El presidente Porfirio Lobo Sosa anunció ayer que realiza gestiones encaminadas a invitar a policías de investigación del extranjero para que vengan a indagar sobre estos crímenes.

"Pepe" se comprometió a esclarecer los hechos durante un encuentro con jóvenes de la región centroamericana, realizado ayer en San Salvador, El Salvador.

"Hemos instruido a las autoridades de seguridad que agoten todos los medios necesarios para que se esclarezcan estos asesinatos de periodistas, igual que estamos haciendo contactos a nivel internacional para que vengan de otros lados policías de investigación a ayudarnos a esclarecer estos temas", manifestó el gobernante hondureño.

La reacción se produjo tras la muerte la noche del martes del periodista Jorge Georgino Orellana, quien fue asesinado por un individuo que le infirió un disparo en la cabeza cuando salía de trabajar de un canal de televisión en el barrio Los Andes de San Pedro Sula.

"Lamentamos mucho la pérdida de cualquier vida humana y más cuando se trata de acallar lo que es un derecho universal, que es un derecho a expresarse y opinar", dijo Lobo en su discurso.

Apoyo

En una posterior rueda de prensa, el mandatario manifestó que habló la semana anterior con el canciller español Miguel Ángel Moratinos, y señaló que solicitará, además, ayuda al Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos y a Colombia.

"Estamos en una situación de inseguridad muy dramática", expresó "Pepe".
El gobernante aseguró que su gobierno está haciendo el "mejor esfuerzo para lograr darle seguridad al pueblo hondureño".

Orellana se convirtió el martes en el sexto comunicador asesinado en la administración de Lobo Sosa, quien asumió la presidencia de la República el pasado 27 de enero.

Además de los seis comunicadores, un locutor de una radio juvenil también perdió la vida recientemente en San Pedro Sula.

Los crímenes han sido condenados por diversos organismos, entre ellos, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), la cual ha solicitado a las autoridades hondureñas que investiguen los casos.
El presidente de la SIP, Alejandro Aguirre, dijo el miércoles en un comunicado que Honduras se ha convertido en uno de los países más peligrosos para los comunicadores.
La relatora especial de la Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA) afirmó que el país está en "alerta roja" para ejercer la profesión del periodismo.

Preocupación

En medio de la consternación generada en el país, la ministra asesora en derechos humanos, Ana Pineda, sostuvo ayer un encuentro en Casa Presidencial con la relatora especial de las Naciones Unidas para la Independencia de Jueces y Magistrados, Gabriela Carina Knaul, con quien además de discutir el papel de los jueces y magistrados hondureños, analizó el tema de los derechos humanos en el país.

"El tema de la muerte de periodistas fue abordado como motivo de preocupación de la relatora especial, sin duda alguna desde el poder Ejecutivo se han hecho las comunicaciones necesarias con la Secretaría de Seguridad para que de forma inmediata se desplacen los efectivos necesarios en aras de establecer quiénes son los responsables de estos acontecimientos", manifestó Pineda.

Knaul, por su parte, indicó que los ataques contra periodistas en el país "representan una situación totalmente preocupante". "Es preocupante la muerte de periodistas y de tantas otras personas, no es posible aceptar tantas muertes", subrayó la representante de las Naciones Unidas.

Más condenas

Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó ayer el asesinato de Orellana y reclamó justicia para todos los casos.

El asesinato el martes de Jorge Alberto Orellana en la ciudad de San Pedro Sula "pone de presente, nuevamente, la grave situación de indefensión y vulnerabilidad de la prensa en Honduras", señaló un comunicado de la CIDH.

La Comisión criticó que hasta los momentos no se conozcan los resultados de las investigaciones de los seis asesinatos anteriores y emplazó a las autoridades hondureñas a "investigar los casos de manera eficiente, diligente y oficiosa" y sancionar a los responsables.

Asimismo, el gobierno hondureño debe proteger de manera efectiva a los periodistas, indicó la CIDH.

Asimismo, Francia condenó "con la mayor firmeza" el asesinato de Orellana y reclamó esclarecer ese "crimen odioso".

"Francia condena con la mayor firmeza ese nuevo asesinato" de un periodista en Honduras, indicó el portavoz del ministerio francés de Relaciones Exteriores, Bernard Valero.

Ya, en días anteriores, funcionarios del gobierno de Alemania habían expresado la misma preocupación.

En el país, organizaciones como la APH demandan resultados inmediatos en las investigaciones.

Por su parte, el Colegio de Periodistas ha advertido que los comunicadores están en estado de indefensión.

Muertes no tienen que ver con trabajo de periodistas

El gobierno reiteró que los asesinatos contra periodistas no tienen que ver con una escalada contra la libertad de prensa en el país.

Según el secretario de Seguridad, Óscar Álvarez, existen algunos indicios que revelan que los crímenes cometidos contra los seis periodistas y un locutor de una radio juvenil no tienen que ver con el trabajo que venían desempeñando los comunicadores.

La Secretaría de Seguridad se ha comprometido a dar informes en los próximos días y ofreció una recompensa de 250,000 lempiras a quien brinde información que ayude a dar con los responsables.

Álvarez ha asegurado que en uno de los crímenes la investigación está avanzada en un 90 por ciento. La investigación revela, aparentemente, actividades en las que se había involucrado un periodista.