La Fiscalía General de la Nación anunció la reapertura de la Investigación por el asesinato del periodista y humorista Jaime Garzón, atendiendo una determinación del Juez Séptimo Penal del Circuito de Bogotá, que solicitó a la Fiscalía que "por separado y de inmediato prosiga la investigación para identificar y sancionar a los autores materiales y demás copartícipes del crimen del periodista".

Jaime Garzón fue asesinado a las cinco y media de la mañana del 13 de agosto 1999 en el barrio Quinta Paredes de Bogotá.

La decisión de la Fiscalía ocurre luego que el jefe político de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, Carlos Castaño Gil, fuera condenado a 38 años de prisión y una multa de $790 millones tras ser hallado culpable como coautor intelectual del asesinato en una sentencia emitida el pasado 11 de marzo de 2004, por el Juez Séptimo Penal Especializado de Bogotá, Julio Roberto Ballén Silva.

En esa misma determinación se absolvió a Juan Pablo Ortiz Agudelo, alias ‘Bochas’, y a Edilberto Antonio Sierra Ayala, alias ‘Toño’, como coautores materiales del homicidio de Garzón, pues el juez consideró que ambos fueron involucrados con la intención de desviar la investigación.

La absolución de los coautores materiales produjo la orden del juez de compulsar copias a las autoridades competentes para que se investigue a algunos miembros del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, que junto a otros testigos habrían fabricado pruebas para esconder a los verdaderos responsables del crimen.

Al conocerse la noticia de la reapertura de la investigación del caso Garzón por parte de la Fiscalía, la investigadora y periodista de la Organización no Gubernamental Colectivo de Abogados Claudia Julieta Suárez, parte civil dentro del proceso, denunció a través de los medios de comunicación que se han incrementado las amenazas y seguimientos de los que viene siendo víctima desde el pasado mes de septiembre.

La periodista advirtió que se ha podido constatar que los seguimientos son realizados en vehículos con placas de organismos del Estado, que sus teléfonos están interceptados y que su hija de 10 años debe ir escoltada al colegio, debido a las amenazas. Suárez anunció que se irá del país.

El Comité José Alvear había presentado una demanda al Estado por la presunta participación de miembros de la fuerza pública en el asesinato, producto de una investigación de la periodista Claudia Julieta Suárez.

Desde diciembre de 2001, la Unidad de Respuesta Rápida de la SIP advirtió que la Fiscalía descartó sin mayor esfuerzo investigativo las versiones que involucran a militares en el asesinato; y que el DAS habría realizado un montaje para que desviar la investigación como se lee en los apartes de la citada investigación: “Algunos periodistas difundieron para esa época la versión de que Garzón no realizaba gestiones desinteresadas y que obtenía beneficios económicos de las liberaciones de los secuestrados, lo que hizo que los sectores de la derecha lo estigmatizaran como diplomático de la guerrilla. Castaño, líder de las AUC, lo declaró objetivo militar y los militares no lo veían con buenos ojos….
… los militares pensaban que Garzón se había convertido en el Alvaro Leyva del ELN, ya que como el ex ministro Leyva, Garzón tenía contactos regulares con la guerrilla de las FARC, además de su comunicación con el ELN.

“Recuerdo incluso que Garzón le advirtió alguna vez a un militar que no se metieran con él porque tenía cosas que denunciar y no dudaría en hacerlo”, dijo Navarro. (Antonio Navarro Wolf Según pudo averiguar la SIP, Garzón habría descubierto que algunos miembros de la Brigada XIII en Bogotá vendían armas e incluso personas secuestradas a la guerrilla de las FARC.

En una oportunidad durante una cena en casa del ex ministro de Defensa, Rafael Pardo Rueda, Garzón aprovechó para hablar con el ministro de Defensa, Rodrigo Lloreda, a quien le pidió la intervención para hablar con los militares con el objeto de aclararles en qué consistía su trabajo, ya que el general Jorge Enrique Mora Rangel no lo quería recibir. Pardo Rueda le confirmó a la SIP que esa conversación no tuvo consecuencias.

La primera versión que señalaba a los militares surgió porque un preso Sergio Alexander Sierra, que dijo que hacía parte de un llamado Clan Herrera, liderado por los narcotraficantes del Valle del Cauca, declaró a la Fiscalía que dos generales de la Fuerza Pública, un ex senador y Castaño, lo habían contactado en prisión para que organizara el asesinato de Garzón y que le pagaron 200 millones de pesos. Pero la Fiscalía encontró que la versión de Sierra era falsa porque se comprobó que nunca recibió la visita de ningún general en la cárcel, que no era como él decía un hombre adinerado, que tampoco hacía parte del Clan Herrera y que lo que perseguía era un traslado a los pabellones de máxima seguridad donde están recluidos los narcotraficantes para poder trabajar para ellos, o para acceder a los beneficios de colaboración eficaz con la justicia.

Una segunda versión provino de una fuente que solicitó el anonimato y a la que un informante del Ejército le habría revelado su participación en el asesinato de Jaime Garzón por órdenes de un militar de la Brigada XIII.
….También pidió investigar el papel que jugó el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) en las versiones iniciales, debido a que por lo menos dos de los testigos eran informantes del DAS.

Luz Marina Monzón, de la Comisión Colombiana de Juristas, comparte la opinión de Uribe (Alirio Uribe) en el sentido de que la Fiscalía se comprometió sólo con la hipótesis de que el asesinato había sido ordenado por Castaño y cometido por Juan Pablo Ortiz Agudelo, alías Bochas, dejando de lado elementos de juicio que deben ser explorados para determinar si en la autoría intelectual están involucrados los militares.

Esos elementos de juicio a los que se refiere la abogada Monzón consisten en la información que recibió, pocos días después del asesinato, una fuente que pidió reserva de su nombre, de parte de José Robinson Ramírez Peña, alías El Chulo, un informante del Ejército.

Según la fuente, El Chulo le dijo que él había participado en el asesinato de Garzón: “Yo iba en una de las motos. En una moto iba el que disparó con otro. En otra moto estaba yo con otra persona y en una camioneta estaba un oficial y un cabo del Ejército”.

El Chulo se comunicó para que le ayudaran a entregarse a las autoridades, para lo cual pidió la presencia de una organización no gubernamental, un funcionario de la Procuraduría y otro de la Defensoría del Pueblo. Ofreció para entregarse un video y documentos que confirmaban su versión. Dijo que el asesinato se había realizado por órdenes del coronel Edgar Plazas, a quien llamaban Don Diego y quien estaría pagándole un favor a Castaño.

Plazas, según la declaración de El Chulo, estaba agradecido con los paramilitares porque éstos le habían ayudado a sacar a la guerrilla de la Gabarra, en el departamento de Norte de Santander.

“Para su entrega, El Chulo nos dijo que un señor Rodrigo Salek, ex escolta del general en retiro, Harold Bedoya, nos contactaría. Y así se fue, pero la entrega de El Chulo no se dio a pesar de que hicimos todo lo posible, porque la Fiscalía cometió muchos errores”, reveló la fuente.

Pero la información que señala una posible autoría del Ejército no se detiene allí. Otro informante dijo que por órdenes de un militar de apellido Correa Copolla persiguió a un sospechoso del asesinato de Jaime Garzón en el Huila. En la persecución resultó herido y una vez trasladado al Hospital Militar pidió hablar con un fiscal para confesar que un militar estaba vinculado al crimen de Garzón.

Para la fecha de los hechos, el mayor Correa Copolla estaba en el municipio de Pitalito, Huila. El mayor declaró ante la Fiscalía que él había ordenado el operativo en el que participó el informante por una llamada anónima y advirtió que él no tenía nada que ver con el homicidio de Garzón. Lo extraño del incidente es que durante ese operativo fue incautada un arma que nunca apareció.

No obstante, el fiscal que ha investigado el caso, Eduardo Mesa, advirtió que todas las hipótesis que señalaban a los militares fueron descartadas frente al acerbo probatorio reunido en contra de otro autor material e intelectual. “Las hipótesis que señalaban a los militares no tenían sustento. Eran puras conjeturas”, dijo Mesa, mientras que advirtió que las pruebas contra Castaño sí tienen soporte.”