Manuel Burgueño Orduño era periodista y lo mataron. En su casa, frente a su familia le dispararon. Así lo ordenó un comandante de la policía en Sinaloa que trabajaba para un cártel de las drogas, porque escribió sobre corrupción, delató la impunidad y los negocios sucios entre el narcotráfico y la política. Lo acallaron.

La indiferencia lo ha sepultado de a poco. La impunidad cavó una tumba más profunda: escapó de la cárcel uno de los acusados, un tribunal absolvió a cuatro de los sicarios y la Procuraduría General de Justicia de Sinaloa omitió cumplir la orden de captura contra el autor intelectual, a pesar de que desde hace nueve años está preso por otros delitos.

Ya prescribió el caso y nadie resultó culpable. Apenas quedó el eco de un clamor por la justicia que no llegó y de esa indolente omisión que da permiso a la impunidad.

El poder de un comandante

Ocurrió en 1988 en Sinaloa, un estado ubicado al noroeste del territorio mexicano. Un lugar en el que el cultivo y venta de drogas tiene historia añeja, desde principios del siglo pasado, y que ha sido cuna de gran parte de los narcotraficantes considerados por las autoridades como los más importantes del país.

Allí nació Manuel Burgueño, en la ciudad de Mazatlán, un puerto de mucha importancia, turístico y pesquero. Un hombre sencillo, de familia y constructor de generaciones de periodistas como profesor en la Universidad Autónoma. Era crítico, agudo y congruente en sus publicaciones. Escribía su columna semanal, lo hizo en los periódicos Noroeste y El Sol del Pacífico.

Sus ingresos apenas le permitieron tener un patrimonio sencillo, una casa de interés social en la colonia Infonavit Playas de Mazatlán, en la calle de Cruces número 407.
Tanto en sus columnas, como en su pequeña y sencilla publicación llamada Deslinde, Burgueño Orduño habló de política, pero sobre todo denunció insistentemente la corrupción, la presencia de narcotraficantes en Mazatlán y sus negocios, también la vinculación, cada vez más notoria, entre autoridades y capos.

Escribió muy claro y directo contra Humberto Rodríguez Bañuelos alias “La Rana”, entonces comandante de la Policía y encargado de la zona de Mazatlán. Advirtió de la protección que brindaba a Manuel Salcido Uzeta, llamado “El Cochiloco”, considerado entonces por las autoridades como el narcotraficante más poderoso de la región.

Burgueño estaba en casa ese 22 de febrero de 1988, se reponía de una operación en la espalda y parte de su familia los acompañaba, alguna de sus hijas y nietos, también un amigo. Se disponían a comer. Eran casi las tres de la tarde.

Dos hombres, con paliacates hasta la mitad del rostro, entraron súbitamente en el departamento, preguntaron quién era Manuel Burgueño y cuando lo supieron le dispararon sus armas tipo escuadra. Muy cerca, directo, sin fallar un solo tiro.
Salieron corriendo y afuera los supervisaba Rigoberto Rodríguez Bañuelos, agente de la Policía Judicial del estado, quien los vio subirse a un automóvil Atlantic color verde y vidrios polarizados. A media cuadra de la casa del periodista aguardaba el comandante Humberto Rodríguez Bañuelos junto con Sergio Patiño Ramírez. Así quedó asentado en el expediente. Lo habían planeado bien.

Manuel Burgueño agonizó. Aunque ya mayor, su fortaleza le permitió llegar al hospital, pero no sobrevivió. Murió antes de ser sometido a cirugía. Las balas lo habían destrozado por dentro.

El crimen indignó a periodistas y estudiantes. Salieron a las calles de Mazatlán y Culiacán a exigir justicia, a gritar la impotencia de la muerte. El gobernador Francisco Labastida se comprometió a investigar y detener a los culpables. No lo cumplió, por el contrario, sus funcionarios enrarecieron el ambiente, incluso el entonces subprocurador de la zona sur del estado, Manuel Sánchez Guzmán, mencionó entre líneas la posibilidad de que los responsables fueran periodistas por las rencillas personales que tenían, aseguró.

Después, el mismo funcionario declaró con desparpajo: "Por la forma de escribir con la verdad, Burgueño buscaba compulsivamente que lo mataran… no estaba bien de sus facultades mentales".

Tres días más tarde, el 25 de febrero, de acuerdo a la información periodística, Arturo Moreno Espinoza, entonces director de la Policía Judicial del Estado en Sinaloa, declaró que el móvil del asesinato había sido la venganza por lo que Manuel Burgueño publicó.
Lo único que pasó entonces fue que Sánchez Guzmán fuera despedido poco después.

Cadena de impunidad

En septiembre de 1988, el jefe de la Policía Judicial, Arturo Moreno Espinoza, presentó a Antonio Flores Ramírez. Aseguró que era el responsable del crimen. Pero la acusación se diluyó.

En diciembre de 1989, 22 meses después del crimen, el Ejército detuvo a cuatro personas quienes confesaron ante los militares y luego lo ratificaron en la Procuraduría, de acuerdo con el expediente, que integraban un grupo denominado “el escuadrón de la muerte” que operaba en la zona sur de Sinaloa y cometía asesinatos por contrato, principalmente para narcotraficantes, aunque también participaban en robos y asaltos.
Sus nombres: Antonio Cordero Lamadrid, ex agente de la Policía Judicial del estado; Sergio Patiño Ramírez; Lorenzo Zataráin Félix y Juan Francisco Cortés.

Algunos de ellos confesaron y dieron detalles del crimen de Manuel Burgueño y de varios más, al menos así lo hicieron Patiño Ramírez y Cordero Lamadrid. Los documentos se integraron a la averiguación previa y el 22 de enero de 1989, Alfredo Franco Rodríguez, entonces subprocurador del sur de Sinaloa, declaró públicamente que eran responsables del crimen del periodista, junto con los hermanos Humberto y Rigoberto Rodríguez Bañuelos, el primero como autor intelectual y el segundo como cómplice.

Las investigaciones castrenses mostraron que las policías en Sinaloa no eran confiables, que brindaban protección a narcotraficantes que operaban en el estado y hasta participaban de en sus delitos. Por eso, el 9 de abril de 1989 un cuerpo especial del Ejército llegó por sorpresa a las instalaciones de la Policía Municipal de Culiacán y detuvieron al director, Robespierre Lizárraga, y a otros funcionarios. Aunque todos ellos quedarían libres poco después.

En un hecho que nunca se explicó públicamente, después de que fue desarticulada esa red de protección desde la policía, un grupo especial de la Policía Judicial de Sinaloa viajó al estado de Sonora, donde detuvieron a Rigoberto Rodríguez Bañuelos por el homicidio de Burgueño y otros delitos.

Rodríguez Bañuelos confesó, al menos hay una declaración en el expediente que así lo muestra, que su tarea fue verificar que los dos sicarios mataran al periodista y se fueran en el Atlantic verde. Dijo que vigilaban la acción, a una cuadra de distancia por lo menos, Humberto Rodríguez Bañuelos y Sergio Patiño.

El ex agente Rigoberto fue encarcelado en el Centro de Readaptación Social de Mazatlán en junio de 1989, pero no llegó a diciembre. Una fuga bien planeada y pagada permitió a 97 presos salir de ese Centro. Uno de ellos era Rodríguez Bañuelos. Fue el 14 de noviembre de 1989. Sólo cinco meses estuvo recluido.

Se ha dicho, apenas como rumor nunca confirmado, que al ex policía lo mataron años después. Cierto o no, nunca volvió a pisar la cárcel por el crimen del periodista.

El expediente que la Procuraduría General de Justicia de Sinaloa consignó al
Juez Tercero Penal (causa 144/89) por homicidio calificado a Humberto Rodríguez Bañuelos, Rigoberto Rodríguez Bañuelos, Antonio Cordero Lamadrid, Sergio Patiño Ramírez; Isaías Mar Hernández, Luis Alfonso Sámano Calderón, Sergio “El Guamuchilito” y Arturo “El Guamuchilito”.

No fueron acusados del crimen de Burgueño ni Lorenzo Zataráin Félix ni Juan Francisco Cortés, quienes se supone también integraban “el grupo de la muerte”.
El proceso penal se inició contra Cordero Lamadrid y Patiño Ramírez. Ofrecimiento de pruebas, documentos y testigos, que transitaron durante 21 meses, hasta que el juez emitió su fallo: por su participación en el crimen de Manuel Burgueño Orduño a los dos se les condenó a 31 años y 8 meses de prisión.

Una sentencia contundente, sólo posible con las pruebas suficientes. Un día de fiesta, el 30 de octubre de 1990 cuando el juez la firmó.

Pero fue un festejo corto, demasiado breve. En un año ya estaban libres. El 2 de octubre de 1991, la Primera Sala del Supremo Tribunal de Justicia de Sinaloa revocó la sentencia del juez y declaró su absolución por falta de pruebas, en la toca penal 49/91.
Así, sin más, se fueron a su casa. No había pruebas, argumentaron, a pesar de antes el juez consideró que había suficientes.

El 26 de noviembre d 1990, un mes después de la absolución de los dos únicos detenidos, casi como un regalo, fue capturado en Guadalajara, Jalisco, Isaías Mar Hernández. También confesó. Además confirmó en su declaración la participación de Humberto Rodríguez Bañuelos y todos los que aparecían en el expediente. El motivo, dijo: en venganza porque Burgueño hacía constantes señalamientos contra el comandante.

Otro más fue capturado: Sámano Calderón. Los dos fueron enviados al Centro de Readaptación Social y se inició el proceso por el crimen de Burgueño.

Su juicio fue más lento, más desgastante, pero contundente para el juez. El 24 de junio de 1993 los declaró culpables como los autores materiales y por asociación delictuosa. A Luis Alfonso Sámano lo condenó a 32 años y 6 meses, una pena muy cercana a la máxima de esa época (el Código Penal estipulaba hasta 40 años de prisión), y a Mar Hernández a 27 años con 6 meses de cárcel.

Pero la cadena de impunidad continuó. Nuevamente la Primera Sala del Supremo Tribunal de Justicia de Sinaloa, absolvió a los dos acusados, en la toca penal 941/1993 se argumentó nuevamente que no había pruebas suficientes.

Nada pudo hacer la Procuraduría General de Justicia del estado, pero tampoco intentó hacer más., Ni reabrir las investigaciones para hacer más sólidas las acusaciones, ni buscar a Humberto ni Rigoberto Rodríguez Bañuelos. El expediente no mostró movimiento alguno.

Fue más fácil dejar pasar y, quizá, apostar al olvido.

Esa apuesta a la indiferencia funcionó. Fue el último eslabón de la cadena de impunidad.

Humberto Rodríguez Bañuelos fue detenido en Tijuana, Baja California en marzo de 2001. Se identificaba con el nombre de Carlos Durán Montoya. En esa ocasión se le acusaba de matar y herir a policías municipales.
Al principio nadie lo reconoció. Era otro. Tenía otras facciones en el rostro y un cuerpo más estrecho. Se había practicado una cirugía plástica e injertó cabello y se sometió una liposucción que le permitió reducir, de acuerdo a las autoridades, unos 40 kilos.
Tres meses después, tras una llamada de un delator, la Procuraduría General de la República confirmó, con estudios de ADN y huellas, que se trataba de Humberto Rodríguez Bañuelos. Así lo informó la dependencia y aseguró que se trataba de uno de los principales sicarios del cártel de los hermanos Arellano Félix.

Se lo llevaron de inmediato a un penal más seguro y confiable: el de máxima seguridad de Puente Grande, en Jalisco. Rápido le cayeron las acusaciones.

Humberto Rodríguez Bañuelos era agente y llegó a ser comandante de la Policía Judicial de Sinaloa (ahora Policía Ministerial). En se entonces era un hombre grueso, de cabello entretejido, ojos caídos y mirada agria. Por su complexión le apodaron “La Rana”, pero también le decían “H-1” y “Don H”, dependiendo de quien le hablara.
Las autoridades aseguran que era un hombre despiadado y vengativo, características que le sirvieron cuando abandonó la corporación y se sumó de lleno a la organización de “El Cochiloco”, de Miguel Ángel Félix Gallardo y después de los hermanos Arellano Félix, de acuerdo con las fichas elaboradas por las autoridades.

En todas las organizaciones ocupó puestos de importancia, de acuerdo a la PGR, porque además de encargarse de supervisar el trasiego de drogas, también eliminaba a los enemigos que le ordenaban.

En 2001, ya preso lo sometieron, en principio, a cuatro juicios, en los que se le acusaba del crimen del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo y del procurador de Jalisco Leobardo Larios Guzmán, así como de 17 crímenes más, secuestros, portación de arma de fuego, posesión y tráfico de drogas, asociación delictuosa, entre otros.

Por esas fechas, el 3 de mayo de 2001, nuevamente cayó preso Antonio Cordero Lamadrid en Sinaloa. Ahora se le acusaba de robo de vehículos. Nuevamente salió libre, apenas en seis días. Formalmente no encontraron pruebas en su contra. La Procuraduría General de Justicia no aprovechó la oportunidad para reacusarlo por el crimen de Manuel Burgueño o, por lo menos, interrogarlo.

En el caso de Humberto Rodríguez Bañuelos, las autoridades de Sinaloa borraron de su memoria que existía pendiente una orden de captura en su contra por el crimen del periodista. No hicieron nada.

El director del semanario Zeta de Tijuana, Jesús Blancornelas escribió en una de sus columnas que no necesariamente era olvido: “supe que ya encarcelado Rodríguez Bañuelos envió un mensaje a funcionarios estatales de Sinaloa. No acusarlo formalmente en el caso de don Manuel Burgueño. No le preocupa tanto el de Sergio Galindo (otro periodista)”.

También sufrieron amnesia las autoridades federales, a pesar que desde 1988 en un informe interno de la Secretaría de Gobernación, entre los asesinatos de periodistas que se reconocía fueron cometidos por su ejercicio profesional se encontraba el de Manuel Burgueño.

Periódicos de Sinaloa denunciaron que no se acusaba a “La Rana” del delito. También lo hizo insistentemente la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP). Pero las autoridades, todas, guardaron silencio y perdieron memoria.

En esa larga cadena de impunidad, las autoridades pretendieron colocar el último eslabón el 7 de septiembre de 2007, cuando la Procuraduría General de Justicia de Sinaloa decretó “el sobreseimiento por prescripción de la acción penal a favor de los cuatro acusados: Rigoberto Rodríguez Bañuelos, Humberto Rodríguez Bañuelos, Sergio alias ‘El Guamuchilito” y Arturo alias ‘El Guamuchilito’, como consecuencia de ello, los mandamientos judiciales que existían en su contra quedaron sin efecto”.

Eso respondió formalmente la Procuraduría ante una petición de información (la número 4117) que tramitó la SIP con el apoyo del periódico El Noroeste.

En mayo de 2008, el entonces alcalde de Culiacán, Jorge Abel López Sánchez inauguró la pavimentación de la calle Manuel Burgueño, en la colonia Libertad de Expresión. Un homenaje de unos metros para la memoria de un periodista que no ha encontrado justicia.

Aunque la Procuraduría de Justicia ha pretendido así cerrar el caso, lo cierto es que la legislación y los tratados internacionales ratificados por México establecen que en este caso falta por investigar quiénes y porqué no cumplimentaron las órdenes de aprehensión que existían contra los Rodríguez Bañuelos, principalmente contra “La Rana”, cuando se sabía públicamente que estaba preso desde 2001.

Falta por saber quiénes son los responsables de que se dejara de profundizar en las investigaciones, para fortalecer las acusaciones contra los responsables.

Preguntas que la ley obliga a responder todavía.