El sábado 2 de abril de 2005, el periodista de El Imparcial, Sonora, José Alfredo Jiménez Mota desapareció y hasta la fecha se desconoce su paradero. Las autoridades mexicanas, que tienen a su cargo las investigaciones, no han mostrado desde entonces algún resultado: no hay personas detenidas, tampoco se ha consignado el expediente ante un juez para que ordene la captura de los presuntos responsables y tampoco tienen datos confiables sobre las razones, y sobre dónde y cómo se encuentra el periodista.
El reportero tenía al momento de su desaparición 25 años de edad y se habla especializado en la investigación de temas vinculados con el crimen organizado y seguridad pública. Las autoridades, como se relatará más adelante, han reconocido públicamente que su desaparición está vinculada con sus reportajes sobre el narcotráfico en el estado de Sonora.
De la poca información que en estos casi cuatro años se ha dado a conocer sobre las investigaciones que las autoridades estatales y posteriormente federales han llevado acabo, se aprecian contradicciones, son confusas y no muestran avances claros y contundentes.
A partir de algunos testimonios recabados y documentos que han sido publicados, se desprende la probable responsabilidad de funcionarios municipales, estatales y federales en la desaparición de Jiménez Mota, lo que podría explicar el aletargamiento y falta de resultados en las investigaciones.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Alrededor del mediodía del sábado 2 de abril de 2005, José Alfredo Jiménez Mota realizó su trabajo de forma habitual. Llegó a las oficinas de prensa de la Secretaria de Seguridad Pública del estado de Sonora y de la Procuraduría General de Justicia de la misma entidad, de donde buscó la Información del día, conversó con algunos reporteros de otros medios de comunicación y se retiró.
Para las cuatro de la tarde, Jiménez Mota se dirigió hacia las oficinas del periódico El lmparcial. A dos o tres cuadras de distancia, cuando cruzaba la plaza Hidalgo, en el centro de la ciudad, dos hombres se le acercaron a mediana distancia. El periodista pensó que se trataba de turistas porque llevaban consigo una cámara fotográfica, pero comenzaron a tomarle fotografías por lo que se asustó, salió corriendo y se refugió en un restaurante llamado Los Grillos, en donde conocía ala pareja dueña del local.
Jiménez Mota angustiado les pidió ayuda a sus amigos, quienes lo tranquilizaron y Fito, como le llamaba al dueño, se colocó en la puerta de entrada del restaurante y observó a los dos hombres, quienes le parecieron sospechosos porque permanecían allí de forma extraña, pero al sentirse observados se metieron a un table dance que está en la zona. Fito esperó un momento más, pero no salieron. Al saber que ya no estaban afuera, el periodista se tranquilizó, se quedó a comer y aprovechó para dictar por teléfono los budgets de las nueve notas que tenía.
Antes de las cinco de la tarde, Jiménez Mota llegó a la oficina de El Imparcial y comenzó a redactar su información, un total de tres notas, sin que en ese momento comentara a alguno de sus compañeros lo ocurrido en la plaza. Aparentemente a las 20:45 se retiró de la redacción, de acuerdo al registro de Internet de su computadora.
Llegó a su casa y pasadas las 21:00 horas habló con su amiga la reportera Shaila Rosagel. Quedaron en tomar más tarde unas cervezas con otros amigos y le comentó que antes de verla se encontrarla con uno de sus contactos "que andaba muy nervioso", pero sólo serian unos minutos, le precisó.
El periodista se bañó y aproximadamente entre las nueve y las 10 de la noche se encontró con Andrés Montoya Garcia, entonces subdirector general del Sistema Estatal Penitenciario de Sonora. De acuerdo con el testimonio que rindió ante la Procuraduría General de Justicia del estado de Sonora el ahora ex funcionario, platicaron abordo de su camioneta mientras dieron varias vueltas. El tema de la charla era delicado, versaba sobre la liberación de un presunto narcotraficante apodado "El Estudiante" y que era considerado muy peligroso por las autoridades, un tema que Jiménez Mota ya había empezado a publicar.
En su declaración ministerial, contenida en la averiguación previa 90105 de la Procuraduría estatal, Montoya García aseguró que a Jiménez Mota lo dejó en un supermercado y no supo más de él, solamente le comentó que tenía que ver a otro "contacto".
No ha sido encontrado algún testigo para corroborar qué ocurrió después, sin embargo, el registro del teléfono celular del periodista muestra que la última llamada que recibió ese sábado, en punto de las 23:04 horas, fue de parte del entonces subdelegado de la Procuraduría General de la República en Sonora, Raúl Fernando Rojas Galván, quien era una de sus principales fuentes de información o "contactos", como le denominaba el reportero.
Rojas Galván fue interrogado por la Procuraduría General de Justicia del estado de Sonora. Primero negó haber visto ese 2de Jiménez Mota, incluso rechazó tener una relación cercana con el reportero. En esa declaración, quedaron en evidencia sus contradicciones, pues al mostrarle el recibo de llamadas en el que aparecía el suyo y tuvo que retractarse, entonces declaró: "quizá llamé pero no me contestó". Los investigadores le mostraron entonces que la comunicación duró casi dos minutos, 112 segundos exactamente, por lo que nuevamente Rojas Galván cambió su versión: "no lo recuerdo", sin embargo luego dijo que el reportero le había llamado para pedirle unos datos, pero que él le respondió que tenía que pedirlos a Comunicación Social. Fue todo.
Ese día, Jiménez Mota ya no llegó a reunirse con sus amigos a tomar cerveza, como había quedado, lo que les pareció extraño, porque solía asistir.
Los domingos eran día de descanso para Jiménez Mota, por lo que el domingo 3 de abril de 2005 ninguno de sus compañeros, amigos o jefes se dio cuenta que estaba desaparecido. Su amiga Shaila Rosagello buscó por teléfono, pero no tuvo respuesta, aunque no se preocupó en ese momento porque pensó que lo vería a las siete de la noche en la misa de la Catedral, porque el reportero sería el encargado de hacer una de las lecturas durante la liturgia. No llegó.
Al día siguiente, el lunes 4 de abril de 2005, Jiménez Mota tampoco se presentó al periódico y no respondió su teléfono celular, pero en el diario dedujeron que se había tomado el día que le debían de descanso, por esa razón nadie lo buscó.
Ese mismo lunes, extrañamente, llegó al periódico El Imparcial el abogado Alfonso Malina Elías, con la intención de presentarle a directivos del diario a José Iván Teón Tapia, quien sostuvo que era el representante legal de Raúl Enríquez Parra, señalado por las autoridades de la Procuraduría General de la República (PGR) como uno de los más importantes narcotraficantes de la reglón y de quien Jiménez Mota publicó varios articulas sobre sus negocios y los de su familia.
El litigante solicitó reunirse con los encargados del medio, para pedirles "una tregua", que consistía, según su propuesta, en que no publicaran más información sobre su cliente, antes de que lo entrevistaran, para que pudieran confirmar que se trata de un empresario y no un narcotraficante, les enfatizó Teón Tapia. Los funcionarios del diario acordaron que le resolverían en unos días. Es importante destacar que durante los primeros 10 días, después de desaparecido Jiménez Mota, el abogado del presunto narcotraficante acudió en dos ocasiones a las oficinas del periódico, para insistir en la entrevista. En El Imparcial le propuso que fuera compartida con el periódico Reforma. El abogado quedó de responder, pero no lo hizo. Teón Tapia fue Interrogado por las autoridades, pero aportó poco a la investigación.
El martes 5 de abril Jiménez Mota tampoco se reportó al periódico, ni se presentó en la redacción y el celular permanecía apagado. Sus compañeros y jefes de El Imparcial se preocuparon, organizaron su búsqueda en centros de atención médica y auxilio, sin obtener resultados y llamaron a su familia para saber si tenían información. Al no saber nada sus padres y una hermana se trasladaron a la ciudad de Hermosillo para presentar una denuncia penal ante la Procuraduría General de Justicia del estado, que quedó registrada bajo el número 90/05, por el delito de privación ilegal de la libertad y lo que resulte.
También lo buscaron en su departamento, al que lograron ingresar y descubrieron que todo estaba intacto, su ropa, su equipo de trabajo, solamente faltaban sus dos teléfonos celulares. Los enseres dejaban ver, según los testimonios de reporteros, que por lo menos un par de días atrás no había dormido allí.
El gobernador del estado de Sonora, Eduardo Bours Castelo, y el procurador de Justicia del estado, Abel Murrieta Gutiérrez, declararon públicamente, por separado, que destinarían a los mejores investigadores para encontrar al reportero. El gobernador detalló que seria un grupo especial de agentes y dos Ministerios Públicos.
Reporteros de diferentes medios de comunicación iniciaron una campaña para encontrar a Alfredo Jiménez Mota, que duró varias semanas. Hicieron manifestaciones, repartieron volantes por la ciudad y salieron a buscarlo en cuadrillas por el desierto.
La semana siguiente, la Procuraduría General de Justicia llevó a cabo varios operativos de localización en diferentes ciudades y poblados del estado, atendiendo a llamadas anónimas que aseguraban que podían encontrar al reportero en distintas poblaciones. Ninguno de los operativos arrojó alguna pista concreta.
El 9 de abril de 2005, el entonces subprocurador Especializado en Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de la República (PGR), José Luis Santiago Vasconcelos, dijo en una entrevista que detrás de la desaparición de Jiménez Mota "podría estar el narcotráfico" y anunció que la PGR coadyuvarla con las investigaciones Esto último no ocurrió sino hasta 12 días después que se inició un acta circunstanciada bajo el número PGRISIEDO/UEITA/082/2005.
El Congreso del estado emitió, el 12 de abril, un punto de acuerdo para que las procuradurías General de la República y de Justicia de Sonora se coordinaran y localizaran al reportero. Las declaraciones de funcionarios continuaron, incluso del propio presidente de México, Vicente Fox, quien en una carta en respuesta a la Asociación Mexicana de Editores de Periódicos y que apareció publica el 14 de abril, sostuvo que condenaba los atentados y agresiones cometidas contra periodistas y advirtió que el Estado mexicano respondería "con toda su fuerza para que la justicia se alcance y castigue a quien piense que atentando contra la vida de un periodista, podrá mantener privilegios indebidos y detener el avance de la libertad".
Las manifestaciones se acentuaron en diferentes ciudades y crecieron los pronunciamientos para que las autoridades federales participaran en las investigaciones. Para el 19 de abril, Fox se reunió con los padres de Jiménez Mota a quienes les prometió todo el apoyo para llegar a fondo: "yo comprometo toda nuestra capacidad, yo sé que esto no repara la pena, esto no resuelve el peso tan intimo y tan doloroso que sufrieron (...) a ustedes en lo personal toda mi solidaridad, todo mi sentimiento por lo que pasó y espero que cuando menos resolvamos el asunto", les dijo el entonces presidente.
El primer efecto fue el anuncio, por parte de la PGR de atraer al fuero federal el expediente en los siguientes días, lo que se formalizó el 25 de abril; es decir, 23 días después de la desaparición de Alfredo Jiménez Mota. Para entonces, la Procuraduría de Justicia del estado de Sonora aseguraba que entre 60 y 80 personas habían sido citadas a declarar y el expediente sumaba mil 768 páginas.
La Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) de la PGR designó el 2de mayo a un fiscal especial para investigar la desaparición de Jiménez Mota, "el mejor del país", según definieron las propias autoridades. Sin embargo, 23 días después fue removido de su cargo por orden del presidente Fox por no presentar los resultados que se esperaban al tratarse de un asunto "de alta prioridad", explicó entonces el subsecretario de Gobernación, Felipe González, quien detalló que "al detectar falta de actuaciones y de eficiencia, fueron relevados, enviados a otros estados, pero dentro de la misma PGR". El funcionario sostuvo que "lo que no se avanzó en un mes se va a avanzar en unos días con el nuevo equipo de expertos que fue asignado a la investigación, que son gente de las mayores confianzas del procurador Daniel Cabeza de Vaca".
El siguiente fiscal designado fue Rolando Alvarado Navarrete que estaba dentro de la SIEDO en la Unidad Especializada en Investigación Antiterroristas.
Un mes después de la desaparición de Jiménez Mota, el subprocurador José Luis Santiago Vasconcelos reiteró que detrás del caso estaba el narcotráfico, aunque todavía faltaba por definir qué organización, cómo ocurrió y porqué. No ofreció ninguna prueba. Para junio de 2005 fue más preciso al presentar los avances de las investigaciones a directivos y reporteros de E/Imparcial. La SIEDO, comentó el funcionario en esa ocasión, seguía 11 líneas de investigación, algunas de ellas eran: su circulo religioso, motivos personales y el trabajo periodístico de Alfredo y por ello podrían estar involucrados en su desaparición funcionarios de la PGR, uno de ellos el ex subdelegado de Procedimientos Penales zona Centro, Raúl Fernando Rojas Galván; y la posible participación de cárteles de la droga.
Pese a estas afirmaciones, Rojas Galván que podría ser uno de los principales sospechosos por las contradicciones en las que incurrió en su declaración, por ser la última persona que habló por teléfono celular con el periodista y por ser uno de sus principales proveedores de información off the record de Jiménez Mota, fue trasladado de Hermosillo al Distrito Federal, en donde lo mantuvieron al parecer unos días, lo interrogaron y después de un tiempo lo reasignaron a otras plazas, actualmente se encontraría en Baja California.
Sobre las investigaciones en torno a los reportajes publicados por Jiménez Mota en El Imparcial, los directivos y periodistas escucharon del propio subprocurador José Luis Santiago Vasconcelos, el 7 de junio de 2005, que se investigaba a detalle las siguientes publicaciones: Un trabajo periodístico que realizó en Sonora y en el que estaban Involucrados servidores públicos municipales, estatales y federales; el seguimiento que hizo sobre la muerte de llamado "Cuarto Pasajero", y las investigaciones que realizó sobre presuntos narcotraficantes de la región como las familias: Beltrán Leyva, Paredes Machado, Enríquez Parra y Adán Salazar.
El fiscal del caso, Rolando Alvarado Navarrete, fue removido de su cargo, bajo el argumento de que "estaba muy expuesto" y lo tenían identificado los grupos del crimen organizado.
Contradictoriamente, el siguiente fiscal fue designado con nombre y fotografía ese mismo día: Alejandro Mendoza López. Tiempo después, cuando se dio el cambio de Mendoza López, ya no se argumentó nada, simplemente se comentó quién era el nuevo: Alejandro Ignacio Santamaría, quien no ha viajado a Sonora, sino despacha desde el Distrito Federal, de acuerdo con la información publicada por El Imparcial.
El cambio de funcionario fue interpretado como un freno a las investigaciones, pues las indagatorias de Mendoza López se dirigían hacia funcionarios federales como co-responsables, según denunció la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), a través de Guillermo Ibarra Ramírez, coordinador de Proyectos Especiales y Comunicación Social del organismo.
Mientras tanto, la situación en Sonora se deterioraba más, ya para julio de 2005 había dos reporteros compañeros de Jiménez Mota, que habían sido amenazados telefónicamente y por correo electrónico. Para entonces, El Imparcial decidió públicamente no investigar por asuntos vinculados con el narcotráfico, pues consideró que no existían las condiciones para garantizar la seguridad de sus reporteros, responsabilidad del Estado mexicano.
Un mes después de que fueran dadas a conocer las líneas de investigación sobre la desaparición de Jiménez Mota, en julio de 2005, el mismo subprocurador Vasconcelos, le informó a la familia que la única línea de trabajo que seguían era el narcotráfico a partir de las publicaciones del periodista, que alcanzaban 10 líneas de investigación. Se cumplían 100 días de la ausencia del reportero y Vasconcelos adelantó entonces que darían a conocer nuevas estrategias que ayudarían a encontrar a Jiménez Mota. Nunca lo hizo.
De las 10 líneas de investigación, el entonces subprocurador Vasconcelos aseguró que todas se desprendían de las notas publicadas por Jiménez Mota y que se referían a organizaciones dedicadas al tráfico de drogas y que operan en Sonora, de las que sobresalían:
1 Las publicaciones sobre la organización de los Beltrán Leyva, conocidos como "los tres caballeros".
2 El grupo de Adán Salazar Zamorano, "don Adán", señalado por su presunta responsabilidad en el asesinato de un agente del Ministerio Público Federal.
3 El grupo de la familia Paredes, aparentemente vinculado al cártel de Joaquín "El Chapo" Guzmán.
4 La organización de los hermanos Enríquez Parra, llamados "Los números" o "los güeritos".
5 Funcionarios estatales, municipales y federales vinculados al crimen organizado.
El 11 de julio de 2005, las hermanas Ela Nidia y Johana Guadalupe Palma Morquecho se presentaron en el noticiero estelar de televisión de Televisa y aseguraron que habían sido secuestradas en Sonora por unos presuntos narcotraficantes, quienes se las llevaron en avioneta a un rancho en donde prácticamente presenciaron la ejecución de tres personas que luego fueron quemadas y escucharon, de sus captores, una conversación en la que confesaban que ellos privaron de su libertad a Jiménez Mota para luego asesinarlo y quemarlo, la razón, dijeron las mujeres: "por andarse metiendo en cosas de ellos".
Las hermanas, lograron escapar cuando los secuestradores estaban intoxicados, según relataron. Decidieron presentarse ante los medios de comunicación para denunciarlo todo, incluyendo documentos y fotos de sus captores. Señalaron como posibles responsables del secuestro del reportero a Roberto Tapia Chan, todavía en ese momento director de la Policía Estatal Preventiva de Sonora; así como a Raúl, Wilfredo e Ildefonso Enríquez Parra; Jesús, Wenceslao, Miguel y Rafael Terán; y Jesús Darey Castro, todos ellos señalados por las autoridades como narcotraficantes.
Durante dos días las hermanas Palma Morquecho fueron interrogadas en la Subprocuraduría Especializada en Delincuencia Organizada, luego tramitaron un amparo con su abogado particular, porque les dijeron que podrían detenerlas. Salieron de las oficinas y les enviaron varios citatorios para que ratificaran sus denuncias, pero no las encontraron más. Los registros de la misma Procuraduría General de la República señalan que una de las hermanas fue procesada por delitos contra la salud, dos o tres años antes de que rindiera este testimonio, según declaró el entonces procurador general de justicia del estado de Sonora, Abel Murrieta Gutiérrez.
A la familia de Jiménez Mota y a varios de los medios informativos de Sonora les pareció inverosímil el relato de las hermanas Palma Morquecho y consideraron que todo había sido armado para desviar la atención. El gobernador Eduardo Bours fue más lejos, y extrañamente como si fuera vocero del procurador, declaró que se entrevistó con el titular de la PGR, Daniel Cabeza de Vaca, quien le aseguró que ninguno de sus funcionarios estaba siendo investigado por la desaparición de Jiménez Mota. Así quedaba en ese momento exonerado el director de la Policía Estatal Preventiva, Roberto Tapia Chan. El titular de la PGR no desmintió la información.
El 22 de julio, once días después de la declaración de las hermanas Palma Morquecho, la PGR junto con autoridades estatales y el Ejército, catearon e incautaron precautoriamente seis ranchos que aparentemente pertenecían a los hermanos Enríquez Parra, a quienes la misma autoridad, en el boletín 819/05, identificó como integrantes de una organización criminal en el estado de Sonora denominada "Los Güeritos" o "Los Números" o "Los Enríquez Parra", a la cual se le atribuyen, señala, la desaparición y homicidios de personas ligadas con el narcotráfico y que pertenecen a grupos rivales en la zona. En los ranchos encontraron armas de fuego, cartuchos, marihuana y una camioneta.
Los operativos continuaron durante el mes de julio en otras casas y ranchos de distintos poblados de Sonora y pertenecientes a distintos grupos de "Los Enríquez Parra" y de la familia "Salazar" que son antagónicos. En total fueron 10 los detenidos, a ninguno de ellos le acreditaron alguna relación con la desaparición de Jiménez Mota. Encontraron restos humanos en algunos de los ranchos, pero no se trataba del periodista. Los bienes incautados fueron valuados por 46 millones de pesos: 11 ranchos y 12 casas, en total.
A partir de los últimos meses de 2005, la información se frenó totalmente. Las autoridades no mostraron más avances concretos. Las voces sobre la pasividad de las autoridades federales comenzaron a escucharse, como en el caso de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a través del entonces director general del Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, quien declaró: el caso de "Alfredo Jiménez es emblemático, evidencia la falta de condiciones que las autoridades de los tres niveles de Gobierno están obligados a generar para que haya libre expresión e investigación periodística sin consecuencias. Pero también evidencia la institucionalización de la impunidad. No basta que se hayan realizado diversas y varias acciones en la investigación, siempre serán insuficientes en tanto no se conozca el paradero de Alfredo Jiménez Mota".
Para octubre de ese año, apareció el cuerpo torturado y lanzado desde una avioneta, de Raúl Enríquez Parra, señalado como líder del grupo "Los Números" y el principal responsables de la desaparición del periodista, según las declaraciones de las hermanas Palma Morquecho. El subprocurador Vasconcelos reconoció ante directivos de El Imparcial que esa era una de las principales líneas de investigación que seguían.
En febrero de 2006, el semanario Zeta de Tijuana, Baja California, publicó un reportaje que sustentó en un aparente informe interno del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), que mostraba la radiografía de los grupos de narcotraficantes que operaban en Sonora y en el que se menciona una lista de funcionarios, sobre todo estatales, vinculados con esas organizaciones, como el caso del procurador Abel Murrieta y, nuevamente, Roberto Tapia Chan. El documento señalaba que la relación entre los funcionarios provenía desde que Ricardo Bours Castelo -hermano del gobernador- fue alcalde en Cajeme y que nombró a Tapia Chan fue secretario de Seguridad Pública.
Entre otras cosas, el informe mencionó que a Tapia Chan se le vinculó con narcotraficantes desde 1991, cuando se desempeñaba como director de Averiguaciones Previas, involucrándose le en el extravío del expediente de Jaime González Gutiérrez, en ese entonces acusado de asesinar a un policía municipal en San Luis Río Colorado y luego señalado como el autor intelectual del asesinato del director del periódico La Prensa de San Luis Río Colorado, Benjamín Flores, el 15 de julio de 1997.
Las partes más importante de los reportajes que publicó Jiménez Mota en las últimas semanas sobre las organizaciones de narcotraficantes que dominaban en Sonora, las extrajo de ese documento y el resto, donde se mencionan los vínculos de funcionarios y el tráfico de drogas no las incluyó, porque aparentemente estaba verificando todos los datos. Se desconoce si la PGR investiga si ese informe pudo ser uno de los motivos de su desaparición.
Después de dos años de seguir sin saber qué ocurrió con Jiménez Mota, la revista Proceso publicó el 21 de enero de 2007, una entrevista con un ex policía de Navojoa, Sonora, el teniente Jesús Francisco Ayala, quien en ese momento esperaba que la PGR lo convirtiera en testigo protegido, tras rendir diferentes declaraciones ministeriales en las que denunciaba a los grupos de narcotraficantes y sus vinculaciones con políticos de primer nivel en el estado de Sonora.
El agente, describió que era el chofer del director de la Policía Municipal de Navojoa, Luis Octavio Gastélum Villegas; posición que le permitió presenciar encuentros entre narcotraficantes y policías; así como escuchar información sobre políticos que protegían a los traficantes, según comentó. De esta manera se enteró porqué fue secuestrado Jiménez Mota, cómo lo hicieron, quiénes lo llevaron a cabo y cómo lo asesinaron, afirmó Ayala.
Ayala sostuvo que "la verdadera razón por la que desaparecieron a Jiménez Mota es que estaba trabajando un reportaje donde iba a desnudar a este grupo político, que da protección a los narcotraficantes más fuertes de Sonora. De alguna manera el grupo político se enteró de eso y se dio la orden de su desaparición poco antes de que Alfredo recibiera unas grabaciones con las que sustentaría su trabajo. Esas grabaciones de intervenciones telefónicas, que estaba por recibir Jiménez Mota, no se sabía quién las entregaría, pero se sabia que en ellas aparecían conversaciones entre un miembro del grupo político, Ricardo (Roberto) Tapia Chan, entonces jefe de la Policía Judicial de Sonora, con el narcotraficante Raúl Enríquez Parra, donde salía a relucir el nombre de Ricardo Bours (hermano del gobernador en turno)".
¿A quién le encargaron la desaparición de Alfredo Jiménez Mota? -preguntó el reportero--.
"A un policía que fue compañero mío en Navojoa, Juan Ausencia Félix Moroyoqui, amigo intimo de Gastélum Villegas. Como le tenían que encargar el trabajo a alguien de mucha confianza, porque el favor iba a ser para Tapia Chan, entonces le pidieron a Juan Ausencia el trabajo. Él era sicario de la organización de "Los Números", y el trabajo lo hizo con un grupo de ocho sicarios y policías de su grupo", relató.
Según detalló Ayala durante su entrevista, "al reportero no lo mató (Joaquín) 'El Chapo' Guzmán ni los Beltrán, eso es pura mentira. Fue este grupo quien se lo entregó a 'Los Números'; es esa mafia de cuello blanco que opera en Sonora". Agregó que "el problema es que empezaron las protestas de la familia de Jiménez Mota y de los reporteros de los distintos medios, algo que no habían contemplado. El tema alcanzó una gran relevancia, por eso tuvieron que ir eliminando a los testigos".
El teniente trabajó 15 años en la Policía Municipal y huyó cuando quisieron matarlo por todo lo que sabía, afirmó. En la entrevista Ayala explicó que el comando encargado de secuestrar a Jiménez Mota fue asesinado; "como a los 30 días que desaparecieron al reportero, el 9 ó 10 de mayo, Juan Ausencia Félix Moroyoqui le organizó una fiesta a su madre y cuando estaba ahí recibió una llamada en la que le decían que se preparara, que saliera de Ciudad Obregón, porque iba a hacer un vuelo para realizar un trabajito, pero no hubo tal, lo sacaron para asesinarlo. El 14 de mayo encontraron los cadáveres de Félix Moroyoqui y de su grupo, los tiraron en la zona del dren en Ciudad Obregón y en el llamado Canal Alto. Era un grupo muy peligroso, eran como cinco o seis personas, pero todos utilizaban lanzagranadas, 'cuernos de chivo', eran muy sanguinarios... pero los tenían que silenciar".
Ayala aseguró que los funcionarios involucrados con el narcotráfico y con la desaparición de Alfredo eran: el entonces procurador Abel Murrieta; el que fungiera como jefe de la Policía Roberto Tapia Chan; así como Luis Octavio Gastélum Villegas y Orlando Valderrain. El teniente de policía comentó que el grupo político lo encabezaba Ricardo Bours Castelo.
Ningún funcionario de la SIEDO habló sobre esta versión. Todos los servidores públicos mencionados se declararon inocentes y dispuestos a ser investigados. El gobernador de Sonora, Eduardo Bours Castelo, aseguró en una entrevista que al conocer la publicación de Proceso se reunió con el todavía titular de la PGR, Eduardo Medina Mora, quien le explicó que el caso de Jiménez Mota está abierto, pero que no habla elementos para citar a declarar a ninguna persona mencionada en la revista.
El periódico El Imparcial solicitó la posición oficial y el entonces director general de Comunicación Social de la Procuraduría General de la República, Fernando Castillo, aseguró que de todas las declaraciones que existen en el expediente "no se desprende hasta el momento ningún elemento de prueba para afirmar que existen servidores públicos estatales ni federales involucrados en la desaparición de Jiménez Mota".
La PGR no ha informado si el policía Ayala se convirtió en testigo protegido o no. La revista Proceso publicó en el mismo mes de enero que un funcionario de la Subprocuraduría Especializada en Delincuencia Organizada les informó que no está clasificado como protegido y su declaración era "singular y aislada y no se apoya en ningún otro medio de prueba que lo torne verosímil". La misma publicación refiere que ala Comisión Nacional de Derechos Humanos le informó que el testigo "ya no está con la PGR Esa es la información oficial que nos dio la PGR: que de la noche a la mañana desapareció".
La PGR distribuyó el boletín 244/08, fechado el primero de abril de 2008. En el documento desglosa las acciones que ha realizado desde abril de 2005 que inició la averiguación previa sobre la desaparición de Jiménez Mota. La institución enuncia que desde entonces han sido interrogadas 14 personas del periódico El Imparcial, dos abogados, cuatro servidores públicos de la PGR, nueve familiares y amigos, dos servidores públicos locales, dos elementos de la Cruz Roja, tres vecinos, un procesado, un arraigado por la Procuraduría General de Justicia del estado y 12 personas arraigadas por la SIEDO.
No ofrece más detalles, sin embargo, por el tiempo trascurrido y al no existir alguna persona sometida ajuicio por la desaparición del reportero, significa que las personas arraigadas nunca fueron acusadas penalmente. Pero además, el 7 de junio de 2005, el entonces subprocurador Vasconcelos había dicho que hasta ese momento habían interrogado a 36 personas, esto aporta un elemento más para demostrar la inacción o letargo de las autoridades, pues en tres años, hasta abril de 2008 que rindió este informe, la PGR sólo había tomado la declaración de 14 personas más.
Prácticamente ocurre lo mismo con las diligencias que reportó en 2008 la PGR, las cuales fueron, además de los 50 interrogatorios, 25 constancias ministeriales, dos inspecciones oculares, siete partes informativos, siete dictámenes periciales, cinco denuncias anónimas, seis documentos donde se asentó la fe ministerial del Representante de la Federación y se han investigado 89 números telefónicos. Desde junio de 2005, dos meses después de la desaparición de Jiménez Mota, la misma institución informó que en el expediente existía la constancia de "más de 80" diligencias practicadas, es decir, ya desde entonces se habían realizado más de la mitad que reportó tres años después.
El informe de la PGR también afirmó que "en todo momento" el padre del reportero "ha sido informado" por personal de la SIEDO. Sin embargo, sus padres declararon que ya tenían seis meses sin tener noticias, y que ya desde antes las llamadas eran cada vez más lejanas.
Del boletín de la Procuraduría se puede inferir que la averiguación previa está estancada, pues señala que: "hasta el momento, las líneas de investigación requieren de mayores elementos que pueda proporcionar la ciudadanía para profundizar en las investigaciones actuales o para abrir otras".
Sumado a lo anterior, en diciembre de 2006, en la SIEDO había sido designado Noé Ramírez Mandujano, quien como encargado del área antisecuestro de la misma institución conocía el caso de Jiménez Mota e incluso participó en las indagatorias en 2005. Desde que fue nombrado titular no se dio algún tipo de avance sobre las indagatorias en torno ala desaparición del periodista, a pesar de las peticiones hechas por los directivos de El Imparcial.
Para julio de de 2008, el procurador Medina Mora le pidió la renuncia a Ramírez Mandujano, por la falta de resultados. Cuatro meses después, en noviembre, fue sometido a arraigo domiciliario y en febrero de 2009 inició un juicio en su contra al brindar protección a cárteles de la droga, especialmente el grupo de los Beltrán Leyva, organización que podría ser la responsable de la desaparición del reportero, algo que todavía se supone que se investigaba.
Ese fue el último informe oficial que la PGR ha emitido y bajo el argumento que una averiguación previa está bajo reserva de ley, se desconoce porqué ninguna persona ha sido señalada como responsable de la desaparición de Alfredo Jiménez Mota, las razones y qué ocurrió con el periodista.