La SIP consideró acertada la decisión de la Secretaría de Gobernación y de la Procuraduría General de la República de México de reorganizar una fiscalía especial que atiende delitos contra periodistas, con el objetivo de hacer más eficiente su lucha en contra de la impunidad que rodea a los crímenes contra periodistas.

Ayer (15 de febrero, en una reunión de trabajo con una delegación internacional de la SIP destacada en el país, el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, y el procurador general, Arturo Chávez Chávez, anunciaron que desde el viernes pasado fue reorganizada la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra Periodistas, nombrando como nuevo fiscal a Gustavo Salas Chávez, en reemplazo de Octavio Orellana.

En la nueva reorganización que deberá ser aprobada en trámite administrativo y publicada en el boletín oficial, la Fiscalía Especial dependerá en línea directa del Procurador General y ya no de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad.

El presidente de la SIP, Alejandro Aguirre, subdirector de Diario Las Américas, con sede en Miami, manifestó que se trata “de un paso importante y se cumple con uno de nuestros anhelos de años, ya que la fiscalía estaba de manos atadas, sin la potestad necesaria para ejercer sus funciones como fiscalía ni para atraer en forma eficiente casos de nivel federal, una de los objetivos que tuvo desde que fue instalada en 2006”.

En el diálogo con la delegación de la SIP, Gómez Mont también habló sobre algunas debilidades del sistema que se tendrán que ir solucionando, como la ambigüedad de competencias entre los estados y la federación, y la necesidad de buscar respuestas legales que permitan una mayor transparencia en las investigaciones de casos de crímenes contra periodistas.

Los delegados de la SIP entregaron documentación y solicitaron información sobre el estado de las investigaciones de 16 asesinatos contra periodistas que fueron atraídos por la PGR, pero sin resultados positivos conocidos. Asimismo, reclamaron por otros casos irresueltos que la SIP presentó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como Héctor Félix Miranda y Víctor Manuel Oropeza, sobre los que el Estado mexicano recibió recomendaciones de responsabilidad internacional sobre las que nunca se expresó.

El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Robert Rivard y el vicepresidente regional por México de esa comisión, Juan Fernando Healy, explicaron pormenores sobre la impunidad que todavía rodea a los crímenes del periodista estadounidense, Phillip True en 1998 y la desaparición en abril de 2005 de Alfredo Jiménez Mota. Ambos informadores trabajaban para el San Antonio Express-News de Texas y El Imparcial de Hermosillo, en Sonora, México, periódicos que son dirigidos por Rivard y Healy respectivamente.

Al final de la reunión, hubo compromisos de seguir analizando reformas legales y administrativas que permitan combatir la impunidad y la violencia contra los periodistas, así como de dar seguimiento a aquellos casos que la SIP mantiene en la CIDH.

Además de Aguirre, Rivard y Healy, la delegación está conformada por Juan Francisco Ealy Ortiz, El Universal, México; Juan Fernando Healy, Periódicos Healy, México; José Santiago Healy, Diario San Diego, Estados Unidos; Roberto Rock, El Universal, México; Julio Muñoz, director ejecutivo y Ricardo Trotti, director de Libertad de Prensa.

Posteriormente, la delegación participó en un foro de discusión con la presencia del presidente del Senado, Carlos Navarrete (PRD), senadores y legisladores federales de distintas agrupaciones políticas, además de Raúl Plascencia, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos; el abogado general de la UNAM, Luis González; Arelí Gómez, subprocuradora de la PGR y editores de medios mexicanos.

Juan Francisco Ealy Ortiz, presidente de El Universal, destacó la importancia de encontrar puntos comunes que permitan a la prensa nacional una “lucha unida” en contra de la violencia, al tiempo que coincidió con Plascencia de que es “necesaria e impostergable para la democracia” una reforma legal que permita la federalización de los crímenes contra periodistas.

En ese sentido, el senador por el PRI, Mario López Valdez expuso a la delegación sobre una iniciativa de ley para Periodistas de Alto Riesgo que presentó en enero con los senadores Jorge Castro Trenti y Carlos Lozano de la Torre, que daría la capacidad a la PGR de atraer casos de nivel federal.

El presidente Navarrete, explicó que el Senado está abierto a seguir discutiendo esa iniciativa de ley, pero en la discusión se observó que existen otros proyectos de ley que están atorados en la Alta Cámara y otros que permanecen en la Cámara de Diputados, por lo que se vio la necesidad de establecer el estatus parlamentario que tienen todos los proyectos legislativos en materia de violencia contra periodistas.

Navarrete indicó que existe la voluntad política en el Senado de establecer una reforma en el presente período legislativo entre febrero y abril próximo.
Al final de la reunión, diputados presentes anunciaron que este próximo jueves será conformada nuevamente la Comisión Especial para Agravios contra Periodistas que funcionó el año pasado y había sido desarticulada en septiembre al comienzo del nuevo Congreso, un reclamo insistente de la SIP en los últimos meses.