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México
20 de julho de 2009
Agravan crímenes contra periodistas en tres estados mexicanos
María Idalía Gómez, URR-México

Al menos en tres estados de México, Coahuila, Sinaloa y de Nuevo León, la libertad de expresión y el derecho a la información son considerados por la ley, como un derecho social fundamental que debe ser garantizado y protegido, por lo que los ataques que sufran los comunicadores deben ser sancionados con mayor severidad.

La aprobación de estos cambios en las leyes penales, fueron producto, en todos los casos, de las agresiones, amenazas, asesinatos o hasta desapariciones de reporteros ocurridas en esas entidades.

En la mayoría de las entidades del país, los Congresos estatales no han incluido algo similar en su agenda de reformas legislativas. A pesar de que también existen reportes de ataques graves a los comunicadores en sus ciudades.

La modificación más reciente ocurrió en Nuevo León. La Cámara de Diputados del estado --una de las principales entidades en materia económica de México--, aprobó hace unos días una reforma al Código Penal con la que sanciona hasta con 35 años de prisión a las personas responsables del asesinato de quienes laboren en un medio de comunicación.

Este cambio legislativo introdujo un apartado novedoso, al imponer hasta una pena de prisión similar a quienes asesinen a los “parientes en línea recta o colateral hasta el cuarto grado” de un informador.

Es indispensable, para imponer esta pena, que se acredite que el comunicador o sus familiares fueron asesinados como consecuencia del trabajo periodístico del primero.

Los legisladores añadieron el artículo 313 Bis, inciso I, del Código Penal neolonés, y además de la pena impuesta incluyeron una multa que puede ser de doscientas hasta mil cuotas.

El Congreso de Coahuila fue el primero en tipificar el delito de homicidio contra los informadores. En mayo de 2008, la Legislatura estableció que el asesinato de comunicadores por su profesión se considerará como grave y los acusados podrían ser condenados hasta 60 años de cárcel. Los legisladores también modificaron la Ley de Asistencia Social, en la que establecieron la posibilidad de que el Estado brinde asistencia social a los dependientes económicos de una persona que haya sido asesinada en función de su trabajo profesional.

En el estado de Sinaloa, uno de los lugares en donde los últimos 10 años se cometían, en promedio, dos homicidios por día y actualmente hasta tres, el Congreso aprobó en noviembre de 2008 la tipificación los ataques a periodistas y medios de comunicación como delitos graves. Esto tras las granadas lanzadas al periódico El Debate y el secuestro de un reportero de Televisión Azteca que horas más tarde fue liberado, porque no era la persona que buscaban.

Tres periodistas que trabajan para medios escritos y electrónicos consultados por la URR coincidieron en que los cambios implementados en Sinaloa, Coahuila y Nuevo León pueden mostrar un cambio de actitud y de visión desde las autoridades, lo que arroja un saldo positivo, pero lo más grave radica en la impunidad que prevalece en los estados y a nivel federal.

Este año, la Cámara de Diputados aprobó una iniciativa que reforma el Código Penal Federal, que fue criticada porque en realidad no federaliza los delitos contra periodistas, a pesar de que eso aseguraban los legisladores. En el Senado nacional quedó pendiente su aprobación.

Novedoso

En Nuevo León, los legisladores del PRI presentaron y sustentaron esta iniciativa, pero no tuvieron tiempo de aprobarla. Los diputados que los sustituyeron en una nueva Legislatura retomaron esa misma propuesta, la sometieron a discusión y la aprobaron por mayoría de 23 votos y sólo una abstención.

La fundamentación y motivación que utilizaron los legisladores de Nuevo León, fueron parte de los resolutivos emitidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos al señalar que el asesinato de periodistas y comunicadores es la manifestación más violenta de vulnerar el derecho a la libertad de expresión en su dimensión individual y colectiva, porque no sólo se trata de un atentado contra la vida de una persona, sino que también vulnera la integridad de su familia y representa un ataque a la sociedad al limitar su derecho a recibir información.

El dictamen de los legisladores de Nuevo León precisa que los efectos del crimen de un periodista por motivos de su trabajo se agravan y amplifican por el efecto que tiene de autocensura sobre el resto de los comunicadores.



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