Ciudad de México.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de México urgió a las autoridades de los tres niveles de Gobierno a garantizar una procuración de justicia efectiva para el gremio periodístico, ante los 50 asesinatos de comunicadores y 500 quejas presentadas por agresiones de 2000 a junio de 2009.

En un análisis de la situación, el organismo denunció que las autoridades federales y estatales han incurrido en dilación y deficiente integración de las indagatorias, lo que se traduce en impunidad y abuso de poder.

Más aún, el organismo agregó que existe una propensión de las autoridades de justicia a descartar, de antemano, el trabajo periodístico de los comunicadores como el móvil de las agresiones, lo que impide actualizar en muchos casos una violación al derecho a la libertad de expresión.

En sintonía con las denuncias hechas particularmente por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y Reporteros sin Fronteras, la CNDH indicó que tiene documentada la muerte de 50 periodistas o trabajadores de los medios de comunicación, así como la desaparición de siete de ellos y seis atentados con explosivos a instalaciones periodísticas.

Lo anterior, indicó, dio como resultado la presentación de 500 quejas en el periodo de referencia:

"Un análisis de 500 quejas recibidas por la Comisión entre enero de 2000 y junio de 2009 y relacionadas con agravios contra periodistas, así como de las 51 Recomendaciones emitidas en dicho periodo y de los ordenamientos jurídicos existentes en la materia, reveló que las autoridades procuradoras de justicia federales y estatales han vulnerado en perjuicio de los comunicadores y de los medios informativos los derechos fundamentales a la vida, a la integridad y seguridad personal, a la seguridad jurídica y a la libertad de expresión", sentenció.

Entre los agravios contra periodistas -sostuvo- sobresalen por su gravedad los homicidios, desapariciones forzadas, lesiones, amenazas e intimidación, así como los atentados contra las instalaciones de medios informativos.

Aclaró que, si bien los agravios citados no son atribuibles -en principio- a las autoridades, "también lo es que la impunidad que persiste por la falta de resultados respecto de su esclarecimiento se debe a que no se ha realizado una investigación efectiva y eficaz en cada caso por parte de las instancias procuradoras de justicia".

La CNDH denunció que entre las irregularidades más comunes de las autoridades de justicia se encuentra la conclusión de expedientes sin agotar todas las líneas de investigación; la omisión de girar citatorios, órdenes de comparecencia, búsqueda, localización, investigación y presentación de personas clave para el esclarecimiento de los hechos y declaraciones iniciales incompletas de los testigos y de probables responsables.

"Esto, además de implicar una negativa fáctica al acceso a la justicia, evidencia que autoridades de los tres niveles de gobierno no han contribuido a crear las condiciones adecuadas para garantizar el ejercicio de la profesión periodística", concluyó.