El Senado de la República aprobó crear una ley de protección para periodistas y activistas que estén en riesgo por el ejercicio de sus actividades; entre las propuestas destacan el acceso a autos blindados, chalecos antibalas, escoltas y cámaras de vigilancia en sus viviendas.

Incluso, dependiendo la gravedad de la amenaza a su integridad física, se analizaría la reubicación del interesado y su familia a otro estado.

La Ley de Protección a los Defensores de Derechos Humanos y Periodistas establece la creación de un fondo, cuyo objetivo será obtener recursos económicos adicionales para la instrumentación y operación de las medidas preventivas y urgentes de protección.

En ningún caso, subraya el documento, se restringirán las actividades de los beneficiarios cuando soliciten protección. Ni implicará vigilancia o intromisiones no deseadas en sus vidas laborales o personales.

Este dictamen fue procesado durante 18 meses con organizaciones civiles y el representante de la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU. El proyecto pasó a Cámara de Diputados para su análisis.