La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) manifestó su satisfacción por una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos conocida ayer que obliga al Estado de República Dominicana a “establecer la verdad de los hechos” y “sancionar a los responsables”, de la desaparición forzada del periodista Narciso González Medina ocurrida hace 18 años.

El periodista, abogado, profesor universitario de la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y activista, conocido como “Narcisazo”, tenía 52 años cuando desapareció el 26 de mayo de 1994 en momentos en que salía de una sala de cine en Santo Domingo. Desde entonces se desconoce su paradero.

Testigos indican que previo a su desaparición, González Medina estuvo en la Dirección de Inteligencia de la Secretaría de Estado de las Fuerzas Armadas, en la Policía Nacional y en el Departamento de Inteligencia de la Fuerza Aérea Dominicana, “bajo custodia de autoridades estatales, aparentemente golpeado y en mal estado físico en estas dos últimas dependencias”, según la sentencia de la Corte Interamericana con fecha del 27 de febrero de 2012, conocida este 2 de abril.

El ex presidente de la SIP, Rafael Molina, director del diario dominicano El Día, consultado el año pasado por la Corte Interamericana en un proceso de audiencias públicas por el caso, recordó, en un testimonio escrito, que la desaparición de González Medina habría sido en represalia por sus cuestionamientos públicos sobre los resultados de las elecciones celebradas el 16 de mayo de 1994.

El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Gustavo Mohme, dijo que “este fallo es un paso determinante para hacer justicia en torno a cientos de casos impunes de crímenes contra periodistas en el hemisferio”.

Mohme, director del diario peruano La República, agregó que “la SIP espera que el gobierno de República Dominicana asuma su responsabilidad y acate las medidas de reparación que se estipulen en esta sentencia”.

Si bien el fallo no emite un pronunciamiento respecto de “las alegadas violaciones del derecho a la libertad de expresión” de la víctima, obliga al Estado a adoptar numerosas medidas para reparar el crimen. Entre otras disposiciones, la Corte ordena: continuar las investigaciones para establecer la verdad de los hechos y sancionar a los responsables; indemnizar a los familiares de la víctima y realizar una serie de actos y medidas de reconocimiento internacional que realcen la labor periodística, literaria y creativa de González Medina.

El dictamen puede consultarse en: http://www.corteidh.or.cr/casos.cfm

De acuerdo a estadísticas de la SIP, desde 1987 a la fecha se desconoce en las Américas el paradero de 21 periodistas, otros 387 fueron asesinados, entre éstos, José Agustín Silvestre y Juan Andújar, en 2011 y 2004 respectivamente en República Dominicana. La SIP también ha seguido el caso de Luis Orlando Martínez, ultimado en Santo Domingo en 1975, crimen por el cual están encarceladas tres personas.