Veinte años después del crimen, el 30 de diciembre de 2006, cayó el telón que estuvo atrapado entre la impunidad y el alevoso silencio. La justicia en Chile encontró y condenó a los culpables de la muerte del periodista José Carrasco Tapia, “Pepone” o “Pepe” entre sus amigos.

Fue el último crimen cometido contra un periodista durante el gobierno militar en ese país. El 8 de septiembre de 1986, dos hombres armados y a rostro descubierto, violentaron de madrugada el hogar en Santiago del consejero metropolitano del Colegio de Periodistas de Chile y editor internacional de la revista opositora Análisis, para sacarlo a golpes, aún en pijama, ante la mirada atónita e indefensa de sus hijos de 16 y 14 años.

Era una noche de toque de queda en el país, medida adoptada a consecuencia de que el día anterior un comando del clandestino Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) había intentado terminar con la vida del dictador Augusto Pinochet, en un operativo en El Melocotón, en los alrededores cordilleranos de la capital chilena. El atentado falló, muriendo cinco de sus escoltas y desatando "una ejemplarizadora represalia", ordenada por la Central Nacional de Inteligencia (CNI) al mando del general Humberto Gordon.

La ciudad con toque de queda fue inmediatamente militarizada. La orden dispuso que nadie podía transitar en medio de la oscuridad invernal santiaguina. Todo infractor sería detenido y el que desobedeciera la orden de ALTO, sería baleado. Sin embargo, el vehículo que los asaltantes habían estacionado en la puerta de la casa de Carrasco, al cual fue arrastrado, y otro automóvil que le seguía, pudieron desplazarse veloz, impunes y sin tropiezos, por calles y avenidas vigiladas por patrullas uniformadas, desde el barrio Bellavista, donde vivía el periodista, hasta las murallas que rodean el cementerio Parque del Recuerdo. Nada ni nadie los detuvo.

Contra ese paredón el cuerpo de Carrasco Tapia cayó acribillado con trece balazos: 12 en el tórax y uno en el pie, además de otro que dio contra el muro. Tenía 43 años y hacía dos que había regresado a Chile desde el exilio. A unos pocos metros de distancia, otros tres opositores a la dictadura corrían la misma suerte: el profesor Gastón Vidaurrázaga Manríquez (29 años, artista plástico, hijo de la jueza titular del 11* Juzgado Civil de Mayor Cuantía de Santiago), el electricista Felipe Rivera Gajardo (45 años, funcionario de la Tesorería General de la República) y el publicista Abraham Muskatblit Eidelstein (contador, 40 años), todos notorios opositores a la dictadura.

El crimen por venganza remeció a la opinión pública nacional e internacional. Una semana después, el Colegio de Periodistas de Chile presentó una querella contra quienes resultasen responsables de la muerte de Carrasco Tapia. Una segunda querella fue presentada por la entidad profesional el año 2006, pero el Tribunal rechazó tal demanda, al considerar que sólo le correspondía a los familiares.

El proceso judicial comenzó a ser instruido por el juez-ministro de Corte, Aquiles Rojas, pero al poco tiempo debió ser sustituido por enfermedad, no sin antes y en la etapa más oscura del Poder Judicial en Chile, disponer la prohibición a los medios periodísticos de informar al respecto, amparándose en una "excesiva publicidad del caso". El silencio, que permite enredar y confundir, duró más de cinco años, el período más extenso que una prohibición de informar hubiera ocurrido en la historia del país. “La prohibiciones de esta naturaleza son esencialmente transitorias y su prolongación en el tiempo favorece más a los delincuentes que a las víctimas”, señaló uno de los abogados querellantes, Nelson Caucoto, de la Vicaría de la Solidaridad.

Una solicitud del Colegio de Periodistas del 9 de septiembre de 1996, ante el presidente de la Corte Suprema, Servando Jordán, además de la presión de la prensa, de los profesionales de la noticia e incluso de los estudiantes de periodismo, hizo que el juez suplente Juan Manuel Escandón levantara la medida el 12 de septiembre.

En un descriptivo relato escrito hace 10 años por la periodista Olivia Mora, ex esposa de Carrasco y madre de sus dos hijos, para el libro Morir es la Noticia (Ernesto Carmona Editor) citado en extracto en la página electrónica memoriaviva.com, recuerda que “si bien los chilenos se habían habituado a vivir en ausencia de justicia, las encuestas afirmaban la apreciación negativa que tenía la gente sobre la aplicación del derecho”.

Y agregaba que "en el caso de Pepe Carrasco, la imposición del silencio impedía el camino de la verdad. Daba la impresión que el proceso judicial avanzaba lentamente hacia el olvido".

Los abogados de Derechos Humanos, Carmen Hertz y Patricio Hales, que se querellaron criminalmente, aseguraban que todos sabían quienes eran los responsables: "Sabemos donde encontrarlos y podemos presumir su rol de pago. Sólo nos faltan sus nombres". Sin embargo, a las pocas horas de la matanza, el ministro Secretario General de Gobierno y portavoz del régimen militar, Francisco Javier Cuadra, afirmaba, en tono despreocupado, que se trataba de una "pugna interna entre sectores marxistas, relacionada con el fracaso del atentado contra el general Pinochet". Hoy, sin embargo, Cuadra afirma que su alto cargo de entonces no implicaba saber todo lo que ocurría en el país. En declaraciones al diario La Nación, reconoce que “hubo cosas cometidas en el ámbito de una especie de asociación ilícita para delinquir al margen del Estado, lo que rechazo y repruebo”.

Los jueces de la época no podían avanzar en sus investigaciones de violaciones a los derechos humanos. Actuaban entre la sumisión y el temor. Se cuestionaban sus ascensos, se invalidaban sus resoluciones, se les trasladaba de jurisdicción, la justicia militar primaba por sobre la civil-penal, etc.

El juicio fue dejado por la autoridad judicial en manos de la jueza-Ministra de Corte Dobra Lusic, quien sobre la base de pruebas acumuladas durante casi 13 años, y en plena vigencia de la democracia en el país, dictó una resolución el 9 de noviembre de 1999, estableciendo que los secuestros y homicidios de los cuatro opositores, ocurridos en septiembre de 1986, fueron un acto de venganza por el atentado contra la comitiva de Pinochet. Incluso dictó una encargatoria de reo contra el general Humberto Gordon, quien permaneció detenido en el Hospital Militar hasta que falleció en junio del 2000.

En abril de 1996, la jueza Lusic se declaró incompetente, debido a una acumulación de causas, dejando inconclusas las investigaciones. El caso Carrasco pasó entonces a manos del magistrado Hugo Dolmestch que sustanciaba la llamada Operación Albania, un asesinato de 12 opositores izquierdistas en junio de 1987, masacre que al parecer la había ejecutado el mismo comando de la CNI que actuó contra Carrasco.

El juez Dolmestch agilizó el proceso, ordenó nuevas investigaciones y fue atando cabos que lo llevó a concluir que eran agentes del Estado los culpables. Cuando en la práctica se cerraba la etapa probatoria, el magistrado debió abandonar el proceso al haber sido designado miembro de la Corte Suprema. Al concluir el 2006, fue el juez Haroldo Brito quien finalmente puso su rúbrica sobre la sentencia de primera instancia, condenando a 14 ex agentes de organismos de inteligencia del gobierno militar y terminando así con la impunidad del asesinato de Carrasco y de los otros tres opositores.

Fue condenado a 18 años de presidio como autor de homicidio calificado, el ex jefe operativo de la CNI, mayor Alvaro Corbalán Castilla, actualmente cumpliendo cadena perpetua por otras violaciones a los derechos humanos. La sentencia castigó también a otros ex miembros del organismo secreto militar: 13 años de cárcel como homicidas de Carrasco y Muskablit, al capitán Jorge Vargas Bories y al coronel de carabineros Iván Quiroz Ruiz. A ocho años de prisión al coronel de ejército Pedro Guzmán Olivares y al detective Gonzalo Mass del Valle, por el homicidio de Rivera. Asimismo a ocho años de cárcel al teniente coronel Krantz Bauer Donoso y a Jorge Jofré y Juan Jorquera, como autores del homicidio de Vidaurrázaga. Los ex agentes Víctor Lara Cataldo y René Valdovinos recibieron una pena de cinco años y un día de presidio por el homicidio de Rivera. La misma sentencia recayó en los agentes Víctor Muñoz Orellana, Eduardo Chávez Baeza, Carlos Alberto Fachinetti y José Ramón Meneses.

En materia civil, el dictamen estableció que el Fisco deberá indemnizar a cada uno de los siete demandantes (viudas, madres e hijos de las víctimas) con 250 millones de pesos (alrededor de medio millón de dólares).

Si bien el fallo del juez Brito se hizo público el último día del año 2006, el trámite de notificación oficial a las partes debe cumplirse recién en los primeros días de marzo, instante desde el cual regirá el plazo de cinco días para apelar de la sentencia. “Tengo confianza en que como la resolución de primera instancia fue impecable, tanto en la forma como en las investigaciones profundas que hizo el juez Dolmetch, el fallo final confirmará todo”, agrega Olivia Mora.

Observadores se preguntaron ¿qué provocó, finalmente, que después de 20 años de engorrosas dilataciones, la justicia chilena reaccionara y dictara el fallo condenatorio? Para Mora “el Poder Judicial fue muy cuestionado por la obsecuencia que tuvo durante el gobierno militar. Con el retorno a la democracia en el país, se ha visto una agilización de todas las causas, como el caso de Pepe y de otros fallos emanados de la Corte Suprema”. Además, reconoce ella, “el Colegio de Periodistas no bajó la guardia durante esa larga espera, recordando que estaba pendiente”.

EL EXILIO

A los pocos meses de producido el golpe militar en Chile (11 de septiembre, 1973), el periodista José Humberto Carrasco Tapia, activo militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), fue detenido, acusado de “realizar actividades políticas”. Aparentemente se le sustanció un sumario y juicio secreto. Nunca lo interrogaron ni se conoce el resultado y fallo de esa investigación del juez militar. En ese tiempo fue torturado en la Base Naval de Talcahuano y luego enviado a la tristemente célebre Villa Grimaldi, en Santiago, un presidio secreto de la DINA. Después su prisión siguió en Puchuncaví, otro campo de prisioneros políticos. Dos años después (1976) recuperó la libertad sin cargos en su contra. Entonces decidió exiliarse en Venezuela, donde trabajó en El Diario de Caracas. Aunque siempre pensando en regresar a su patria, pronto se mudó a México.

Como había recibido amenazas desde Chile, los consejos y recomendaciones de amigos y colegas siempre fueron que no regresase a su país, haciéndole ver el peligro que podía correr al entrar a Chile bajo dictadura. Pero no escuchó y cumplió su propósito en 1984, ingresando en Santiago al equipo de trabajo de Análisis, que nacía como pionera revista opositora. Además, era el corresponsal del periódico azteca Uno más uno y escribía para la revista argentina El Periodista, cuyo último artículo, publicado una semana después de su asesinato, se tituló “Censura a la prensa independiente”, donde denunciaba la escalada represiva contra la prensa de oposición. En una entrevista concedida tan sólo una semana antes de su muerte al periodista Nicolás Lucar, de Prensa Latina, Carrasco había comentado "amamos la vida y amamos la paz, pero más que nada amamos la justicia y la libertad. Por ellas estamos dispuestos a dar la vida".

“Antes de partir de retorno, su presencia en el departamento ubicado en Coyoacán fue todo un alboroto. Pepe siempre fue bueno, dulce y cariñoso con los niños”, recuerda su ex mujer. “En sus frecuentes viajes, nunca se olvidó de escribirles para aconsejarlos y contarles sus experiencias”, agrega ella.

Esta estrecha relación padre-hijos hizo que, minutos antes de despedirse, les reiterara la necesidad de que estudiasen mucho, que rindiesen con éxito sus exámenes de fin de año, para que así la madre les permitiera viajar a Chile a reunirse con él.”Los niños bajaron con él a la calle a despedirse y yo lo vi por última vez desde la ventana del living”, apunta Olivia.

Tres meses después, ella aceptó finalmente que los hijos de ambos se mudaran de México a Chile a residir con el papá. Viajaron felices poco antes de Navidad. Pepe los acogió encantado. Escribió una carta a México narrando su alegría de poder recibirlos, estar juntos en su tierra y compartir.

SEGUNDA MUERTE

Cuando el joven Iván Carrasco Mora fue citado por el juez a reconocer a los secuestradores de su padre en una rueda de criminales, (a mediados de 1989), demostró no olvidar y señaló sin titubeos el rostro de los hombres que habían sacado a su progenitor desde el dormitorio esa fatídica madrugada, a medio vestir, sin dejarle atarse los zapatos. Uno de ellos le había espetado: "No los va a necesitar". Era Jorge Vargas Bories el identificado, cuya defensa trató de inhabilitar a Iván, aduciendo que al ser menor de edad en aquella fecha, no estaba capacitado para retener en la memoria rostros y vestimentas. El joven replicó con la certeza de la identificación absoluta.

Su hermano Luciano, que para el asalto a su hogar tenía 14 años, nunca se repuso de lo vivido aquel amanecer. Y veía con dolor que pasaban los años y no llegaba la justicia a aclarar el crimen de su padre, además que nada podría reemplazar el afecto perdido. Iván, recuerda que Luciano “no pudo superar ese hecho tan brutal y horroroso. Lo afectó hasta adulto y cuando cumplía 31 años, en el 2002, terminó lanzándose al paso del tren”. Dejó a su madre, a su mujer, a una hija de 10 años, a su hermano, a sus amigos. La maquiavélica impunidad lo tenía desesperado.