La Policía Nacional Civil (PNC) capturó el miércoles 9 de septiembre a cuatro personas sospechosas de participar en el asesinato del fotoperiodista Christan Poveda. Entre los detenidos está un agente policial, a quien se le acusa de homicidio en grado de complicidad y conspiración. La Fiscalía General de la República (FGR) también acusó a un quinto sospechoso que se encuentra recluido en el penal de Cojutepeque.

La PNC procedió a un operativo para hacer efectivas nueve órdenes de captura administrativas giradas por la unidad especializada antihomicidios de la FGR. La policía detuvo por el delito de homicidio agravado a Roberto Luis Romero Vásquez, alias “El Tiger”, y Calixto Rigoberto Escobar, alias “El Toro”. “A ellos se suma José Alejandro Melara, alias “El Puma”, detenido días atrás por otro delito y ahora se le agrega el de homicidio”, dijo el comisionado Marco Tulio Lima, jefe de la División de Investigación Homicidios (Diho) de la PNC. Los tres son residentes, según la PNC, de los cantones El Rosario y San Laureano, de Tonacatepeque, y miembros de la pandilla 18.

Poveda, un fotoperiodista francoespañol que cubrió la guerra interna salvadoreña en los 80s, se había radicado desde hacía tres años en El Salvador, donde impulsó la excelencia del fotoperiodismo y donde puso especial atención al fenómeno de las maras. Un documental suyo, “La vida loca”, ha estado exhibiéndose los últimos meses en diversos países del mundo, y en él retrata a pandilleros de la mara 18 con quienes mantuvo relación durante meses para realizar su película.

La Policía informó que la muerte a balazos de Poveda ocurrida el 2 de septiembre de 2009, tuvo relación con el vínculo que la víctima había tenido con los pandilleros. El móvil del crimen, según los investigadores, fue que los mareros pensaban que Poveda había entregado a la Policía algo del material que había obtenido mientras trabajó “La vida loca”.

En ese punto entra la cuarta persona capturada, el agente policial Juan Napoleón Espinoza Pérez, de la subdelegación de Soyapango. Este fue capturado a las 9:30 de la mañana, acusado de informar a la pandilla que Poveda filtraba información a la PNC. “Esta persona ha mantenido vínculos permanentes con pandilleros de la zona y ha estado, de alguna manera, intercambiando información con ellos”, dijo Marco Tulio Lima, jefe de la División Antihomicidios (Diho) de la Policía. “Él (Espinoza Pérez) no participa directamente en el homicidio pero es quien comenta a los pandilleros que la víctima habría revelado información interna de la mara a la policía, lo que es el detonante para su homicidio”.

Poveda fue asesinado de dos tiros en el rostro en un camino vecinal hacia el cantón El Rosario, entre Tonacatepeque y Soyapango, el miércoles pasado. La orden de asesinarlo, dicen las autoridades, la dio Nelson Lazo Rivera, alias “La Molleja”, interno del centro penal de Cojutepeque.

La FGR acusó formalmente a Lazo Rivera, a quien describen como un jefe de la clica Shadow Park Locos Sureños, de la pandilla 18, encarcelado tras ser encontrado culpable por los delitos de asociaciones ilícitas, lesiones y violación agravada.

La venganza como móvil

“Mataron a un amigo, a una persona que les ayudaba… Simplemente por una sospecha, lo mataron. Ellos utilizan la palabra sospecha como una verdad”, dijo Óscar Torres, fiscal especial antihomicidios. Según la hipótesis policial, a inicios de agosto, el agente Espinoza Pérez aseguró a algunos miembros de la pandilla que Poveda colaboraba de forma activa con la PNC, entregando vídeos y fotografías que había tomado durante la filmación de su documental. Unos días después, la clica mantuvo una reunión de planificación en la que determinaron convocar al fotoperiodista el domingo 30 de agosto para exigirle explicaciones sobre su supuesta colaboración con la policía.

Howard Augusto Cotto, subdirector de Investigaciones de la PNC, dijo que esta reunión fue dirigida por José Alejandro Melara y que, siguiendo órdenes de Nelson Lazo Rivera, se determinó matar a Poveda y enterrar su cuerpo en una finca de la zona. “No sabemos por qué el señor Poveda no sé presentó ese día, pero presuponemos que esto sirvió de excusa a los pandilleros para creer que efectivamente estaba colaborando con las autoridades”, dijo Torres. Hasta el 29 de agosto, el documentalista francoespañol se encontraba aún en México impartiendo un taller de fotografía y vídeo documental.

Dos días después de aquella cita frustrada, Poveda accedió a reunirse con los pandilleros. Llegó a un templo católico del cantón El Rosario, en Tonacatepeque, donde supuestamente habría recogido a un grupo no determinado de ellos, y se dirigió a la zona donde fue asesinado. “Se bajaron de su vehículo, discutieron y le dispararon con un revólver calibre 38. No sabemos por qué no cumplieron con el resto de su plan de enterrarlo y darlo por desaparecido”, dijo el fiscal Torres.

La hipótesis se sostendría en la declaración de tres testigos -ninguno de ellos con criterio de oportunidad, dijo Torres- y con base en la prueba científica recabada en la zona. Según la investigación del Centro de Inteligencia Policial (CIP) y la Diho), Roberto Luis Romero Vásquez, alias “Toro”, fue quien disparó el revólver calibre 38. Falta determinar quién utilizó una pistola calibre nueve milímetros, de la que se encontró un proyectil en el lugar donde fue asesinado Poveda.

“Él tenía sólo dos impactos de bala en el rostro, ambos calibre 38, y no cuatro, como se dijo en un inicio. Las otras heridas eran laceraciones, lo que se conoce comúnmente como rozones de bala. No sabemos si estas fueron hechas con el mismo revólver o con esta pistola nueve milímetros. Estas son cosas que se están investigando y de las cuales no podernos dar más detalles”, explicó el fiscal.

La policía mantuvo control de la zona desde la tarde en que fue descubierto el cuerpo de Poveda, en el que incluyó investigadores de la División Especial contra el Crimen Organizado (Deco) en La Campanera, lugar donde fue filmado parte del documental “La vida loca”. Por el momento, según reconocieron la FGR y la PNC, todavía se busca hacer efectivas cuatro órdenes de captura administrativas relacionadas con el caso.