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México
1 de junho de 2011
Asesinato de Manuel Buendía: abrirán al público los expedientes del caso
María Idalia Gómez, URR-México


Manuel Buendía (El Universal)
La tarde del 30 de mayo de 1984 fue asesinado, en la Ciudad de México, el periodista Manuel Buendía. Poco antes había salido de sus oficinas un hombre se le acercó por la espalda y le disparó en cinco ocasiones. El desconocido se subió a una motocicleta que era conducida por otro hombre y huyeron.

Manuel Buendía escribía la columna Red Privada, que era la más leída y respetada en México por el nivel de información que contenía. El ataque fue considerado por columnistas y especialistas como un crimen de Estado.

Ahora, al cumplirse 27 años del crimen, en un hecho sin precedentes el Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal ordenó al Tribunal Superior de Justicia de la capital mexicana que entregue una versión completa de los expedientes que integran las dos causas penales que se siguieron por el crimen del periodista, únicamente tachando los datos personales.

Manuel Buendía era un periodista reconocido y muy respetado. El nivel de información que presentaba en cada una de sus columnas era único en los medios de aquellos años. En esos años de la Guerra Fría, en su columna “Red Privada” escribía sobre las operaciones de la CIA en México, de los grupos de ultra derecha, empresarios cuestionables, de la trayectoria oscura de funcionarios, de los poderosos tentáculos del narcotráfico y la corrupción en el gobierno.

Recapitular cómo ocurrió el crimen, las condiciones en que se llevaron a cabo las investigaciones y las acusaciones que se hicieron contra los responsables, no sólo permite recordarlo sino identificar los aciertos que se tuvieron y que servirían como ejemplo en este momento en México, en el que se han incrementado y agravado los ataques a periodistas y a la libertad de expresión. Podría ser útil reconocer que por el crimen de Manuel Buendía un grupo de periodistas no cesaron en las presiones al gobierno, la estructura de la que se dotó a la fiscalía, la forma en que se investigó y la voluntad política que existió.

Un crimen emblemático

Cuando fue asesinado Manuel Buendía, José Antonio Zorrilla Pérez era director de la Dirección Federal de Seguridad --una policía que se dedicaba a investigaciones políticas y que años después desaparecería por su alto nivel de corrupción y penetración del narcotráfico--, y fue asignado por el entonces presidente mexicano Miguel de la Madrid como el encargado de las investigaciones durante los primeros meses.

Después de cuatro años y ante los nulos avances, la familia Buendía y un grupo de periodistas que daban seguimiento permanente al caso, exigieron que el presidente designara a un fiscal especial para las indagatorias y propusieron, por su trayectoria, a Miguel Ángel García Domínguez, a quien el presidente designó formalmente el 29 de enero de 1988.

En una reunión previa, entre la familia y García Domínguez, éste había sugerido una serie de condiciones para poder tener éxito en las pesquisas, las cuales fueron:
A) Que contara con el apoyo total del Gobierno, derivado de una voluntad política eficaz expresada al máximo nivel. Se requería nombramiento hecho directamente por el Presidente de la República;
B) Que se concediera plena autonomía para el manejo de la investigación, de los recursos y de la comunicación social;
C) Que se le asignara la exclusividad en la conducción de la investigación, de tal modo que no se dieran interferencias de ninguna institución o dependencia de Gobierno, en particular de alguna corporación policiaca;
D) Que para darle eficacia a la autonomía, se otorgaran con suficiencia los recursos necesarios, y
E) Que se utilizaran oficinas ajenas a la Procuraduría, para darle eficacia a la exclusividad en la investigación, así como para asegurar que ésta podría conducirse con la discreción que el caso requería.

Prácticamente todas las condiciones se autorizaron para desarrollar la indagatoria. De acuerdo al informe del fiscal se plantearon 276 hipótesis sobre posibles autores intelectuales, derivados del trabajo periodístico de Manuel Buendía.

“Operación noticia”

Quince meses después de iniciados los trabajos del fiscal, su oficina obtuvo las primeras pruebas y testimonios que, tras profundizarlas, permitieron solicitar las órdenes de captura contra José Antonio Zorrilla Pérez
Las acusaciones contra el ex funcionario fueron: dos homicidios calificados, en grado de coautoría, cometido contra Manuel Buendía y el abogado José Luis Esqueda Gutiérrez; introducción y acopio de armas y cartuchos reservadas al Ejército que fueron localizadas en su casa; enriquecimiento ilícito, porque en breve tiempo Zorrilla Pérez acumuló una fortuna que incluyó residencias en Estados Unidos y varios lugares de descanso en el país, además de depósitos en bancos extranjeros.

El fiscal también asentó en su acusación que José Antonio Zorrilla entorpeció las investigaciones del crimen del periodista, por lo que se le acusó de delitos contra la administración de justicia, abuso de autoridad y ejercicio indebido del servicio público.

El móvil del crimen, de acuerdo con el informe del investigador, fue que el periodista tenía conocimiento sobre los vínculos de Zorrilla Pérez con el narcotráfico y Esqueda Gutiérrez tenía pruebas de esos vínculos y se los proporcionó a Manuel Buendía. Cuando ocurrió el asesinato, el funcionario sustrajo de la oficina del columnista grabaciones y documentos que tenía sobre el caso.

En la muerte de Buendía participaron como coautores intelectuales: Juventino Prado Hurtado, Raúl Pérez Armona y Sofía Nava Suárez, y Juan Rafael Moro Ávila como autor material. En el crimen de José Luis Esqueda Gutiérrez participó Alberto Estrella y lo cometen materialmente agentes de la Dirección Federal de Seguridad.

El fiscal informó en ese momento que Moro Ávila confesó que le ordenaron participar en el llamado “Operativo Noticia” para callar a una persona y reconoció estar en el lugar del crimen. El resto de los involucrados también habrían confesado.

Una línea que aparentemente nunca se investigó fue el asesinato, con 120 puñaladas, de un coronel ocurrido en el estado de Zacatecas tres días después del crimen de Buendía, y cuyo perfil correspondía a uno de los que viajaban en la motocicleta que atacó al periodista.

Dos piezas importantes

Juan Moro Ávila es nieto del ex presidente de México, Manuel Ávila Camacho y fue agente de la Dirección Federal de Seguridad. Fue sentenciado a 35 años de prisión como autor material del crimen de Buendía, pero en una revisión logró disminuir la sentencia y quedó en 25 años, porque el Sexto Tribunal Colegiado Penal otorgó un amparo, tras determinar que había cumplido las dos terceras partes de la sentencia y había mostrado buen comportamiento.

En el Reclusorio Norte integró a principios de los años noventa un grupo de rock llamado: Asociación Delictuosa y también estudió desde la cárcel en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.

El grupo de rock recorrió en distintas ocasiones los reclusorios del Distrito Federal y la mayoría de los fondos fueron destinados a los presos. Por su buena conducta y considerarse que logró readaptarse, recibió el beneficio de la libertad anticipada el 18 de febrero de 2009.

José Antonio Zorrilla Pérez, fue consignado el 20 de junio de 1989. Fue sentenciado en primera instancia a 11 años de prisión por el crimen de Esqueda Gutiérrez; por el de Buendía a 29 años y cuatro meses de cárcel. En el fuero federal fue sentenciado por los delitos de ejercicio indebido del servicio público y contra la administración de justicia a ocho años de prisión y al pago de 375 días de multa; y por el delito de acopio de armas fue condenado a 9 años y seis meses. Mediante distintos amparos logró la reducción de las penas impuestas.

En los primeros años, el ex director de la Dirección Federal de Seguridad logró contar con varios privilegios como tener televisión, visitas más extendidas y alimentos cocinados para él. Con los años algunos beneficios se redujeron y otros permanecieron, como el mantenerse en una celda para él sólo y apartado de los demás para garantizar su integridad.

El 18 de febrero de 2009, el amparo ratificado por el Segundo Tribunal Colegiado en materia Penal le otorgó la libertad anticipada a Zorrilla Pérez. Inmediatamente periodistas e intelectuales se manifestaron ante esta liberación por considerarla irregular, por lo que solicitaron investigar el procedimiento en que se otorgó, revocar esta decisión y reaprenderlo para que cumpla su condena íntegra.

Casi cuatro meses después, el 13 de junio de 2009, el Gobierno del Distrito Federal revocó la libertad anticipada concedida a Zorrilla Pérez porque no entregó la carta de oferta laboral ni presentó el aval moral que se le exigieron para mantenerse libre.

Acceso al expediente

En un hecho histórico, el pleno del Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal (InfoDF) ordenó al Tribunal Superior de Justicia capitalino que entregue tres mil hojas consecutivas del expediente que integran las causas penales 104/89 y 107/89, vinculados al homicidio del periodista Manuel Buendía.

El órgano fue muy claro en su resolución al establecer que deben ser entregados los documentos sin tachaduras, alteraciones, mutilaciones ni enmendaduras, como había sido entregado al solicitante de la información anteriormente, por lo que éste interpuso ante el InfoDF un recurso de revisión, la cual resolvió a su favor el pleno el 16 de mayo pasado.

El Tribunal sólo deberá tachar la información considerada confidencial, una vez que sea esto valorado por el Comité de Transparencia del mismo órgano.

El comisionado Salvador Guerrero Chiprés expresó que con esa resolución el Instituto contribuye, desde el ámbito de su competencia al acotamiento de la impunidad en torno a los asesinatos de periodistas e informadores en sus coberturas sobre la violencia que se registra en el país.

“Quienes son precursores y aliados de la defensa del derecho de acceso a la información y la protección de datos personales, tienen, con la decisión, el respaldo del Pleno para que desde nuestra modesta contribución se detonen una serie de procesos que se dirijan a aclarar qué pasa con la información relativa a situaciones particulares, gremiales, políticas y sociales de los comunicadores y la imposibilidad de informar, incluso con su propia firma, sobre lo que acontece en el país en materia de narcotráfico”, señaló.

En una ocasión, Manuel Buendía escribió en una de sus columnas: “en términos generales, el gobierno es respetuoso de esa libertad (de expresión); pero con frecuencia la deja expuesta al caciquismo regional. Un gobernador, un presidente municipal, un comandante de policía, un líder sindical, pueden ejecutar designios contra el periodista que los disgusta, y no siempre se ha visto actuar a jefes de gobierno con la prontitud y claridad requeridas”.





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