Alfredo Jiménez Mota
Reportero del periódico El Imparcial
Hermosillo, Sonora, México
Desapareció el 2 de abril de 2005

Sospechosos:
• Raúl Enrique Parra, narcotraficante asesinado en noviembre de 2005
• David Garzón Anguiano, alias El Estudiante, señalado por autoridades de México y EU como narcotraficante
• Raúl Fernando Rojas Galván, ex subdelegado de Procedimientos Penales de la PGR en Sonora
• Reynaldo Zamora Zepeda, ex jefe de Detenciones en Flagrancia, de la Policía Ministerial del Estado de Sinaloa (PME)
• El grupo de los Salazar, organización señalada por las autoridades como dedicada al narcotráfico.
• Otros funcionarios y ex funcionarios del estado

CIDH:
• 11 de marzo de 2009, caso sometido ante la CIDH, (# de referencia P-348-09), en estudio de admisibilidad

2 de abril de 2005: Desaparece Alfredo Jiménez Mota
6 de abril de 2005: SIP reacciona de manera inmediata y la Unidad de Respuesta Rápida investiga el caso.
14 de abril de 2005: Pide la SIP a autoridades crear una fiscalía especial.
30 de agosto de 2005: SIP organiza Encuentro de editores de la frontera Norte de México, en Hermosillo.
Octubre de 2005: Cámara de Diputados crea el Grupo de Trabajo de Seguimiento a las Agresiones contra Periodistas y Medios de Comunicación.
Diciembre de 2005: SIP crea el Proyecto Fénix.
2006: Se publica el “Mapa de riesgos” de la SIP.
26 - 27 de enero de 2006: SIP celebra la Conferencia, “Narcotráfico: Investigación y cobertura noticiosa”, Nuevo Laredo, Tamaulipas.
15 de febrero de 2006: Gobierno crea la Fiscalía Especial para la Atención a Delitos cometidos contra Periodistas.
26 - 27 de junio de 2008: SIP celebra el Segundo Encuentro de Editores de la República Mexicana, Ciudad de México; solicita cambio en la fiscalía y federalización de crímenes contra periodistas.
Julio 2008: Editores organizados por la SIP presentan propuesta legal sobre federalización.
Julio 2010: Gobierno crea la nueva Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE).
2006 – 2010: SIP celebra cuatro seminarios especiales en Hermosillo.

El periodista Alfredo Jiménez Mota, especializado en temas sobre crimen organizado y seguridad pública del periódico El Imparcial, desapareció el sábado 2 de abril de 2005. Su secuestro estaba claramente vinculado a su trabajo periodístico de los últimos meses, en los que publicó información sobre las organizaciones de narcotraficantes que operaban en el estado de Sonora.

Tenía apenas 25 años de edad, era alto y de tez morena. Era un periodista honesto y comprometido con su trabajo. Lo respetaban y reconocían sus compañeros por las fuentes de información que había acumulado y su tenacidad en el trabajo.

Aunque para entonces los nombres de periodistas asesinados o desaparecidos en México continuaban acumulándose en un listado de impunidad que la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) ha seguido y documentado desde 1987; incluso a pesar del cambio de gobierno y partido político en el poder desde el año 2000 (para entonces se habían registrado 11 periodistas muertos o privados de su libertad y de ellos en ocho casos existían elementos que la SIP tenía por sus investigaciones para pensar que el móvil había sido su profesión ). Sin embargo, la desaparición de Jiménez Mota era el primer caso que se registraba en Hermosillo, la capital del estado de Sonora, y con él iniciaría una nueva etapa en el país en la que las mafias optaron por mostrar su poder y silenciar a los periodistas que les molestaban, provocando con la corrupción un círculo de impunidad que los protegería.

Ante la gravedad del hecho, la tensión que se vivía en las redacciones de los medios de comunicación de Hermosillo y la importancia de contar con información de primera mano que permitiera tener información confiable para documentar el caso, apenas unos días después la Unidad de Respuesta Rápida (URR) de la SIP comenzó a investigar en la ciudad.

Escuchar los testimonios de la familia, compañeros, amigos y directivos de las diferentes empresas periodísticas permitió reconstruir lo ocurrido en los días previos a la desaparición del periodista y además revisar el expediente permitió documentar las horas posteriores. En reuniones con las autoridades locales se cuestionó su trabajo y sobre los resultados, lo que también permitió presionar a los funcionarios y obtener información valiosa.

Como una forma indispensable de solidaridad, ante el miedo que se vivía, pero frente a la necesidad de respuestas para los periodistas en el estado, la URR se sumó a las manifestaciones que organizaron los reporteros de El Imparcial y a las jornadas de búsqueda en diferentes zonas de la ciudad, principalmente en el desierto que la rodea. No hubo resultados.

Datos consistentes

Alrededor del medio día del sábado 2 de abril de 2005, Alfredo Jiménez Mota realizó su trabajo de forma habitual. Llegó a las oficinas de prensa de la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Sonora y de la Procuraduría General de Justicia de la misma entidad, de donde buscó la información del día, conversó con algunos reporteros de otros medios de comunicación y se retiró.

Alrededor de las cuatro de la tarde se fue a la redacción de El Imparcial, pero a pocos metros antes de llegar, a unas tres cuadras de distancia, cuando cruzaba la plaza Hidalgo, en el centro de la ciudad, dos hombres se le acercaron a mediana distancia. El periodista pensó que se trataba de turistas porque llevaban consigo una cámara fotográfica, pero comenzaron a tomarle fotografías por lo que se asustó, salió corriendo y se refugió en un restaurante llamado Los Grillos, en donde conocía a la pareja dueña del local, con quienes se refugió hasta sentirse seguro e incluso aprovechó para comer.

Antes de las cinco de la tarde, el periodista llegó a El Imparcial y comenzó a redactar su información, un total de tres notas, sin que en ese momento comentara a alguno de sus compañeros lo ocurrido en la plaza. Aparentemente a las 20:45 se retiró de la redacción, de acuerdo al registro de Internet de su computadora.

Llegó a su casa y pasadas las 21:00 horas habló con su amiga la reportera Shaila Rosagel. Quedaron en tomar más tarde unas cervezas con otros amigos y le comentó que antes de verla se encontraría con uno de sus contactos “que andaba muy nervioso”, pero sólo serían unos minutos, le precisó. El periodista se bañó y aproximadamente entre las nueve y las 10 de la noche se encontró con Andrés Montoya García, entonces subdirector general del Sistema Estatal Penitenciario de Sonora. De acuerdo con el testimonio que rindió ante la Procuraduría General de Justicia del estado de Sonora el ahora ex funcionario, platicaron a bordo de su camioneta mientras dieron varias vueltas. El tema de la charla era delicado, versaba sobre la liberación de un presunto narcotraficante apodado “El Estudiante” y que era considerado muy peligroso por las autoridades, un tema que Jiménez Mota ya había empezado a publicar.

En su declaración ministerial, contenida en la averiguación previa 90/05 de la procuraduría estatal, Montoya García aseguró que a Jiménez Mota lo dejó en un supermercado y no supo más de él, solamente le comentó que tenía que ver a otro “contacto”. En el expediente no existían diligencias que permitieran verificar esta declaración.

No ha sido encontrado algún testigo para corroborar qué ocurrió después. Sin embargo, el registro del teléfono celular del periodista muestra que la última llamada que recibió ese sábado, en punto de las 23:04 horas, fue de parte del entonces subdelegado de la Procuraduría General de la República en Sonora, Raúl Fernando Rojas Galván, quien era una de sus principales fuentes de información o “contactos”, como le denominaba el reportero.

Rojas Galván fue interrogado por la Procuraduría General de Justicia del estado de Sonora. Primero negó haber visto ese 2 de abril a Jiménez Mota, incluso rechazó tener una relación cercana con el reportero. En esa declaración, quedaron en evidencia sus contradicciones, pues al mostrarle el recibo de llamadas en el que aparecía el suyo y tuvo que retractarse, entonces declaró: “quizá llamé pero no me contestó”. Los investigadores le mostraron entonces que la comunicación duró casi dos minutos, 112 segundos exactamente, por lo que nuevamente Rojas Galván cambió su versión: “no lo recuerdo”, sin embargo luego dijo que el reportero le había llamado para pedirle unos datos, pero que él le respondió que tenía que pedirlos a Comunicación Social.
Fue todo. No se investigó más, al funcionario se le removió del cargo y luego fue enviado en el mismo puesto en el estado de México.

El sábado el periodista ya no se encontró con sus compañeros. El domingo era su día de descanso y tampoco sus amigos lo vieron. El lunes 4 de abril, no se presentó a la redacción ni respondió su teléfono celular, pero no se imaginaron nada grave, así que no lo buscaron. Al dí siguiente comenzó la búsqueda al no llegar a la oficina, sus padres presentaron una denuncia penal y los reporteros de El Imparcial comenzaron las movilizaciones por las calles, la entrega de volantes y la publicación de notas sobre el caso.

La movilización en solidaridad
Inmediatamente la SIP denunció lo ocurrido y exigió la movilización de todas las autoridades para su localización. Ante la falta de garantías de una investigación imparcial por parte de las autoridades, y que en el mismo mes fueron asesinados dos periodistas , la SIP retomó una exigencia que había hecho tiempo atrás, la creación de una fiscalía que se especializara en la investigación de ataques a comunicadores y a la libertad de expresión. La primera respuesta que se logró fue una declaración pública del entonces titular de la Procuraduría General de la República, Rafael Macedo de la Concha, quien declaró el 14 de abril de 2005 que se crearía la mencionada oficina.

Pero el trámite administrativo tardaría, por lo que la SIP insistió en que el caso fuera atraído por la PGR, lo que sucedió 20 días después de la desaparición de Alfredo, tomando el caso la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO).

La gravedad de lo sucedido y ante la falta de muestras de acciones claras y contundentes para encontrar a Jiménez Mota, una misión especial de la SIP viajó a México (18 de mayo de 2005) y sostuvo distintas reuniones de trabajo con el presidente Vicente Fox, con el nuevo titular de la PGR, Daniel Cabeza de Vaca, y el titular de la SIEDO, José Luis Santiago Vasconcelos. Todos sostuvieron que existían avances en las investigaciones, que los involucrados eran integrantes del crimen organizado y que el caso sería resuelto, lo mismo que otros ataques cometidos contra los periodistas por su trabajo profesional.
Las autoridades de la SIP insistieron en la creación de una fiscalía que pudiera concentrar las investigaciones y contara con recursos humanos y económicos suficientes para resolver los expedientes, ante la gravedad de la situación y el alto nivel de impunidad que prevalecía.

Apenas una semana después, como primer paso, el presidente ordenó a la PGR que en cada delegación ubicadas en todos los estados del país fuera designado un fiscal encargado de atender los casos de ataques a comunicadores.

El seguimiento de casos que arrojaba en un solo año, de julio de 2004 a julio de 2005 un total de cinco periodistas asesinados y uno desaparecido, así como el incremento de las amenazas y presiones por parte de las organizaciones del crimen organizado o funcionarios corruptos, provocó una situación de temor y una creciente autocensura de los medios de comunicación en diferentes estados del país, como una forma de autoprotección, impulsó a la SIP a convocar a los editores de la frontera Norte de México, hasta entonces la más afectada por esas organizaciones.

Las visitas de la URR a Hermosillo se incrementaron, así como el seguimiento del caso de Jiménez Mota fue muy cercano, por tratarse de una desaparición y ante la posibilidad de que estuviera vivo.

Declaración de Hermosillo

En un hecho inédito, los directivos de 40 periódicos del norte del país, acompañados por la Sociedad Interamericana de Prensa, se reunieron el 30 de agosto de 2005 en el estado de Sonora para discutir y encontrar soluciones. Los directivos acordaron implementar seis acciones concretas para defender el trabajo periodístico y su misión: informar a la sociedad. El documento se llamó “Declaración de Hermosillo”.

La reunión en sí mismo fue un logro sin precedentes para construir un espacio de solidaridad, comunicación y fortaleza, y los acuerdos alcanzados se constituyeron en un parteaguas en la relación entre las empresas informativas en México.

La Declaración de Hermosillo introdujo en México una idea novedosa y nunca antes utilizada, como fue la integración de un equipo de investigación en el que participarían todos los periódicos firmantes para que un reportero de sus redacciones se sume al n grupo de trabajo que profundizaría en las investigaciones que le hubieran costado la vida de un reportero y los resultados serán publicados en cada uno de esos diarios. Se le denominó a este grupo Proyecto Fénix.

Otros de los acuerdos alcanzados en la Declaración de Hermosillo fueron el reclamo a los gobiernos federal y estatales, y a los poderes Legislativo y Judicial para que, en el ámbito de sus responsabilidades, esclarezcan los crímenes de periodistas, y el compromiso de publicar cada caso de reporteros asesinados en México y que no ha sido resuelto. Se resolvió también llevar a cabo otras reuniones de editores de todo el país, desarrollar entrenamiento para la seguridad de los periodistas.

En la reunión se definió que no debía esperarse a que otro periodista fuera asesinado para comenzar a indagar, por lo que se decidió investigar el caso de Alfredo Jiménez Mota. El seguimiento permanente al caso y el resultado del trabajo del Proyecto Fénix arrojó, un año después la publicación, en más de 40 periódicos de México, de un reportaje sobre las investigaciones del crimen del reportero que reveló parte de la trama que provocó su muerte, la operación de grupos importantes de narcotraficantes en Sonora al servicio de grandes cárteles y las limitadas acciones llevadas a cabo hasta entonces por las autoridades para resolver el caso.

Uno de los datos más reveladores del trabajo desarrollado por el grupo fue que en la desaparición de Jiménez Mota pudieran estar involucrados funcionarios federales y estatales. Se demostró la clara la impunidad que prevalecía en el caso.

La Cámara de Diputados, unas semanas después de iniciar su periodo de sesiones, dio respuesta a la exigencia de los editores y en octubre de 2005 creó el Grupo de Trabajo de Seguimiento a las Agresiones contra Periodistas y Medios de Comunicación, que permitió sistematizar los casos, proponer cambios legislativos diversos, logrando la despenalización a nivel federal de los delitos de difamación y calumnia.

Una cultura de seguridad

Para dar respuesta a la demanda de construir una cobertura informativa segura, la SIP organizó un taller en Hermosillo, que permitiera a los reporteros incluir medidas de seguridad en sus tareas cotidianas.

Además, a finales del año, la SIP financió el envío de un grupo de 24 editores y periodistas para entrenamiento con los Cascos Azules en Argentina (CAECOPAZ), sobre en periodismo en situación de riesgo.

La realización de cursos en México se incrementó, lo mismo que el trabajo de la SIP para incrementar la solidaridad entre los medios de comunicación, por lo que un segundo encuentro se celebró en Nuevo Laredo, Tamaulipas, ante la ola de violencia contra los comunicadores.

Paralelamente, la SIP continuó denunciando en sus Asambleas y en foros nacionales e internacionales la falta de resultados de parte de las autoridades mexicanas y exigió permanentemente la creación de la fiscalía especial de PGR.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos se suma activamente a las investigaciones del caso de Jiménez Mota y el entonces director del Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, sostiene que la desaparición del periodista es emblemática, porque se trata de la “institucionalización de la impunidad”.

Del seguimiento informativo por parte del periódico El Imparcial y de la URR se puede demostrar que varios posibles testigos e involucrados son asesinados en los meses posteriores a la desaparición de Jiménez Mota, la mayoría de ellos integrantes de organizaciones criminales.

Los cursos se extendieron por todo el país, como una forma de concientización de los reporteros y ante la creciente intimidación a su trabajo. Paralelamente la SIP publicó “Mapa de Riesgos para Periodistas”, investigación que publicó detalladamente lo ocurrido con Alfredo Jiménez y con otros periodistas en México, Colombia y Brasil.

La fiscalía

El 15 de febrero de 2006 se emitió el acuerdo que creó la Fiscalía Especial para la Atención a Delitos cometidos contra Periodistas adscrita a la Procuraduría General de la República (PGR). Al día siguiente comenzaron sus funciones. Aunque no daba respuesta a las exigencias planteadas para tener mayor efectividad, los directores de medios y la SIP esperaron a ver los avances que podría obtener la nueva oficina.
Pero los magros resultados en los meses subsecuentes obligaron a la SIP a insistir en que la impunidad era un aliciente para continuar los ataques hacia los comunicadores, los cuales continuaban incrementándose. Otros organismos internacionales y mexicanos denunciaron lo mismo y exigieron resultados, pero sólo se obtuvo el cambio de titular y menos casos resueltos.

La SIP convocó nuevamente a los editores de la República para que continuaran desarrollándose los trabajos y acuerdos. Se logró una propuesta específica para modificar a la fiscalía estructuralmente; así como un proyecto de reforma para federalizar los delitos cometidos contra la libertad de expresión, documento que fue avalado por más de 50 editores y juristas mexicanos.

Estos documentos se presentaron ante las autoridades en 2008. La misión especial de la SIP exigió un cambio en las políticas públicas para garantizar la seguridad de los reporteros que sufrían de autocensura ya en todo el país y que se resolvieran los casos, uno de ellos el de Alfredo Jiménez Mota, que entonces cumplía cuatro años de estar desaparecido y que no existiera rastros de su paradero, pero tampoco de los responsables.

Junto con otras organizaciones, la SIP respondió a la convocatoria lanzada por la Comisión Especial de la Cámara de Diputados para dar seguimiento a los casos de los periodistas, para presentar propuestas específicas que permitieran federalizar los delitos contra periodistas. Al final una propuesta específica fue elaborada y que se presentó al pleno de la Cámara de Diputados, la cual fue enviada a la Comisión de Justicia para su análisis, órgano en el que la SIP insistió para su aprobación, pero que fue modificada en su esencia, por lo que la Sociedad Interamericana respondió con una fuerte crítica. La iniciativa ha quedado detenida desde hace un año.

En una nueva misión de la SIP celebrada en 2010, con el respaldo de los editores de la República Mexicana, se exigió nuevamente al Secretario de Gobernación y al titular de la PGR una reestructuración de la fiscalía, el combate a la impunidad, las garantías a los periodistas, la federalización de los delitos cometidos contra la libertad de expresión y la no prescripción de estos.
Se comprometieron a hacerlo, algo que se formalizó en julio de este año, con un nuevo acuerdo que dota a la fiscalía de mayores atribuciones y obligaciones para llevar a cabos las investigaciones de los casos.

Batalla que no se apaga, la CIDH
En 2009, cuando se cumplieron cuatro años de la desaparición de Alfredo Jiménez Mota y ante la clara muestra de inacción por parte de las autoridades y frente al compromiso de la SIP ante los padres del periodista de no olvidar el caso de su hijo, la Sociedad Interamericana de Prensa documentó los nulos avances ya la falta de voluntad por resolver lo ocurrido al comunicador en Hermosillo y presentó el documento respaldado con diversas pruebas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

No existen avances y tampoco interés por el caso, mucho menos por informar de manera formal sobre lo ocurrido a Jiménez Mota, y la impunidad es uno de los motores principales que han deteriorado la situación de los periodistas en México, los casos se han incrementado y ninguno ha sido resuelto hasta alcanzar la última sentencia de todos los involucrados. Por si fuera poco, la forma de hacer periodismo en la mayoría de los estados del país se ha modificado, ante la presión de las mafias y de funcionarios corruptos, lo que se traduce en miedo y censura, por lo que se deben intensificar los trabajos, proyectos y espacios de presión y solidaridad para frenar y revertir esta situación que no es otra cosa que la pérdida de una libertad esencial para la sociedad.

Si bien Alfredo sigue desaparecido, las acciones que llevó a cabo la SIP desde su muerte han incidido directamente en las políticas públicas del estado mexicano de forma lenta pero paulatina; pero sobre todo ha ido construyendo una alianza entre muchos de los medios de comunicación, un esquema de trabajo para lograr fines comunes y una nueva cultura de seguridad para la cobertura en México, aunque la gravedad del problema provoca que los resultados aún no parezcan tan amplios, es por ello que el desafío continúa y la SIP está adoptando nuevos caminos creativos y que ofrezcan mayores resultados.

El caso de Jiménez Mota sigue vigente y la SIP espera que a través de la CIDH el Estado mexicano ofrezca resultados a corto plazo, lo mismo que el nuevo titular de la Fiscalía especial de la PGR.

¿Quién es Alfredo?
- Su nombre completo es José Alfredo Jiménez Mota
- Cuando desapareció tenía cinco años de experiencia en periodismo, primero en el estado de Sinaloa, uno de los estados más peligrosos y con mayor presencia de organizaciones de narcotraficantes, y luego en Sonora.
- Era originario de Sonora, donde viven sus padres y su hermana, quienes hasta la fecha lo siguen buscando
- Fue uno de los primeros reporteros en Sonora en investigar las mafias que operan en ese estado. Antes o había hecho el director del periódico La Prensa de San Luis Río Colorado, en la frontera con Estados Unidos, pero fue asesinado en 1997.
- Con sus trabajos, en los que también participaron algunos de sus compañeros, mostró las operaciones de dos organizaciones en la entidad y la corrupción de diferentes instituciones del gobierno.

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Los nombres de los reporteros asesinados o desaparecidos entre 2000 y 2005 son: José Luis Ortega Mata, José Barbosa Bejarano, Saúl Antonio Martínez Gutiérrez, Félix Fernández García, Jesús Mejía Lechuga, Rafael Villafuerte Aguilar, Roberto Mora García, Francisco Ortiz Franco, Francisco Arratia Saldierna, Leodegario Aguilera Lucas y Gregorio Rodríguez Hernández. El director de La Opinónde Poza Rica, Veracruz, Raúl Gibb Guerrero, y la reportera de radio en Nuevo Laredo, Tamaulipas, Guadalupe García Escamilla.