidas de seguridad, a pesar de estar confirmado el riesgo en que se encontraba.

En la misma tutela, la periodista denunció que el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) realizaba seguimientos y suministraba información personal sobre ella en una labor de inteligencia desarrollada por los funcionarios que le prestaban los servicios de protección.

La decisión del Tribunal se produce nueve meses después de que la Corte Constitucional le ordenara al gobierno que implementara un esquema de seguridad apropiado para la periodista y que el DAS entregara la información de inteligencia que poseía sobre ella.

El tribunal inició un proceso por desacato contra el director de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, Rafael Bustamante; el Director del DAS, Felipe Muñoz, y el director de la Policía Nacional, general Oscar Naranjo, por considerar que el fallo no se ha cumplido en su totalidad.

El tribunal dejó claro que “[El Estado] sólo puede recopilar información privada en archivos de inteligencia, que puedan comprometer la responsabilidad de una persona, cuando existen datos serios, objetivos y confrontables que puedan comprometerla en una actuación criminal y, en estos casos, la investigación debe ser judicializada (…)”.

Claudia Julieta Suárez viene siendo objeto de amenazas debido a sus investigaciones por el homicidio del periodista Jaime Garzón, ocurrido el 13 de agosto de 1999, y por las intercepciones ilegales del DAS a magistrados, periodistas y opositores del Gobierno.



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