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Declaración de Puebla


Puebla, México
25 y 26 de agosto de 2011

Conferencia Hemisférica Universitaria
Convocada por la Sociedad Interamericana de Prensa

Los participantes de la Conferencia Hemisférica Universitaria convocados por la Sociedad Interamericana de Prensa reunidos en Puebla, asumieron el compromiso de proponer reformas de políticas públicas tendientes a combatir la violencia contra los periodistas y la impunidad que rodea a los crímenes.

Los participantes creen que los ataques contra la libertad de expresión no se manifiestan solamente a través de agresiones físicas contra los periodistas, sino también por medio de discursos hostiles hacia el ejercicio libre del periodismo, amenazas, censura, hostigamiento legal y descrédito. Al agredir este derecho fundamental, la violencia ya no es un problema sólo de los comunicadores sino de toda la sociedad que pierde su derecho a recibir información.

Con el propósito de crear una red de universidades en Latinoamérica que colabore en el mejoramiento de las prácticas académicas y ayude a los futuros profesionales a insertarse en una actividad más segura, así como promover cambios en las políticas públicas de los Estados, los equipos de alumnos y docentes de facultades de Comunicación, Derecho, Sociología y Ciencias Sociales y Políticas de 22 universidades provenientes de 13 países recomiendan:

1. En el ámbito legal, que:

Los países incluyan en sus leyes que los ataques a la libertad de expresión sean delitos que no prescriban; si son cometidos por funcionarios públicos se agraven las penas; que sean investigados a nivel federal y juzgados por tribunales civiles.

Las leyes obliguen al Estado a investigar de oficio (de iniciativa pública) los casos que revelen violación a la libertad de prensa y delitos contra la libertad de expresión, y se incluya la protección de jueces y fiscales que conozcan sobre homicidios de periodistas.

Los Estados incluyan en su legislación la obligatoriedad de reabrir las investigaciones o procesos judiciales, tras ser condenados por organismos internacionales.

Se apliquen los tratados y convenciones internacionales firmados por los países sobre el tema de derechos humanos, ampliando los reconocidos en el orden jurídico nacional.

Los fiscales, secretarías de Seguridad Pública o de Justicia, y los jueces conozcan, apliquen y se auxilien en las investigaciones y procesos judiciales con los criterios jurisprudenciales internacionales, los convenios y tratados firmados sobre Derechos Humanos.

Las Fiscalías generales o Secretarías de Justicia creen una unidad especializada, para investigar casos de ataques a la libertad de expresión.

Sean despenalizados los delitos de difamación, injuria y calumnia.

Los países cuenten con leyes específicas que brinden protección a defensores de Derechos Humanos y que éstas incluyan a periodistas, y en los países que existan o estén en proceso de ser aprobadas, se exija su publicación y aplicación.

Los países incluyan en su legislación medidas específicas en cuanto a la detención de periodistas cuando participan en coberturas de riesgo, para que las autoridades los dejen en libertad en cuanto se acredite su personalidad y el equipo de trabajo sea resguardado y entregado a éstos sin demora. En caso de incumplimiento por parte de la autoridad se incluyan responsabilidades penales.

En la ley se incluya la responsabilidad del Estado en la reparación del daño moral y material que cause el asesinato de un periodista en ejercicio de su labor, y atienda psicológicamente a la familia y garantice su seguridad.

En la ley se establezca que cuando se ataque a un periodista las autoridades estén obligadas a verificar si el origen de éste es su trabajo informativo.

Se incluyan en las leyes penales sanciones contra funcionarios públicos que obstaculicen la labor de los periodistas o incurran en acciones concretas contra la libertad de expresión.

Se creen o perfeccionen los Programas de Protección y Asistencia a Víctimas y testigos de crímenes cometidos contra periodistas, de los que deben ser responsables los Estados, pero pueden apoyarse en organizaciones no gubernamentales y en las universidades, para ofrecer asistencia legal y psicológica, entre otras medidas.

Se promulguen y/o apliquen leyes de acceso a la información y se cree la figura del Defensor de la Libertad de Expresión al que pueda recurrir la ciudadanía y los periodistas para hacer efectivo este derecho.

Bajo la responsabilidad del Estado y con el apoyo de las organizaciones civiles se instalen casas de refugio para los periodistas en riesgo que deben autoexiliarse.

2. En el ámbito institucional, que:

Los medios de comunicación garanticen condiciones dignas de trabajo, salario y protección para todos sus empleados, tomando como guía los principios establecidos en las declaraciones de Chapultepec de 1994 y de Medellín de 2007; que entre esos derechos se garantice el cumplimiento de las reglas de seguridad social, seguros de vida, invalidez y gastos médicos.

Las universidades, en acuerdo con los medios, establezcan reglas de respeto a las condiciones de trabajo y bienestar de los jóvenes estudiantes que trabajan como pasantes en las redacciones.

Los medios de comunicación elaboren, difundan y pongan en práctica principios de ética para coberturas de hechos de sangre y de peligro, y garantizar de esa forma que con el buen ejercicio de la profesión disminuya el riesgo o prevenga situaciones de vulnerabilidad.

Se promueva un amplio y profundo debate entre los medios de comunicación y periodistas sobre el rol y la importancia del ejercicio periodístico y la relación con sus fuentes, y que los resultados de esa discusión sean incorporados en los principios y códigos de ética de los medios de comunicación.

Los medios de comunicación elaboren manuales de riesgo, en los que se establezcan mecanismos y procedimientos para prevenir y evitar la violencia hacia sus periodistas.

Se motive en los medios de comunicación la creación de la figura del ombudsman, que estimule la reflexión sobre el trabajo del periodista.

3. En el ámbito social, que:

Las organizaciones de defensa de periodistas discutan políticas de protección para los profesionales del área, reconociendo a éstos como promotores y defensores de derechos humanos y de libertad de expresión construyan Programas de Protección, se divulguen en donde ya existen y generen campañas de concientización.

Las ONGs eduquen sobre la importancia de la función periodística, la defensa al derecho a la información y derechos humanos en forma de campañas, seminarios y encuentros.

Se involucre a la sociedad civil y a las organizaciones de derechos humanos para que denuncien y reporten amenazas, agresiones y asesinatos de periodistas y contra cualquier persona en el ejercicio de su libertad de opinión y expresión.

4. En el ámbito universitario, que:

Las organizaciones civiles y sindicatos de periodistas actúen en red con las universidades para construir una base de datos sobre víctimas y denuncias de ataques a la libertad de expresión en cada país, y se construyan espacios para medir, observar y apoyar el trabajo mediático.

Se elabore un mapa con las denuncias recibidas sobre los ataques a la libertad de expresión en cada país, y que estos documentos sean enviados a las autoridades del Poder Ejecutivo, fuerzas de seguridad, sectores educativos y medios de comunicación para implementar e incentivar la creación de políticas públicas concretas y cambios en la legislación sobre la protección del ejercicio periodístico con la participación de academias de periodismo.

Los planes de estudios sean reevaluados en las distintas facultades de las universidades, para que se adecúen a la realidad actual de los periódicos y periodistas, y que se creen materias, diplomados o cursos de extensión multidisciplinarios o transversales, para estudiar casos y discutir cuestiones relativas al peligro y ética del ejercicio periodístico.

Las universidades incluyan en el plan de estudios de sus facultades, entre ellas las de Comunicación, Derecho, Ciencias Políticas, Sociología, Psicología, entre otras, el estudio del Derecho Penal y Procesal Penal; así como la libertad de expresión y la libertad de prensa se discuta y analice la ética en el ejercicio periodístico.

Las universidades convoquen a foros, seminarios y mesas de diálogo con representantes del Poder Judicial, fiscales, periodistas y estudiantes, para discutir la protección a la libertad de prensa y de expresión; concientizar a todos sobre la importancia de la transparencia en las investigaciones y procesos penales; analizar la posibilidad de incorporar el trabajo periodístico como una prueba en los expedientes; y analizar las causas que provocan la inaplicabilidad de las leyes y la falta de resultados de los organismos investigativos y judiciales, para que se apliquen soluciones.

Se creen redes de investigación de la problemática de inseguridad del ejercicio periodístico a través del trabajo en conjunto con Instituciones de Educación Superior.

Las facultades de psicología implementen programas especiales de atención a los periodistas víctimas de violencia y a sus familiares.

Se promueva la toma de conciencia sobre el papel del periodista en la defensa de la libertad de expresión y prensa, a través de la difusión de sus publicaciones y de la apertura de museos de la memoria histórica del periodismo.

Se promuevan seminarios locales y estatales entre las distintas facultades para exponer las conclusiones de esta Conferencia a otras instituciones y a las comunidades estudiantiles de los países involucrados.

Se forme una organización interuniversitaria para intercambiar información, promover campañas en contra la impunidad y continuar la labor de esta Conferencia.






Pontificia Universidad Católica Argentina

Pontificia Universidad Católica de Rio de Janeiro, Brasil

Centro Universitario Metodista, Porto Alegre, Brasil

Universidad Diego Portales, Chile

Pontificia Universidad Javeriana de Colombia

Universidad de Antioquia, Colombia

Universidad Técnica Particular de Loja, Ecuador

Universidad Francisco Marroquín, Guatemala

Universidad José Cecilio del Valle, Honduras

Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, México

Universidad Nacional Autónoma de México

Universidad Autónoma de Guadalajara, México

Universidad de Guadalajara, México

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, México

Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, México

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México

Universidad Autónoma de Sinaloa, México

Universidad de Ciencias Comerciales, Nicaragua

Universidad Católica, Paraguay

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Perú

Universidad Iberoamericana, República Dominicana

Universidad Católica Andrés Bello, Venezuela.



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