La Fiscalía General de la Nación decidió precluir la investigación al ex presidente de la asamblea del Huila, Carlos Augusto Rojas, dentro del proceso judicial por el asesinato del periodista Nelson Carvajal Carvajal, ocurrido en Pitalito, Huila, el 16 de abril de 1998.

“La decisión se tomó porque se recogieron pruebas que colocaron en duda las afirmaciones de testigos que en su momento lo incriminaron en estos hechos y se recaudaron otros elementos que generaron mayor duda sobre su participación en el homicidio del periodista, duda que se aplicó a favor del señor Rojas”, dijo la fiscal del caso a la URR de la SIP.

Rojas fue vinculado a la investigación el 26 de agosto de 2008 cuando la Fiscalía ordenó su captura por los delitos de concierto para delinquir y homicidio agravado, en la misma decisión el ente investigador pidió a la Procuraduría General de la Nación solicitar a la Corte Suprema de Justicia revisar el proceso investigativo por el homicidio del periodista por el que fueron absueltos Fernando Bermúdez y Ramiro Falla. Rojas había recuperado su libertad en diciembre de 2008.

La investigación, sin embargo, continúa. “Sigue en etapa de instrucción con miras a determinar la responsabilidad de miembros de la guerrilla de las FARC en los hechos y la posible vinculación de otras personas”, resaltó la fiscal.

El 30 de abril de 2009, la SIP lamentó la decisión de la Corte Suprema de Justicia colombiana por no admitir la demanda de revisión del proceso judicial del crimen del periodista, promovida por la Procuraduría General.

En una reunión celebrada con las autoridades colombianas 27 de abril, la SIP también lamentó la decisión del Consejo Seccional de la Judicatura del Huila que el 7 de diciembre de 2007 resolvió declarar la prescripción de la acción disciplinaria a favor del fiscal 22 seccional de Pitalito y de José Luis Ossa Barrios, Juez Unico Penal Especializado, por las irregularidades en el proceso penal del caso Carvajal.

El caso del periodista Nelson Carvajal fue admitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 11 de noviembre de 2004, por solicitud de la SIP, fecha desde la cual, se ha trabajado con el Estado en la búsqueda de una investigación eficaz que permita identificar y castigar a los responsables. Objetivo que hasta la fecha, no se ha logrado.