México, D.F. (22 de septiembre de 2010). –El presidente Felipe Calderón anunció en una reunión de trabajo con una delegación internacional de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) que se compromete a instalar en la agenda pública nacional el tema de la libertad de prensa, redoblando esfuerzos para garantizar la seguridad de los reporteros y reimpulsando la reforma legal que hará de los crímenes contra periodistas un delito federal.

En una reunión que se extendió en la Residencia Los Pinos por una hora y media, en la que ambas organizaciones expusieron su preocupación ante el incremento de los asesinatos contra periodistas y el nivel de impunidad, el presidente Calderón insistió que la “peor amenaza contra la libertad de expresión, no proviene del gobierno, que tiene una profunda vocación democrática y de tolerancia, sino del crimen organizado”.

El presidente Calderón anunció durante la reunión la implementación próxima de un sistema centralizado de protección para periodistas, con participación civil, que evaluará riesgos y ofrecerá medidas cautelares. En reunión posterior con otros funcionarios de gobierno, que se extendió por otra hora y media, y en el que se ofrecieron detalles del plan, el Fiscal Especial para Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, Gustavo Salas, dijo que el sistema pudiera empezar a operar en sus primeras fases a principios de octubre.

Las delegaciones lideradas por Gonzalo Marroquín, vicepresidente de la SIP y Joel Simon, director ejecutivo de CPJ, pidieron que los crímenes contra periodistas se federalicen, sean delitos agravados e imprescriptibles, que haya un sistema eficiente de protección para medios y reporteros con el apoyo de la sociedad civil, que se fortalezca el trabajo de la Fiscalía Especial, y que se establezca un protocolo para las fuerzas de seguridad que han limitado la labor periodística.

Marroquín, director del diario Prensa Libre, Guatemala indicó que “venimos a México con la intención de expresar nuestra solidaridad al gobierno, a los mexicanos y a los periodistas y medios de este país, para que se construya un frente común contra el flagelo de la violencia y proteger así el derecho fundamental de cada ciudadano a saber”.

El presidente Calderón se comprometió a reimpulsar la federalización de los delitos contra periodistas, proyecto de reforma que el Poder Ejecutivo envió al Congreso en 2008, ante reiterados pedidos de editores mexicanos nucleados en reuniones de la SIP, pero que hasta ahora permanece estancado. El Presidente instruyó al Secretario de Gobernación, José Francisco Blake Mora, a insistir sobre este tema ante la comisiones en el Senado de la República. También se mostró inclinado a impulsar reformas legales que tiendan a establecer modalidades de agravamiento de penas en los delitos cometidos contra periodistas y en buscar su imprescriptibilidad.

Por su parte, Juan Francisco Ealy Ortiz, presidente de El Universal, México y de la Comisión Contra la Impunidad de la SIP, tras agradecer al Primer Mandatario, le confió que varios medios de comunicación en México están haciendo un esfuerzo para construir un grupo de trabajo que vele por mejores estándares periodísticos, mayor capacitación y monitoreo profesional independiente sobre agresiones a periodistas y campañas publicitarias para fomentar la denuncia y prevención de adicciones.

Ante requerimiento especial de la SIP, el presidente Calderón se comprometió a elevar el tema de la seguridad de los periodistas y la importancia de la libertad de prensa, en reuniones supra nacionales con otros presidentes de las Américas y organizaciones inter gubernamentales.

Simon de CPJ se mostró complacido de que “el presidente Calderón exteriorizara su profundo compromiso con la libertad de prensa, tomando una hora y media de su tiempo con nuestras delegaciones para discutir abiertamente sobre los desafíos y comprometiéndose con una firme respuesta”.

En aspectos particulares, el Presidente comentó que en el caso del periodista Armando Rodríguez del Diario de Juárez, asesinado en noviembre de 2008, fue detenido uno de los participantes en el crimen. En ese sentido, el procurador general de la República, Arturo Chávez Chávez, confirmó que la captura ha permitido conocer que el móvil del crimen se debió a su actividad profesional y que las investigaciones continúan.

El presidente Calderón también se comprometió personalmente a revisar el incumplimiento por parte del Estado nacional, y los estados de Baja California y Chihuahua, sobre las resoluciones que a instancias de la SIP, emitió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en torno a los asesinatos de Héctor Félix Miranda y Víctor Manuel Oropeza, asesinados en 1988 y 1991, respectivamente.

Además de Marroquín, la delegación de la SIP estuvo compuesta por Robert Rivard, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, del San Antonio Express-News de Estados Unidos; Jorge Canahuati, presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales, de La Prensa de Honduras; Andrés García Gamboa, ex presidente de la SIP, de Grupo SIPSE de Mérida, Yucatán, México; Juan Francisco Ealy Ortiz, presidente de la Comisión Contra la Impunidad, de El Universal de México; Juan Fernando Healy, vicepresidente por México de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, de Periódicos Healy de México; Roberto Rock, vicepresidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, de El Universal de México; Julio Muñoz, director ejecutivo; Ricardo Trotti, director de Libertad de Prensa y María Idalia Gómez, de la Unidad de Respuesta Rápida de la SIP en México.

En representación del CPJ acompañaron a Simon, María Teresa Ronderos, integrante de la junta directiva; Carlos Lauría, coordinador senior del programa de las Américas y Michael O’ Connor, consultor del CPJ en México.

Estadísticas recopiladas por la SIP desde 1987 indican que a la fecha 103 periodistas fueron asesinados y se desconoce el paradero de otros ocho secuestrados en 2010. Este año han sido ultimados 10 comunicadores: Luis Carlos Santiago Orozco, Guillermo Alcaraz Trejo, Marco Aurelio Martínez, Hugo Alfredo Olivera Cartas, María Elvira Hernández Galeana, Juan Francisco Rodríguez Ríos, Evaristo Pacheco Solís, Jorge Ochoa Martínez, José Luis Romero y Valentín Valdés Espinosa.

Entre otras actividades organizadas en conjunto por la SIP y el CPJ en México, el jueves 23 de septiembre se celebrará el Foro “México bajo asedio del crimen organizado’, en el Centro de Cultura Casa Lamm en Ciudad de México.