Durante un diálogo el pasado 16 de febrero en México con el secretario de Gobernación Fernando Gómez Mont y el procurador general de la república Arturo Chávez Chávez, la SIP entregó un expediente y requirió información sobre los 16 casos atraídos a la jurisdicción federal entre 2000 y 2009, y en los que aún no se ha registrado avances positivos.