La Sociedad Interamericana de Prensa reanudó el envío de información actualizada sobre casos de periodistas asesinados en Brasil y Colombia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El Juez Segundo de Distrito en Saltillo, Coahuila, dictó auto José Pedro Jáuregui Jiménez, Raúl Francisco Rodríguez Valderrama, Víctor Alfredo López Ramírez y Oscar Cárdenas Castillo, presuntos integrantes de “Los Zetas” y probables responsables del asesinato del periodista Eliseo Barrón, el 25 de mayo pasado.

Miami (3 de septiembre de 2009).- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó el asesinato en El Salvador del fotoperiodista y documentalista franco-español, Christian Poveda; al tiempo que pidió a las autoridades de ese país una investigación expedita y castigo severo para los responsables.

Son 11 los comunicadores desaparecidos en México desde 1995. Son once investigaciones de las que nada se sabe, en las que no hay respuestas. Son también 11 familias que han seguido una doble ruta de dolor. El secuestro de profesionales de la prensa se ha incrementado en el país desde 2005.

A jornalista Tânia Maria Martins, 47 anos, têm recebido ameaças desde que começou a escrever sobre os danos causados ao meio ambiente no Estado do Piauí. A mais recente foi um “presente”inusitado: um tatu congelado, que mandaram entregar na sua casa, há cerca de uma semana. “Interpreto como intimidação”, desabafa. Não por acaso, tatus e cotias vendidos abertamente nas ruas de Teresina, capital do Estado, são o tema de sua próxima reportagem, que vai denunciar também a caça indiscriminada destes animais. “Já liguei três vezes para o Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis), insistindo para fiscalizar”, diz.

Há dois anos exatamente, em agosto de 2007, o fotógrafo Alberto César Araújo e mais dois jornalistas franceses foram ameaçados e mantidos reféns durante uma noite em um hotel na cidade de Juína, no Estado do Mato Grosso. Estavam de passagem pela cidade – o objetivo era documentar a situação dos índios Enawene-Nawe, em uma excursão promovida pela ONG Greenpeace e pela organização indigenista Operação Amazônia Nativa (Opan).

Numerosas ediciones electrónicas de diarios latinoamericanos se suman a la campaña de la SIP contra la impunidad de crímenes de periodistas, informó hoy la organización de la prensa continental con sede en Miami.

El anuncio en julio pasado en Nicaragua sobre la posible excarcelación del asesino de la periodista María José Bravo, condenado a 25 años de cárcel en el 2005, provocó la ira de familiares y colegas, y reavivó el debate sobre cómo se aplica la justicia en las Américas contra quienes eliminan a comunicadores y privan a la sociedad de su derecho a recibir información.

“La no prescripción es una excusa para esconder la ineficacia del sistema de administración de justicia”, opinan juristas colombianos.

La imagen de helicópteros sobrevolando a baja altura ha quedado grabada en la retina de muchos. Francis Ford Coppola lo patentó en Apocalipsis Now. La epopeya o la tragedia los suelen tener de su lado: el salvataje en un río o de alpinistas en la montaña, la huida de estadounidense de Saigón, algunos presidentes latinoamericanos que escaparon o fueron detenidos por militares golpistas.

El incumplimiento por parte de las autoridades responsables de la procuración de justicia en los estados y a nivel federal de investigar de forma efectiva y a fondo los ataques a comunicadores y medios de información; así como permitir, por negligencia, que los autores materiales e intelectuales de esas agresiones no reciban alguna sanción, ha generado un clima de impunidad institucionalizada en México.

¿Es posible declarar el asesinato de un periodista, un crimen de lesa humanidad? La pregunta adquiere mayor importancia y abre un debate necesario, en momentos en que la Fiscalía colombiana decidió calificar el asesinato del caudillo liberal Luis Carlos Galán, como un crimen de lesa humanidad, para evitar que prescribiera, al cumplirse 20 años de su muerte, y encontrarse todavía impune.
Algunos analistas han dicho que con la decisión, la Fiscalía ha manipulado el orden jurídico, y no puede éste ser un crimen de lesa humanidad porque a la luz del derecho internacional, los crímenes de lesa humanidad son aquellos que se cometen “como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil”, y lo de Galán fue homicidio político y no un genocidio.