“Hago un llamado por miles de mujeres que han pasado por lo que pasé. En mi caso ha habido tantas pruebas, tantos testimonios y no sé por qué sigue en la impunidad, dijo Jineth Bedoya, editora judicial del diario El Tiempo, a propósito de su secuestro y violación ocurrido hace 10 años y sin que aún se haya castigado a los responsables.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), admitió su competencia para conocer un reclamo por presunta violación al derecho a la vida, derecho a la libertad de pensamiento y expresión, garantías judiciales y de protección judicial, que fuera presentado por familiares de ocho periodistas asesinados el 26 de enero de 1983 en Perú.

La SIP calificó como positiva la captura hoy de un prófugo en Brasil que había sido sentenciado por el crimen de Tim Lopes (en la foto)en Río de Janeiro en 2002. El reo, beneficiado por un sistema penal que permite salidas de la cárcel tras haber cumplido un porcentaje de su condena, se había fugado hace más de tres meses.

No dia 7 de fevereiro de 2010, Ângelo Ferreira da Silva, condenado a 15 anos de prisão pelo brutal assassinato do jornalista da TV Globo Tim Lopes em 2002, saiu pela porta da frente do presídio localizado em Bangu, Rio de Janeiro, e não voltou mais. Ele havia recebido o benefício de progressão de pena em maio de 2009, passando do regime fechado ao semiaberto.

Cumplidos 33 años de servicio en el Poder Judicial, la jefe de fiscales de Trelew, Chubut, Argentina, Alicia Vilaseca, anunció que se acogerá a jubilación por lo que todas las causas bajo su responsabilidad pasarán a manos de otro fiscal, entre ellas, el caso aún impune del periodista Ricardo Gangeme, de 56 años, asesinado de un balazo en la cabeza el 13 de mayo de 1999 en Trelew.

El 7 de febrero de 2010, Ângelo Ferreira da Silva, condenado a 15 años de prisión por el brutal asesinato del periodista de TV Globo Tim Lopes en 2002, salió por la puerta del frente de la cárcel situada en Bangu, Río de Janeiro, y nunca más regresó. El recluso había recibido el beneficio de la reducción de la pena en mayo de 2009, pasando del régimen cerrado al semiabierto. Su fuga, sin embargo, sólo fue comunicada al Tribunal de Ejecuciones Penales el 3 de marzo, y recién el 21 de mayo de este año se emitió una nueva orden de prisión.

La SIP calificó de positiva su reciente misión internacional enviada al Perú que tuvo el objetivo de revisar el estado general de la libertad de prensa en el país y atender casos particulares de medios de comunicación y periodistas que están impedidos de operar sin restricciones.

¿Qué tiene que pasar para que la administración de justicia en el Perú actúe de forma correcta e imparcial y castigue a los responsables intelectuales del cobarde asesinato del periodista Alberto Rivera? ¿Hasta cuándo tendrán sus deudos que esperar que se haga justicia en un caso en el que las evidencias contundentes sobran?

A 25 años de cárcel fue sentenciado este martes el ex sargento segundo de la Policía de Carabobo (PC), Rafael Segundo Pérez, luego de admitir los hechos presentados por el Ministerio Público (MP), por su participación en el homicidio del periodista Orel Sambrano y el médico veterinario Francisco Larrazábal.

Una misión internacional de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) inició hoy en Lima, Perú, gestiones de alto nivel que incluyen reuniones con el presidente Alan García y con representantes de los demás poderes del Estado para aclarar temas relacionados a la libertad de prensa y sobre crímenes impunes contra periodistas.

No es una fecha especialmente determinada, sino la coincidencia de que hoy se cumple otro aniversario de cuatro asesinatos de periodistas en distintos países de la región, sin que se registre mayor información sobre los respectivos procesos judiciales y castigo a los autores.

Río de Janeiro (19 de mayo de 2010).- Expertos jurídicos y en derechos humanos coincidieron ayer en un foro organizado por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) en esta ciudad, a que se profundicen las medidas para investigar y castigar a los culpables de crímenes contra periodistas, sugiriendo la atracción automática de esos casos a la jurisdicción federal.