La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) calificó de “hecho grave y sin precedentes en el hemisferio occidental”, el secuestro en las últimas dos semanas de ocho periodistas mexicanos de Reynosa, ciudad del estado norteño de Tamaulipas, exigiendo al gobierno proceder con urgencia para rescatar a los comunicadores en manos de grupos de narcotraficantes.

Los secuestros de los ocho periodistas en Tamaulipas que pertenecen a medios impresos y electrónicos, se registraron entre el 18 de febrero y 3 de marzo, de acuerdo a distintas fuentes consultadas por la SIP, que se abstuvieron de dar detalles sobre los nombres de las víctimas o a hacer las denuncias pertinentes ante las autoridades, por temor a mayores represalias y poner en peligro la vida de los secuestrados.

Tres periodistas ya fueron liberados, aunque uno de ellos murió, aparentemente a consecuencia de la tortura a la que fue sometido, y cinco permanecen desaparecidos. Dos informadores del Grupo Milenio fueron liberados el 4 de marzo también en Reynosa e inmediatamente se trasladaron a la Ciudad de México, en donde el periódico dio a conocer que habían sido lastimados y que los secuestradores les advirtieron que “no les fueran a calentar la plaza”.

El presidente de la SIP, Alejandro Aguirre, aseveró que “el gobierno mexicano debe actuar con urgencia y contundencia para rescatar con vida a los comunicadores y garantizar la libertad de expresión. La SIP está alarmada de las dimensiones que están alcanzando en México los ataques contra periodistas, que se explican en gran medida por la inacción de la autoridad y por el altísimo nivel de impunidad que prevalece”.

De esta forma, Aguirre, subdirector del Diario Las Américas, con sede en Miami, resaltó el clima imperante de violencia e impunidad en México cuya consecuencia es el alto grado de autocensura, particularmente en aquellos estados con mayor incidencia de crimen organizado y narcotráfico. A mediados de febrero, Aguirre lideró en México una misión de la SIP que mantuvo reuniones con autoridades nacionales, para luego trasladarse a Durango, donde un grupo de editores y periodistas de la zona denunció el alto grado de autocensura y reclamó medidas gubernamentales para proteger a los medios y la libertad de prensa.

Desde su última asamblea en noviembre, la SIP registró en México cinco asesinatos (Jorge Ochoa Martínez, José Luis Romero, Valentín Valdés Espinosa, José Emilio González Galindo, José Alberto Velázquez López) y nueve secuestros. Además de los cinco periodistas de Tamaulipas todavía en cautiverio, permanece desaparecida Marí Esther Aguilar Cansimbe, del estado de Michoacán.

El periodista del grupo radiofónico Radio Rey y Reporteros en Red, Jorge Rábago Valdez, quien había sido secuestrado el 19 de febrero tras salir de una fiesta, fue abandonado el 1 de marzo en una carretera de Matamoros. Fue hallado con vida, pero presentaba huellas de tortura y estaba en estado de coma; lo ingresaron a un hospital sin reconocer quién era, hasta que sus familiares lo identificaron. Murió tres días más tarde, tenía 49 años de edad.

El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Robert Rivard, criticó la actuación de las autoridades estatales y federales, de las que dijo “no han hecho nada y por el contrario han tratado de obviar el nivel de violencia que se vive en la franja fronteriza del norte de México”.

Rivard, director editorial, del San Antonio Express-News, en San Antonio, Texas, agregó que “el gobierno debe mostrar determinación para impedir que las mafias mexicanas continúen controlando la información en Tamaulipas y otros estados del país, afectando las libertades de expresión y de prensa, así como el derecho de los ciudadanos a estar informados”.

Ambos directivos de la organización hemisférica explicaron que la situación de la violencia contra la prensa en México será tema principal de la reunión semestral de la SIP la próxima semana en Aruba. En especial, se tratarán de buscar estrategias de trabajo para combatir la violencia y la autocensura, temas que la SIP ya viene motivando en sus foros, seminarios y conferencias que ha organizado en Tijuana, Nuevo Laredo, Hermosillo, Guadalajara, Durango y Ciudad de México en reiteradas oportunidades.

El crimen organizado han intensificado los controles que impusieron a los comunicadores para no difundir noticias sobre enfrentamientos y operaciones vinculadas a la mafia. El miedo prevalece en los periodistas de los estados y en las ciudades vecinas, ante la posibilidad de que la ola de violencia se extienda e intensifique, por lo que no existen condiciones seguras para los informadores de la región.

Según investigaciones de la SIP y por consultas a sus socios de México, en los últimos años es cada vez más notable el silencio informativo como método de protección ante la violencia y las represalias del crimen organizado, aspecto que se destaca en ciudades de Tamaulipas como Nueva Ciudad Guerrero, Matamoros, Reynosa, Camargo, Mier y Laredo.