La SIP expresó su profunda preocupación por el secuestro de cuatro reporteros ocurrido en el estado de Durango, en México, esta semana, y al reconocer la gravedad de la situación de violencia en el país, reiteró la necesidad de que el gobierno actúe con urgencia para garantizar la vida de los desaparecidos, así como los derechos fundamentales de la sociedad en general.

Los reporteros, Jaime Canales, camarógrafo de Multimedios Laguna; Alejandro Hernández, camarógrafo de Televisa Torreón; Héctor Gordoa, enviado de Televisa México y Oscar Solís, reportero del diario El Vespertino, fueron secuestrados el lunes 26 de julio luego de cubrir un motín en el penal Centro de Readaptación Social número 2, de Gómez Palacio, en el estado de Durango. Esta tarde se informó que el periodista Gordoa fue liberado. La cárcel se encuentra bajo control de la Policía Federal por acusaciones de corrupción contra sus directivos.

El presidente de la SIP, Alejandro Aguirre, subdirector de Diario Las Américas con sede en Miami, expresó su solidaridad con las familias de los periodistas y sus colegas, agregando que “observamos con gran preocupación como la violencia sigue expandiéndose en el país, sin que se encuentren herramientas adecuadas para que la prensa pueda hacer su trabajo sin temor a represalias”.

“A principios de este año estuvimos con una misión internacional de la SIP en Durango y justamente en aquel momento recogimos el temor de los editores y periodistas de la región, quienes expresaban públicamente que si el gobierno no actuaba de inmediato preveían una escalada de la violencia contra la prensa”, dijo Aguirre, lamentando que “ya hemos llegado a esta situación”.

En aquel foro de la SIP celebrado en la ciudad de Durango el 16 de febrero de este año, editores de periódicos mexicanos de los estados de Durango, Coahuila, Sinaloa y Sonora, demandaron a las autoridades federales y estatales mayores garantías para ejercer el periodismo.

Los editores reclamaron en un documento, Declaración de Durango, a las autoridades nacionales y estatales por la inacción a combatir el clima general de violencia, desde aspectos globales solicitando la federalización de los crímenes contra periodistas, así como asuntos concretos sobre la creación de vocerías conjuntas – policía judicial, ministerio público y ejército – a fin de que los medios de comunicación puedan acceder a información oportuna y transparente sobre sucesos violentos.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Robert Rivard, explicó que desde principios de la semana la SIP se ha mantenido atenta al desarrollo de las desapariciones de los reporteros, “pero por tratarse de un tema tan delicado la institución prefirió actuar con prudencia y mesura”.

Rivard, director editorial del diario San Antonio Express-News, en San Antonio, Texas, hizo un llamado público para que los reporteros “sean liberados de manera inmediata y en condiciones óptimas”.

Tanto Aguirre como Rivard reiteraron, en nombre de la SIP, “su apoyo a todos los medios de comunicación mexicanos y, particularmente, aquéllos directamente afectados”. Asimismo destacaron que “son estos los momentos en los que debe consolidar la solidaridad y el trabajo conjunto entre comunicadores para la búsqueda de un bien común”.

De acuerdo información local, los periodistas secuestrados se comunicaron el lunes a las 6:00 de la tarde con sus respectivos medios de comunicación para informar sobre las condiciones de los captores, presuntamente miembros del Cártel de Sinaloa, quienes exigían la transmisión de tres videos.

El Telediario de la Laguna, al que pertenece Canales, uno de los secuestrados, transmitió el martes 27 de julio, durante 15 minutos, los videos en un enlace especial con Milenio Televisión de ciudad de México, en los que se observaba a un grupo de desconocidos denunciar la supuesta complicidad del grupo de Los Zetas con autoridades policiacas de las ciudades limítrofes de Torreón, en el estado de Coahuila, y Gómez Palacio y Lerdo, en Durango.

La SIP viene reclamando a las autoridades mexicanas por la desaparición este año de ocho periodistas, seis de éstos secuestrados en Tamaulipas entre febrero y marzo pasado. La organización hemisférica también ha reiterado en varias oportunidades por el esclarecimiento de los nueve periodistas ultimados durante este año.