La Sociedad Interamericana de Prensa exhortó a las autoridades judiciales de Colombia a revisar la investigación del caso del periodista y humorista Jaime Garzón, asesinado en 1999, después de constatar que fueron descartadas varias pistas que sindicaban también a militares como sospechosos intelectuales del crimen.

Una investigación de la Unidad de Respuesta Rápida de la SIP concluyó que la Fiscalía General de la República descartó testimonios que vinculaban a militares con el asesinato de Garzón y solamente consideró suficientes pruebas contra el jefe de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Carlos Castaño, como instigador del asesinato y contra el sicario Juan Pablo Ortiz Agudelo, como ejecutor del crimen.

Garzón, de 39 años, fue asesinado el 13 de agosto de 1999 en Bogotá cuando se dirigía hacia su trabajo en la radioemisora Radionet. Dos sicarios que viajaban en una motocicleta lo interceptaron y lo ultimaron a balazos.

Durante los últimos años de su vida, Garzón congenió el trabajo periodístico con su mediación para la liberación de secuestrados y en el proceso de paz interno. Debido a esto varios sectores de Colombia, entre ellos los militares, cuestionaban sus vínculos con los grupos guerrilleros, mientras que las AUC lo habían declarado "objetivo militar". Garzón también habría descubierto que un grupo militar de Bogotá vendía armas a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.

En el informe de la SIP sobre el caso Garzón, cuyo texto completo puede hallarse en la página electrónica www.impunidad.com , se establece la posibilidad, según coincidencias con otras investigaciones de asociaciones civiles colombianas, que Castaño y Ortiz Agudelo no serían los únicos implicados.

Rafael Molina, revista Ahora, República Dominicana, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, manifestó que "la Fiscalía debe dar garantías de que hay un proceso justo y que se consideran todas las hipótesis para que este crimen no quede parcialmente esclarecido o en total impunidad".