La Secretaría de Gobernación (Segob), con apoyo de la Organización de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), elabora la Estrategia Nacional de Fortalecimiento en Seguridad y Justicia para Medios de Comunicación en México.

Durante la presentación de las consultas estatales sobre el tema en el Salón Juárez del antiguo palacio de Cobián, el subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, Max Alberto Diener Sala, indicó que en breve se relanzará el mecanismo de protección de periodistas a nivel nacional.

Adelantó que se incluirá un protocolo de evaluación de riesgos para el sector que permitirá reaccionar de manera eficaz según el nivel de ese instrumento, pues de acuerdo con las consultas no son las mismas condiciones en que los comunicadores ejercen su profesión en el norte, centro y sur del país.

Diener Sala invitó a las entidades federativas a participar en el diseño de esa estrategia, ya que en esa medida la protección a los periodistas será acorde al matiz de la zona en donde se desempeñan.

Subrayó que no es nuevo el mecanismo de protección a los periodistas toda vez que algunos ya cuentan con medidas de ese tipo, aunque declinó mencionar el número, pero se ubican en Coahuila, Sinaloa, Chiapas, Distrito Federal, Guerrero, Tamaulipas y Durango.

En su oportunidad, representantes de la UNODC detallaron que entre los hallazgos encontrados en las consultas se encuentra el hecho de que en el norte del país los mayores riesgos para los periodistas provienen del crimen organizado.

Resaltaron que en esa parte de México la autocensura de los periodistas es resultado del miedo y la autoprotección, lo que ha generado aislamiento, inhibido el periodismo de investigación y afectado la libertad de expresión y el acceso a la información.

La UNODC hizo recomendaciones para la construcción de la referida estrategia como profesionalizar y actualizar a los periodistas para que puedan abordar temas de riesgo sobre el crimen organizado y se formulen protocolos de protección.

Un segundo pilar sería, en materia de seguridad y análisis de riesgo a fin de promover protocolos de protección en los estados, incluir la prevención del delito y establecer mínimos de coordinación y formación entre policías y periodistas sobre sus respectivos campos de trabajo.

Como parte del monitoreo y la rendición de cuentas se recomendó crear una sola base de datos para el seguimiento de casos de periodistas objeto de amenazas o agresión y del avance de casos y recomendaciones, así como la generación de informes periódicos públicos.

Otras propuestas fueron en materia legislativa, cultura de la legalidad y combate a la corrupción, procuración e impartición de justicia.Antonio Mazzitelli, representante de la UNODC, aseveró que la creación de una fiscalía o comisión para atender casos de amenazas a periodistas es la mejor respuesta institucional, aunque no la única, pues se necesitan medidas preventivas, incluso de los propios comunicadores y el ejemplo de un manual creado en Chihuahua.

cg