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México
22 de diciembre de 2010
México y la Impunidad
María Idalia Gómez, URR-México


En México los ataques a la libertad de expresión no se castigan, los casos aumentan y así la impunidad socava más la justicia. Esta afirmación proviene de un dato fundamental que la SIP ha podido confirmar: no existe un solo caso de periodistas asesinados o desaparecidos, en los últimos 20 años, cuyos responsables presos cumpliendo sentencia definitiva.

Existen muestras palpables sobre la escasa voluntad política para proteger la libertad de expresión. El Congreso, por ejemplo, no ha hecho una reforma que permita federalizar los delitos cometidos contra periodistas, a pesar de haberse a hacerlo. Otro ejemplo, es el reciente reconocimiento público, por parte del fiscal especial de la PGR, Gustavo Salas, quien afirmó a principios de diciembre en un foro en la Universidad de Texas de El Paso--organizado por la SIP y ANSE--, que cuando llegó al cargo en 2010 (la fiscalía se creó desde 2006) no existía una base de datos con los casos de periodistas asesinados, tampoco un seguimiento a éstos, ni siquiera datos sobre los vehículos en los que varios de los comunicadores habían sido secuestrados ni un análisis sobre el patrón que han seguido los ataques.

Durante más de tres años, la fiscalía prácticamente no investigó. Si bien estas condiciones hacen más difícil el trabajo que desarrolla la SIP, también hace más importantes los resultados o logros que se tienen. En 2009, a partir de una exigencia y acuerdos alcanzados con editores, la SIP planteó un proyecto de transformación de la Fiscalía Especial que presentó al Ejecutivo, que incluía el cambio del titular ante su notoria ineficiencia.

En febrero de 2010, a través de la Secretaría de Gobernación, se anunció a una misión de la SIP que esa fiscalía contaría con un nuevo responsable y sufriría cambios en su estructura, los cuales han sido importantes, aunque todavía insuficientes.

Los ataques vinculados a narcotraficantes siguen siendo las principales causas de la desaparición y asesinatos en 2010. Once casos fueron reportados e investigados por la URR México.

Pero el alto grado de impunidad y la inacción de las autoridades federales y estatales ha llevado a la SIP a recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en busca de justicia. Dos de los casos más relevantes son los del periodista Benjamín Flores González, asesinado en San Luis Río Colorado en 1997, y el del editor Francisco Ortiz Franco, asesinado en Tijuana en 2004. Nueva documentación sobre estos casos sin resolver fueron presentados a la CIDH en octubre y julio pasado.

Sobre Ortiz Franco, la acción ante la CIDH y el documental presentado el 22 de junio de 2010, motivó a que la PGR a través de su fiscalía especializada y la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), retomaran las indagatorias y solicitaran a las autoridades de EEUU información sobre los presuntos responsables presos en ese país, según el gobierno mexicano.

Cursos y entrenamiento

La debilidad para el ejercicio periodístico en México y la total correspondencia en un sistema de gobierno democrático con las garantías para la libertad de expresión, se ha tratado de contrarrestar con el apoyo formativo para una mejor cobertura en áreas de riesgos.

Se trabajó en un seminario en Tijuana (junio) y se realizó un diagnóstico de los casos de Coahuila y Durango (marzo) durante la misión de la SIP al lugar a la que asistieron directivos de medios de ambos estados. También se aportó con un diplomado virtual en un acuerdo con la Universidad Nacional Autónoma de México.

El diplomado, “Los alcances del crimen organizado”, se realizó entre mayo y agosto. Asistieron 134 periodistas y estudiantes de México, Honduras, Nicaragua, Estados Unidos, Venezuela, Brasil, Argentina, Uruguay, Perú y Ecuador. Entre el personal académico participaron más de 30 profesores y periodistas latinoamericanos que enseñaron sobre técnicas de investigación, creatividad, ética, nuevas tecnologías, crónica y derecho, entre otras.

Se espera que en 2011 el gobierno mexicano transforme sus compromisos en acciones y combate a la impunidad.





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