La SIP calificó de positiva su reciente misión internacional enviada al Perú que tuvo el objetivo de revisar el estado general de la libertad de prensa en el país y atender casos particulares de medios de comunicación y periodistas que están impedidos de operar sin restricciones.

El vicepresidente de la SIP, Gonzalo Marroquín, director del diario Prensa Libre, Guatemala, expresó que “no se ha encontrado en el Perú una política de Estado sistemática para limitar la libertad de prensa”, al tiempo que reconoció los compromisos y la anuencia de los tres poderes públicos del gobierno para revisar casos concretos en los que se registraron violaciones a la libertad de información.

Uno de los aspectos más positivos se desprendió de la reunión con el presidente del Poder Judicial, Javier Villa Stein. El magistrado aceptó recomendaciones de la SIP y se comprometió para que los casos de asesinatos contra periodistas, cuando sean cometidos por razones profesionales, puedan ser atraídos a salas penales especiales.

Villa Stein, durante una conferencia de prensa en conjunto con la SIP al término de la reunión el viernes pasado, dijo que pondrá a consideración del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial dicha iniciativa, “ya que este tipo de casos deben tratarse en forma especial debido a la gravedad y la pluralidad del bien jurídico afectado, que es la sociedad misma, pues ésta tiene derecho a ser informada”.

Si bien con anterioridad el Poder Judicial había rechazado una petición para crear una sala penal especial para tratar crímenes contra periodistas, esta vez Villa Stein consideró beneficiosa una propuesta de la SIP para crear una jurisdicción especial, así como las que existen en Perú para juzgar delitos del narcotráfico y terrorismo.

La iniciativa judicial tuvo luego apoyo expreso de parte del presidente Alan García, quien tras la reunión con la delegación internacional de la SIP, manifestó que de ser considerada por el Poder Judicial, su gobierno facilitaría el presupuesto adecuado para incorporar la jurisdicción especial.

Sobre la amplia agenda de casos tratados con el primer mandatario, Marroquín expresó la satisfacción de la organización por la “expresión firme y el compromiso del Presidente Alan García de respetar la libertad de prensa y de expresión”. En ese sentido, en una reunión de una hora, el Presidente se comprometió a revisar el cierre de la radio La Voz de Bagua, cuya reapertura pende de una decisión administrativa del Ministerio de Transporte y Comunicaciones.

La Voz de Bagua es una pequeña emisora en la ciudad amazónica de Bagua, cerrada el año pasado por el gobierno después de violentas protestas indígenas que dejaron 24 policías y 10 civiles muertos. Carlos Flores, director de la radio superó un proceso judicial por sedición y apología del delito, aunque las autoridades todavía mantienen cerrada la emisora por presuntas irregularidades operativas y en los equipos de trasmisión.

Por otra parte, el presidente García dio amplias garantías a la SIP sobre el respeto a los derechos de propiedad de Canal 4 de parte de su gobierno, los cuales se vieron amenazados por el ex propietario de la televisora José Enrique Crousillat, actualmente prófugo de la justicia, tras habérsele retirado los beneficios de un indulto presidencial. Crousillat había sido beneficiado por un indulto por ser una persona mayor (78 años) y enferma, después de ser extraditado de Argentina y cumplir parte de su sentencia por corrupción al haber “entregado” la línea editorial del canal por 80 millones de dólares a Vladimiro Montesinos.

García también expresó sus deseos de que pronto la Justicia pueda esclarecer totalmente el caso del periodista Alberto Rivera Fernández, asesinado en Pucallpa el 21 de abril de 2004 y en cuyo proceso está pendiente un fallo judicial sobre la autoría intelectual del crimen.

En otra reunión con el vicepresidente del Congreso, Michael Urtecho, la delegación de la SIP repasó la legislación en materia de libertad de prensa en el país. El legislador anunció que próximamente se dará a conocer el resultado de una Comisión Parlamentaria Especial que investigó el papel del gobierno en el caso de La Voz de Bagua.

Urtecho también se comprometió a trasladar las recomendaciones de la SIP a la Comisión de Justicia en materia de violencia contra periodistas e impunidad: entre ellas, la SIP viene insistiendo en la necesidad de una reforma constitucional y legal que contemple incrementar el plazo de detención en casos de delitos contra periodistas de 24 horas a 15 días; y la duplicación o triplicación de los plazos de prescripción de los delitos cometidos contra periodistas, así como la presentación de una iniciativa de ley que prevea la imprescriptibilidad de la acción penal en caso de delito de homicidio contra periodistas.

También con el presidente del Poder Judicial, Villa Stein, la SIP recordó que pidió dar un nuevo papel a las asociaciones de periodistas para participen en el proceso penal; además de que se presente una iniciativa legal que reconozca la participación de una asociación ad hoc, constituida por profesionales del periodismo, para que despliegue un rol de fiscalización en los procesos penales sobre delitos contra el periodismo. Estas iniciativas ya habían sido expresadas por la SIP durante el Foro Legislativo-Periodístico, efectuado en Lima en noviembre de 2008.

Durante las dos jornadas de trabajo en Lima, en las que también participaron el ex presidente de la SIP Danilo Arbilla, de Búsqueda, Uruguay; el director ejecutivo, Julio E. Muñoz; y el director de Libertad de Prensa, Ricardo Trotti, la SIP también se reunió con Javier Velásquez Quesquén, presidente del Consejo de Ministros.

Con anterioridad la delegación internacional se entrevistó con periodistas y directores de medios nucleados en el Consejo de la Prensa Peruana (CPP), el Instituto Prensa y Sociedad (IPyS) y con representantes de medios del interior del país, de los cuales recibió denuncias sobre casos de agresión y violencia.

Asimismo, mantuvo reuniones con familiares y abogados de Alberto Rivera Fernández; y con el abogado César Nakasaki, defensor del ex alcalde de Pucallpa, Luis Valdez Villacorta, quien todavía permanece procesado como autor intelectual del crimen del periodista, a pesar de dos absoluciones en distintos procesos.

Los delegados de la SIP también conversaron, con abogados y propietarios de La Voz de Bagua; con el abogado y el hijo del director del semanario Nor Oriente, Alejandro Carrascal Carrasco, sentenciado por difamación a un año prisión; y con el director de Canal 8 TV, Geovanni Acate, a cuya televisora se le anuló la licencia de funcionamiento.