La Corte Suprema de Justicia le dio un plazo de dos meses al actual Fiscal General de la Nación, Guillermo Mendoza Diago para que retire a 2.100 fiscales que no pasaron un examen y los reemplace por los funcionarios que sí lo aprobaron.

La medida, que es de obligatorio cumplimiento por parte de la Fiscalía, tiene un enorme impacto sobre cientos de procesos judiciales, pues pasarán a otras manos, sin que se garantice que los nuevos fiscales conozcan los expedientes, con el riesgo de que en muchos casos, puedan vencerse los términos antes de que los funcionarios puedan enterarse de los temas correspondientes.

Son muchos los procesos que corren ese riesgo, entre ellos, los de lavado de activos, de narcotráfico, y de crímenes contra cinco periodistas, entre los cuales está el de Jaime Garzón, que actualmente son atendidos en la coordinación de crímenes contra periodistas de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía.