Pide la organización a los gobiernos esfuerzos multilaterales, combinados y coordinados para detener la violencia contra la prensa

Washington D.C. (16 de julio de 2010) – La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) subrayó hoy desde esta ciudad que la violencia contra los periodistas es uno de los mayores retos que deben asumir los gobiernos y los organismos intergubernamentales si quieren garantizar el sistema de vida democrático en las Américas.

Tras un receso en su su reunión de Comité Ejecutivo, las máximas autoridades de la organización hemisférica convocaron a “todos los gobiernos y organismos multilaterales del área a encontrar métodos eficientes, alternativos y coordinados para combatir el clima de violencia e impunidad en contra de la prensa”.

“Pedimos que todos los organismos multilaterales, como la OEA, UNASUR, ALBA, ALADI, el BID y la CAF, entre otros, incluyan en sus agendas el grave problema de la violencia y otros métodos sutiles que afectan la libertad de prensa, porque de lo contrario estaremos permitiendo que se sigan debilitando nuestras democracias, porque esto afecta directamente el derecho del público a recibir información”, dijo el presidente de la SIP, Alejandro Aguirre, del Diario Las Américas con sede en Miami.

“Nuestra experiencia nos indica que ya se trata de un problema que no lo puede resolver un solo gobierno por sí mismo”, añadió.

De esta forma, Aguirre señaló la gran preocupación de la entidad por la ola de violencia desatada en la zona fronteriza entre México y Estados Unidos en la que han sido asesinados nueve periodistas en 2010 a manos del crimen organizado, el que en gran parte ha sido el causante de otros siete crímenes en Honduras y uno en Colombia durante este año.

Además de los 17 asesinatos de periodistas, la SIP ha registrado en este semestre, 11 secuestros de periodistas en México, ocho de los cuales permanecen desaparecidos y uno en Brasil, el que fue liberado. Dos comunicadores, en Brasil y Guatemala, sufrieron atentados con armas de fuego, mientras que fueron perpetrados cinco graves atentados contra instalaciones de medios en México y una en Venezuela.

Aguirre también destacó que varios gobiernos del área están emprendiendo “buenas iniciativas”, aunque consideró que la experiencia “muestra que deben ser redobladas”. Entre ellas, destacó que en México se hace imperiosa una reforma constitucional que incluya la federalización de crímenes contra periodistas y el agravamiento de las penas, al tiempo que ponderó la creación de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión.

También Aguirre ponderó los avances que se están haciendo en esta materia en varios países como en Brasil, Colombia y Perú en materia legal y jurídica en contra de la impunidad y resaltó que en este semestre se haya condenado en Venezuela al asesino del periodista Orel Sambrano y sentenciado a cuatro personas en Brasil por el crimen de Luis Carlos Barbon Filho.

Por su parte, el vicepresidente primero de la SIP, Gonzalo Marroquín, recordó que la SIP viene insistiendo ante instancias internacionales, como la Organización de Estados Americanos (OEA) su preocupación por la situación de las libertades individuales y sociales en países como en Cuba y Venezuela.

En ese sentido, Marroquín, del diario Prensa Libre de Guatemala, dijo que si bien la SIP ponderaba la liberación de nueve periodistas independientes cubanos que esta semana se exiliaron en España, gracias a un acuerdo entre los gobiernos de ambos países y la intercesión de la Iglesia Católica, considera que los organismos internacionales y los gobiernos regionales deben insistir ante el régimen castrista para que “la libertad se practique hacia dentro y no fuera de sus fronteras” y para que se deje de perseguir a comunicadores y blogueros, permitiéndose mayor acceso a la población al internet así como a las libertad de reunión y asociación. “Deben ser liberados todos los presos políticos, entre ellos otros 15 comunicadores que permanecen tras las rejas”, subrayó.

Asimismo, Marroquín indicó que en reunión realizada ayer con funcionarios de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, la SIP respaldó al periodista venezolano Guillermo Zuloaga, presidente de la televisora Globovisión, quien el viernes pasado estuvo en la sede de la CIDH para denunciar el acoso y persecución a la que está sometido por el gobierno del presidente Hugo Chávez.
Respecto a acoso judicial, también la SIP reclamó que desde el 31 de julio de 2009 se mantiene “una incomprensible” decisión judicial que prohíbe al diario O Estado de S. Paulo divulgar información sobre una investigación de la Policía Federal referente a la participación del empresario Fernando Sarney en actos de corrupción. Asimismo, se denuncio que en Venezuela el periodista Francisco Pérez, columnista de El Carabobeño, fue condenado a tres años y nueve meses de prisión por los delitos de "ofensa a funcionario público e injuria contra persona encargada de servicio público", inhabilitándosele como periodista y político, “una típica estrategia” que en Venezuela, resaltó Marroquín, está impermeabilizando al régimen de cara a las elecciones de setiembre próximo.

Por otra parte, Milton Coleman, vicepresidente segundo de la SIP, del Washington Post, hizo referencias a aspectos más sutiles, pero también directos que amenazan la libertad de prensa, a los que la organización califica de “campaña sistemática de ataques y de desprestigio generada por los gobiernos que tienen a muchos periodistas y medios de comunicación como a su blanco preferido”.

Las autoridades de la SIP mostraron su preocupación por recientes campañas de propaganda política pagada denunciadas por diferentes organizaciones de libertad de prensa nacionales, entre ellas de Argentina, Ecuador y Guatemala. Tanto los presidentes Cristina de Kirchner, Rafael Correa como Alvaro Colom, han promovido y vienen utilizando campañas de publicidad pagada en la que se acusa a los medios y periodistas, críticos e independientes, de buscar desestabilizar al gobierno o al sistema democrático.

Coleman indicó que muchas de esas campañas buscan desprestigiar a la prensa para tratar de restar credibilidad a denuncias, investigaciones sobre corrupción en la administración pública y opiniones críticas, elementos todos que forman parte de la misión de la prensa en una democracia, de la cual se espera que fiscalice pero que a demás de voz a las minorías. Agregó que la tensión entre gobierno y prensa está demarcada por la Ley de Servicios Audiovisuales en Argentina y el proyecto de Ley de Comunicación en Ecuador, ambos, con contenidos que favorecen un férreo control gubernamental sobre los medios.

En la conferencia de prensa posterior celebrada en el National Press Club (NPC, según sus siglas en inglés) en la que se dio repaso a los mayores atropellos a la libertad de prensa en el último trimestre, tras la reunión que la SIP celebró en Aruba en marzo pasado, se remarcaron algunos problemas legales y judiciales.

Entre los más destacados, se denunció la aprobación de una ley de Régimen Electoral en Bolivia que sanciona a los medios por la divulgación de entrevistas y opiniones que favorezcan a los candidatos; una enmienda constitucional en Brasil que restablece la obligatoriedad del diploma en periodismo para ejercer la profesión; proyectos de ley en Perú y Colombia que establecen duras sanciones penales para quienes infrinjan normas sobre protección de la adolescencia y una reforma al Código Civil en Chile que descarta limitaciones a las indemnizaciones que los jueces pueden imponer a los medios por demandas de difamación.

Asimismo, la SIP destaca que en estos meses la publicidad oficial continuó utilizándose en forma discriminatoria en Argentina, Guatemala, Ecuador y Nicaragua.

Ayer, una misión de la SIP ante la CIDH, sometió la investigación del asesinato de Francisco Ortiz Franco de México, ocurrido el 22 de junio de 2004, caso número 27 que la SIP presenta al organismo interamericano desde 1997.

El presidente del Comité Ejecutivo, Juan Luis Correa, La Estrella de Panamá, observó que “la libertad de prensa no es propiedad de gobiernos ni de medios, resaltó que en la reunión del máximo cuerpo de la institución en esta ciudad, se puso énfasis de que "la libertad de prensa no pertenece ni a gobiernos ni a medios, sino a los ciudadanos, por lo que cualquier afrenta contra ella, es a la sociedad en general".

A continuación, se detalla lista de periodistas asesinados.

En México: Marco Aurelio Martínez Tijerina, Hugo Alfredo Olivera Cartas, María Elvira Hernández Galeana, Juan Francisco Rodríguez Ríos, Evaristo Pacheco Solís, Valentín Valdés Espinosa. Otros tres asesinatos, los de Guillermo Alcaraz Trejo, Jorge Ochoa Martínez y de José Luis Romero, todavía están bajo investigación para determinar el móvil.

En Honduras: Luis Arturo Mondragón, Jorge Alberto Orellana, Víctor Manuel Juárez, José Bayardo Mairena, Nahúm Palacios, David Meza, Joseph A. Hernández Ochoa.

En Colombia: Clodomiro Castilla Ospino.

Detalle de los nueve periodistas independientes cubanos liberados: Ricardo González Alfonso (condenado a 20 años, Sociedad de Periodistas Manuel Márquez Sterling y Revista De Cuba); Julio César Gálvez (15 años, colaborador de diferentes medios); Pablo Pacheco Ávila (20 años, Cooperativa Avileña de Periodistas Independientes); José Luis García Paneque (24 años, agencia de prensa Libertad); Omar Ruiz Hernández (18 años, Grupo de Trabajo Decoro); Léster Luis González Pentón (20 años, independiente); Omar Rodríguez Saludes (27 años, Nueva Prensa Cubana); Normando Hernández González (25 años, Colegio de Periodistas Independientes de Camagüey) y Mijaíl Barzaga Lugo (15 años, Agencia Noticiosa Cubana).

Detalle de los 15 periodistas independientes cubanos todavía encarcelados: Alfredo Pulido López (condenado a 14 años, El Mayor); José Ubaldo Izquierdo (16 años, Grupo de Trabajo Decoro), Víctor Rolando Arroyo (26 años, Unión de Periodistas y Escritores Cubanos Independientes); Adolfo Fernández Sainz (15 años, Patria); Héctor Maseda Gutiérrez (20 años, Grupo de Trabajo Decoro); Pedro Argüelles Morán (20 años, Cooperativa Avileña de Periodistas Independientes); Fabio Prieto Llorente (20 años, independiente); Iván Hernández Carrillo (25 años, Patria); Juan Carlos Herrera (20 años, Agencia de Prensa Libre Oriental); Miguel Galván Gutiérrez (26 años, Havana Press); Alfredo Felipe Fuentes (26 años, independiente); Alberto Gil Triay (7 años, Centro Informativo Estrella Solitaria); Raymundo Perdigón Brito (4 años, Yayabo Press); Ramón Velázquez Toranso (3 años de libertad vigilada, Libertad); y Alberto Santiago Du Bouchet (3 años, Havana Press).