Aunque la legislación del Distrito Federal (DF)es una de las más avanzadas a nivel latinoamericano, en cuanto a la protección de la libertad de expresión, existen todavía faltantes y lagunas que deben revisarse, de acuerdo al Diagnóstico y Programa elaborado por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), que llevó a cabo la administración de su presidente Emilio Álvarez Icaza.

En el documento, se sostiene que “el derecho a la libertad de expresión es fundamental para la existencia de una sociedad democrática, por tanto resulta indispensable su plena garantía. En el DF se han dado avances legislativos en este sentido”.

Los logros en las diferentes normas que menciona la CDHDF son, entre otros: la despenalización de los delitos de difamación y calumnia, la aprobación de la Ley de Responsabilidad para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen, así como la Ley del Secreto Profesional del Periodista.

Antes de dejar su cargo en la Comisión, Álvarez Icaza alertó sobre la necesidad de hacer modificaciones al Código Civil del Distrito Federal, en el tema de difamación y calumnia, porque tiene lagunas que son peligrosas y que pueden crear incertidumbre jurídica para quienes enfrentan un juicio en ese tema.

La CDHDF también alerta en el documento que “aún existen condiciones de hecho y de derecho que continúan imposibilitando el pleno ejercicio de la libertad de expresión, tales como los derechos laborales de las y los periodistas, la garantía plena del derecho de réplica, la adecuada prevención y sanción de las agresiones cometidas contra personas que ejercen la libertad de expresión, la interpretación restrictiva de la legislación para limitar este derecho, la falta de pluralidad informativa en los medios electrónicos, entre otros”.

En este contexto, en la Ciudad de México fueron asesinados siete periodistas entre 1988 y 1998, en ninguno de estos casos la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal esclareció las razones del crimen y, mucho menos, fueron detenidos y sentenciados los responsables.

Los comunicadores ultimados son: Linda bejarano de Televisa (1988); Juvencio Arenas Gálvez de la revista Cuestión (1991); Gabriel Venegas Valencia de Televisa (1991); José Herrera Cañas, fotógrafo (1993); Víctor Hernández Martínez, reportero de la revista Cómo (1997); Luis Mario García, del Diario de la Tarde (1998) y Claudio Cortés García, jefe de diseño de Le Monde Diplomatique (1998). Por la impunidad en la que se encuentran todos estos casos, se desconoce hasta la fecha si su muerte está vinculada con su profesión.