Siguen sin cumplirse promesas del Presidente Felipe Calderón, así como la de legisladores nacionales

Miami (26 de septiembre de 2011).- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) repudió hoy un nuevo crimen contra una periodista de México, y responsabilizó al gobierno del presidente Felipe Calderón “por no tener la voluntad política necesaria” para iniciar una estrategia con el fin de frenar la violencia, administrar justicia y garantizar la plena libertad de prensa.

La reacción de la SIP se da después que las autoridades mexicanas descubrieron el sábado el cuerpo descuartizado de la periodista María Elizabeth Macías Castro. Tenía 39 años, era jefa de Redacción del diario Primera Hora de la ciudad de Nuevo Laredo, en estado de Tamaulipas al norte de México en la frontera con Estados Unidos y, de acuerdo a medios locales, utilizaba las redes sociales, bajo el seudónimo de “La Nena de Laredo”, para denunciar las actividades del crimen organizado.

Macías fue secuestrada el viernes pasado y su cuerpo desmembrado fue hallado el sábado cerca del monumento a Cristóbal Colón en una plaza de la ciudad. Junto a sus restos fueron colocados un teclado de computadora, un ratón, cables, audífonos y bocinas, y un mensaje en el que se leía que “aquí estoy por mis reportes y los suyos... para los que no quieren creer, esto me pasó por mis acciones”. Al final firmaba “La Nena de Laredo”, seguido de “ZZZZ”; lo que se vincula al cartel narcotraficante de Los Zetas.

El presidente de la SIP, Gonzalo Marroquín, expresó su frustración al recordar “el incumplimiento de las promesas del presidente Felipe Calderón, quien justo hace un año nos aseguró en una reunión que tuvimos con él que redoblaría esfuerzos para garantizar la seguridad de los reporteros y reimpulsaría una reforma para que los crímenes contra periodistas fueran tratados como delito federal”.

“Es totalmente inaceptable”, remarcó Marroquín, presidente del diario Siglo 21 de Guatemala, que “el gobierno no tenga la voluntad política necesaria para implementar las reformas”, y agregó que “la falta de acción y garantías ha generado una evidente cultura de autocensura que está carcomiendo a la actividad periodística y el derecho del público a ser informado”.

Por su parte, el presidente de la Comisión de la SIP Contra la Impunidad, Juan Francisco Ealy Ortiz, repudió “este nuevo asesinato de un periodista”, añadiendo que “aunque no tengamos certeza de los móviles en cada uno de los crímenes, no podemos dejar de denunciar y exigir acciones inmediatas de las autoridades para esclarecerlos, sobre todo cuando este año ya han sido asesinados nueve comunicadores y otro está desaparecido”.

Ealy Ortiz, presidente del diario El Universal de México, también reprochó al Congreso mexicano por su “lentitud y desidia” para aprobar un proyecto de ley para que se federalicen los crímenes contra la libertad de expresión, en referencia a la discusión entre legisladores para aprobar la iniciativa que se dio hace pocas semanas. “La violencia y los crímenes contra periodistas – dijo- no es tema que haya surgido en el 2011, venimos hace años observando cómo los delincuentes siguen ganando terreno y aplican la violencia para ajustar sus cuentas, mientras tanto, se sigue en México sin tomar decisiones ejemplares.”

En noviembre de 2010, en el marco de la asamblea general de la SIP en Mérida, legisladores mexicanos de la Comisión Especial para el Seguimiento de Agresiones a Periodistas de la Cámara de Diputados prometieron trabajar en materia de federalización, agravamiento de penas y no prescripción. Sin embargo, hasta ahora no hubo avances en ese sentido.
La SIP también hizo observaciones sobre estos temas a la Fiscalía Especial para Delitos contra Periodistas, durante su Conferencia Hemisférica Universitaria realizada a fines de agosto en Puebla, México, criticando la falta de acciones concretas para esclarecer una centena de crímenes ocurridos en las dos últimas décadas.

Además de Macías, también han sido asesinados en el 2011 Ana María Marcela Yarce Viveros y Rocío González Trápaga, de Ciudad de México; Humberto Millán Salazar, de Sinaloa; Yolanda Ordaz de la Cruz, Miguel Angel López Velasco y Noel López Olguín, de Veracruz; Luis Emmanuel Ruiz Carrillo y Rodolfo Ochoa Moreno, de Coahuila; y sigue desaparecido Marco Antonio López, de Guerrero.