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Alberto Rivera Fernández
21 de abril de 2004

Alberto Rivera Fernández, Perú

La familia y colegas del periodista y ex diputado peruano Alberto Rivera Fernández se han movilizado y tocado mil y una puertas, en busca de justicia, desde que fue asesinado, el 21 de abril de 2004. Pero después de más de seis años, aún no la consiguen totalmente.

Aquel fatídico día, luego de concluir su habitual programa Transparencia, en radio Frecuencia Oriental, en Pucallpa, el también presidente de la Federación de Periodistas de Uyacali pasó a cerrar un local comercial que gerenciaba. Cuando se aprestaba a salir hacia su domicilio, dos desconocidos se le aparecieron disparándole al pecho. Rivera cayó moribundo.

Según afirmó Patricia, hija del periodista, los asesinos intentaron borrar elementos de prueba que involucrasen a terceros y se robaron la agenda y el maletín de la víctima, donde portaba documentos importantes, además de las llaves del local.

Rivera era un acérrimo crítico de autoridades regionales a quienes vinculaba con el tráfico de drogas, tierras y tala de madera. Un día antes de su asesinato, en un programa de televisión al que fue invitado, dio nombres y apellidos de las autoridades que él consideraba corruptas y responsabilizó al alcalde Valdez Villacorta, de cualquier agresión que sufriera.

El proceso derivado del asesinato ha estado plagado de irregularidades, a tal punto que el presidente de la Sala Civil de la Corte Superior de Uyacali fue suspendido de su cargo por interferir en el juicio penal, mientras la Sala Penal de ese tribunal y con votos de mayoría absolvía a los dos sindicados como autores intelectuales, aunque la Presidenta de la Sala votó diametralmente diferente, por condenar a ambos a 20 años de cárcel.

Periodistas y familiares también cuestionaron el cruce de intereses de un vocal de esa Sala Penal, por su amistad con el abogado defensor de quien pagó a los asesinos.

Sicarios y dos trabajadores municipales que habían confesado que el burgomaestre los contrató para el crimen, se desdijeron después al ser objeto de amenazas. Valdez y el gerente municipal Solio Ramírez, fueron enjuiciados pero luego absueltos, resolución apelada por los deudos de Rivera pidiendo su nulidad, pero extrañamente no recurrida por la Fiscalía. La Corte Suprema dispuso en marzo de 2009 abrir un nuevo expediente para procesar a ambos como presuntos autores intelectuales. Varios autores materiales están condenados y presos.

La justicia sigue tardando en Perú, pese a que el Presidente  Alan García, expresó a una misión de la SIP en mayo pasado, su deseo de que pronto esa Justicia esclarezca totalmente el caso Rivera, y el Presidente del Poder Judicial, Javier Villa, aceptaba recomendaciones de la SIP para que este tipo de crímenes sea procesado por salas penales especiales. 



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