Medio año después, a pesar de las promesas del gobierno de Luis González Macchi de férrea seguridad y de pronta resolución, los familiares viven atemorizados: abandonaron su casa por amenazas de vecinos cercanos a los detenidos, pero decidieron regresar por dificultades en adaptarse a otro medio.

El juicio oral y público por la muerte de Salvador ha sido demorado dos meses, o más, por pedido del fiscal Ramón Trinidad Zelaya Bogado, amparado en las generales de la ley. La prórroga, aceptada por el juez Silvio Flores Mendoza, se debió a diligencias pendientes, según uno de los hermanos de la víctima, Pablo Medina Velázquez, corresponsal del diario ABC Color, de Asunción. La fecha del proceso, entonces, ha pasado del 10 de mayo a fines de julio. La presentación del alegato en el Juzgado de Garantías de Curuguaty, a 40 kilómetros del lugar del crimen, está prevista para el 9 de julio.

En la cárcel de Coronel Oviedo, mientras tanto, permanecen detenidos Milcíades Mailyn, presunto autor material; Daniel Enciso Marilin, su primo, por más que tengan apellidos diferentes, considerado cómplice; Timoteo Cáceres, docente que habría tenido relación con ellos, y Luis Alberto Franco, hijo de un seccionalero (dirigente político) de nombre de pila Justo que, según Pablo Medina Velázquez, ha sido tildado de traficante de rollos de madera de la Reserva Natural que administra el Ministerio de Agricultura y Ganadería del Paraguay en Capiibary, departamento de San Pedro.

De las investigaciones, y de las detenciones, surge:

que están en el aire las denuncias radiales que formulaba Salvador, la víctima, sobre el presunto contrabando de rollos de madera y las conexiones con una banda de asaltantes de la colonia Ara Pyahu, a 20 kilómetros de Capiibary, razón por la cual tendría un matiz policial.
que está implicado en el asesinato el hijo de un seccionalero del Partido Colorado, unicato en el Paraguay desde 1947, razón por la cual tendría un matiz político.
que están en el tapete los supuestos celos profesionales de Cáceres, docente como la víctima, y una amenaza de muerte que Salvador habría recibido en la radio, razones por las cuales también tendría un matiz personal.
El caso en sí, con sucesivos cambios de fiscales, encierra varios enigmas. Están prófugos Claudio Bareiro y Mirta Miranda, los últimos portadores del arma con la cual resultó ejecutado Salvador mientras conducía su motocicleta por la calle Primero de Marzo, de Capiibary, y Pablo Quiñonez Torres, vinculado con el negocio de la madera. También pesan sospechas sobre los hermanos Gilberto y Alfredo Salinas, señalados por Rolando Miranda Martínez (hermano de Mirta, bajo proceso de anticipo jurisdiccional de prueba) como presuntos responsables de haber ocultado el arma; al parecer, estarían en Ciudad del Este, en límite con el Brasil. Dos allanamientos dispuestos por el juez Flores Mendoza resultaron infructuosos.

La lentitud de las investigaciones comenzó a ser notoria desde febrero, un mes después del crimen: "No han avanzado -dijo entonces Pablo Medina Velázquez-. Una de las causas se relaciona con el constante cambio de fiscales en Curuguaty, sede del Juzgado. El proceso se inició con Gladys Vallejos, continuó con Zelaya Bogado (de vacaciones hasta el 20 de febrero) y con Miguel Alcides Vera Zarza, y fue retomado por Zelaya Bogado".

Sin protección policial


Los familiares de Salvador, a su vez, estaban protegidos por un efectivo de la policía, pero, curiosamente, dejó su puesto por órdenes de superiores. Lo mismo sucedió en el domicilio de Pablo Medina Velázquez, en Curuguaty, a pesar del compromiso de seguridad asumido por el viceministro del Interior, Mario Agustín Sapriza, ante la posibilidad de que el móvil del crimen haya sido la información difundida por la radio: vigilan en forma esporádica su casa agentes de la comisaría 5a. mientras la ex mujer de un político de la zona estaría tratando de acercarse a él o, acaso, de entablar negociaciones. Pero uno de sus 10 hermanos, Digno Salomón, debió abandonar su residencia universitaria por amenazas de Emilce Portillo, vecina de Capiibary vinculada sentimentalmente con uno de los detenidos.

Los abogados de los detenidos presentaron medidas sustitutivas, o pedidos de excarcelación, que han sido rechazados por el juez Flores Mendoza. El punto de partida de las investigaciones fue la radio, intervenida por su consejo directivo. En ella, Salvador había sido amenazado de muerte; nunca reveló por quién. Su cargo, presidente del consejo, ha sido ocupado desde febrero, en calidad de interventor, por Federico Godoy, blanco de hostigamientos, según denunció. En esos días, la policía de Capiibary detuvo un camión que transportaba rollos de madera. Pertenecían, según Pablo Medina Velázquez, a Justo Franco, el padre de uno de los detenidos. De paradero desconocido desde entonces.

"Atando cabos sueltos en mi última cobertura periodística en ocasión del cierre de ruta, un informante particular que me merece fe confirma que el arma homicida pertenece al seccionalero Justo Franco, quien abandonó a todos sus hijos e hijas -dice Pablo Medina Velázquez-. El informante será llamado por el fiscal Zelaya Bogado a prestar declaración testimonial."